Opinión
El caso del PC es el más extremo, dado que en la actualidad los militantes solo participan con su voto a nivel de células. A partir de allí, existe un complejo entramado de delegación que llega hasta la cúspide en un Comité Central que escoge a la comisión política y secretariado. Sus militantes no participan directamente con un voto secreto e igualitario ni en la selección del Comité Central ni menos de su secretario general.
Nadie pondría en cuestión que Inglaterra es una democracia. Sin embargo, en ese país la ciudadanía elige a su principal autoridad (el primer ministro) de modo indirecto. El elector al votar delega poder a un parlamentario no solo para legislar sino también para definir quién administrará su gobierno. En sistemas presidenciales, en cambio, la ciudadanía elige directamente a legisladores y al propio Presidente del gobierno. ¿Es más democrático un sistema parlamentario o uno presidencial? Seguramente la mayoría opinará que ninguno de ellos podría considerarse más democrático que otro.
Asistimos hoy a un debate similar en el Senado, pero referido a la forma en que se designan las autoridades en los partidos políticos. La Comisión de Probidad del Senado aprobó el pasado domingo, por 3 votos contra 2, un artículo que señalaba que “el órgano ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados y estará compuesto por al menos tres miembros”. Este artículo fue ayer rechazado por el pleno del Senado luego de un álgido debate.
¿Cuál es el problema? Resulta que algunos partidos cumplen con esta condición (RN, PDC, PPD, PRSD). La UDI hace muy poco cambió sus estatutos estableciendo la elección directa de su directiva. Pero en el caso del PS, se asemeja a un sistema parlamentario, toda vez que sus militantes eligen en forma directa a representantes en un Comité Central, quienes a su vez definen la directiva nacional. El sistema es sensible a la representación de territorios, jóvenes e incluso de militantes que viven fuera del país. A su vez, en la elección de la mesa existe una vicepresidencia de la mujer, una de asuntos indígenas y la representante de la juventud.
El caso del PC es el más extremo, dado que en la actualidad los militantes solo participan con su voto a nivel de células. A partir de allí, existe un complejo entramado de delegación que llega hasta la cúspide en un Comité Central que escoge a la comisión política y secretariado. Sus militantes no participan directamente con un voto secreto e igualitario ni en la selección del Comité Central ni menos de su secretario general.
[«cita tipo= «destaque»]Paradójicamente, fueron los senadores de derecha quienes con mayor fuerza defendieron el principio de un militante-un voto en la selección de las directivas. Su argumentación se asoció con la actual crisis que viven los partidos, la desconfianza ciudadana hacia ellos y la necesidad de establecer principios de igualdad del voto en la elección de la principal autoridad de un partido. Pero esta postura también era estratégica, dado que al defenderla enviaban un misil directo al Partido Comunista y, de paso, complicaban a la Nueva Mayoría.[/cita]
La primera pregunta es, entonces, ¿se puede forzar la democracia en los partidos? ¿Se puede, por ejemplo, establecer que las directivas de los partidos deben definir sus directivas por votación directa de sus afiliados? El senador Alejandro Navarro, por ejemplo, defendió la autonomía de las organizaciones partidarias para definir la forma en que internamente se organizarían. Sostuvo Navarro que un militante sabe al partido que ingresa y, por lo tanto, la única condición a resguardarse es la transparencia y la fiscalización si es que un determinado partido decide realizar elecciones. Pero, según su opinión, nadie puede afectar la autonomía de los partidos. Esta misma postura defendió la senadora Lily Pérez.
Paradójicamente, fueron los senadores de derecha quienes con mayor fuerza defendieron el principio de un militante-un voto en la selección de las directivas. Su argumentación se asoció con la actual crisis que viven los partidos, la desconfianza ciudadana hacia ellos y la necesidad de establecer principios de igualdad del voto en la elección de la principal autoridad de un partido. Pero esta postura también era estratégica, dado que al defenderla enviaban un misil directo al Partido Comunista y, de paso, complicaban a la Nueva Mayoría.
En un momento, el senador Larraín (UDI) sugirió incluso un acuerdo para modificar la indicación en debate y proponer que esta elección directa podría darse ya sea para escoger la directiva nacional o el Consejo General o Comité Central de un partido. La propuesta resolvería el problema del PS, pero dejaría al PC en una muy incómoda posición.
Los senadores del PDC, PPD y PS defendieron la existencia de “culturas partidarias” que era necesario respetar y que la elección directa o indirecta de autoridades no hacía más o menos legítimo a un partido. Al final de la jornada no hubo acuerdo, obligándose a formar una comisión mixta de ambas cámaras para resolver el asunto.
El debate esconde varios temas cruciales al sistema democrático. ¿Se puede forzar a instituciones que son autónomas a adoptar ciertos mecanismos para la selección de sus autoridades? ¿Es más democrática la elección directa de Directivas y menos democrática la indirecta por un cuerpo que fue electo por sus militantes?
No existen respuestas definitivas. Sin embargo, detrás de esta batalla se ponen en entredicho principios esenciales de un sistema de partidos que es necesario discutir. Imagínese que se opta por obligar a los partidos a elegir sus directivas en votación directa. Dependiendo del sistema de elección de aquellas autoridades que el partido escoja –por listas abiertas o cerradas, con cuotas o sin ellas, etc.– podríamos llegar a un escenario donde un sector político específico que tiene más recursos podría dominar el partido, sin permitir la expresión de fuerzas políticas minoritarias. Al privilegiarse el principio de la igualdad del voto de los militantes, bajo ciertas condiciones podría verse afectado el principio de la representatividad seriamente.
Por otra parte, con un sistema de elección indirecta –militantes escogiendo por votación universal a un Consejo General– podría maximizarse la representación. En el caso del PS se expresan en el seno de la mesa las diferentes facciones y grupos específicos históricamente discriminados –ya dijimos: mujeres, indígenas, jóvenes–. Aquí el principio de un militante-un voto se traslada al Comité Central y no directamente a la dirección ejecutiva.
La paradoja entonces es la siguiente: al forzar la votación directa de sus directivas nacionales, bajo ciertas circunstancias se podría estar promoviendo una todavía mayor oligarquización de las fuerzas políticas. Así, la “democracia directa” debe necesariamente equilibrarse con una serie de normas para que aquella batalla se realice en igualdad de condiciones.
Si la preocupación central es promover una adecuada representación, entonces, no basta con forzar la elección directa de la Dirección Ejecutiva de un partido. Deben establecerse normas para asegurar que los grupos históricamente discriminados puedan participar en igualdad de condiciones. Esto abre una puerta que nadie ha querido abrir y que seguramente nadie abrirá: los que compiten en los partidos por puestos de poder requieren de muchos recursos para movilizar a sus electores, por lo que si se debate sobre elecciones directas internas, entonces por qué no discutir bajo qué condiciones financieras se dan aquellas elecciones, ¿garantizan a todos los sectores el libre y similar acceso a todos los militantes, se respetará el principio de igualdad de competencia, debe el Estado interferir en estos delicados asuntos?
En síntesis, el principio de igualdad del voto necesariamente debe armonizarse con los principios de igualdad de competencia y de representación. Es esto es lo que deberán definir los legisladores antes que comience el receso de verano.
