Las críticas de la derecha a la reforma en la educación superior tienen un aspecto positivo. A través de ellas sus ideas se explicitan y, justamente por eso, pueden ser entendidas mejor. En las siguientes líneas, analizaré uno de sus argumentos: la acreditación como mecanismo de evaluación que permitiría distinguir objetivamente entre buenas y malas universidades.
Esta idea asegura que no existiría discriminación si se seleccionase a las universidades a ser beneficiadas por la gratuidad a través de un criterio basado en los resultados de los procesos de acreditación. Contrarios a este principio básico, acusan, serían aquellos procedimientos en que el Estado decide si otorga financiamiento de acuerdo al propietario (¿Estado o privado?), fecha de creación de la institución (¿tradicional o no tradicional?), etc.
A primera vista, el argumento tiene sentido. En un sistema que espera desarrollar mejores índices de formación, investigación e inclusión, parece lógico privilegiar a aquellas instituciones con mejores niveles de calidad. A fin de cuentas, ¿por qué el Estado debería entregar gratuidad a instituciones con peores resultados? ¿Por qué no solo las mejores?
El problema es que esto no es tan simple. Por una parte, como pocos ámbitos de la sociedad, la educación se funda en la confianza. El estudiante debe tener la certeza de que las instituciones cumplen con lo que declaran hacer. Apenas unos años después del escándalo de las acreditaciones, esta confianza es débil. Sostener una política exclusivamente en este criterio, si bien correcto en términos técnicos, no contribuiría a legitimar un sistema en crisis.
[cita tipo=»destaque»]Volvamos a la derecha. No vale la pena presuponer mala fe en su actuar. Mucho más sencillo es entender que comprenden la calidad como un concepto lineal: hay universidades buenas y malas. En un sentido profundo, creen en la correspondencia entre acreditación y calidad y, como toda creencia, ella elimina la necesidad de seguir preguntando. [/cita]
En este sentido es que puede comprenderse la inclusión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). Es cierto: es una organización creada en la década de los cincuenta para un sistema con otras demandas. Sus integrantes, además, poseen poco en común. Pero sobre ellas existe, sin embargo, una confianza ganada a través de décadas de formación e investigación, cuestión que las universidades privadas, en general, no han adquirido todavía. Para una política obligada a seleccionar, no parece incorrecto incluir esta variable. Injustificable sería, en cambio, si las decisiones se basasen solo en este criterio.
Pero permitámonos incluso asumir que el sistema de acreditación es perfecto. Que ya no tiene ninguno de los vicios detectados y que mide efectivamente la calidad de las universidades. También en este caso cabría tener en cuenta ciertos hechos. La función de cualquier evaluación, como diría Bourdieu, es objetivar una situación socialmente definida. Pensemos, por ejemplo, en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Un estudiante obtiene 450 puntos y otro alcanza 800. Para el ingreso a las universidades que adhieren al sistema, este indicador se toma como indicio del mérito de cada estudiante y de su capacidad futura de desarrollar adecuadamente sus estudios. Así, factores como la posibilidad de haber sido estimulado tempranamente, el apoyo familiar o la escuela a la que asistieron, entre muchos otros, se omiten y sólo queda una calificación mejor o peor, suficiente o insuficiente.
Lo mismo sucede con la acreditación. Ella mide el nivel de logro de estas instituciones, pero no toma en cuenta su contexto. No por negligencia sino pues, simplemente, ese no es su objetivo. Su función es verificar y promover la calidad de la educación superior y, en este proceso, crear información valiosa para estudiantes, académicos y administrativos.
¿Cuál es el contexto que se invisibiliza? Un ambiente altamente privatizado y en que el Estado ha abandonado financiera y administrativamente a sus instituciones. En consecuencia, ya es obvio, las universidades estatales no se encuentran en igualdad de condiciones respecto de las universidades privadas. Ellas parten con desventaja. En mayor o menor medida, deben satisfacer expectativas de inclusión social, gobierno y relación con su ambiente que para las entidades privadas aparece solo como una opción entre otras. No deberían asombrar, por lo tanto, los bajos niveles alcanzados por algunas universidades estatales en los procesos de acreditación. De hecho, lo contrario debería llamar la atención. Que en un ambiente con estímulos orientados hacia la privatización de las instituciones existan todavía universidades estatales que operando como tales consigan buenos resultados, es muchísimo más remarcable.
Volvamos a la derecha. No vale la pena presuponer mala fe en su actuar. Mucho más sencillo es entender que comprenden la calidad como un concepto lineal: hay universidades buenas y malas. En un sentido profundo, creen en la correspondencia entre acreditación y calidad y, como toda creencia, ella elimina la necesidad de seguir preguntando. El contexto, por consiguiente, no tiene ninguna relevancia para su reflexión. Sin embargo, el entorno –es decir, la excesiva orientación de las universidades hacia el mercado– es precisamente lo que una política pública tendría que considerar en sus decisiones si aspira a equilibrar el sistema.
