Como bien dijo Tomás Mosciatti la semana pasada, Gendarmería es una institución en crisis. Entre sus síntomas encontramos el caso de las pensiones de Myriam Olate y otros ex funcionarios del servicio, asesinatos y tortura en contra de internos, el ingreso de drogas y celulares por parte de los agentes penitenciarios y liderar el listado de funcionarios activos condenados por algún delito. Por no mencionar tragedias brutales, como la del incendio de San Miguel, donde ronda el abandono de las víctimas y la impunidad del Estado.
Sename también tiene un prontuario conocido: la muerte de 185 menores entre 2005 y 2016, los asesinatos entre jóvenes en los centros del Sename y numerosas denuncias por abusos sexuales, por nombrar algunos. Otros servicios a cargo del Ministerio de Justicia, como el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil viven sus propios calvarios.
Ante esta evidencia parece imperativo que alguien asuma la responsabilidad política.
Ya rodaron las cabezas de Tulio Arce y Marcela Labraña, mientras hoy los dardos apuntan a Javiera Blanco.
Como miembros de organizaciones sociales que intentan hacer frente a las miserables condiciones que ofrece la justicia en Chile, creemos que destituir a las autoridades es una respuesta política débil, contingente y superficial.
Exigir renuncias es como cortar la cabeza de la Hidra de Lerna, el monstruo griego capaz de regenerar sus extremidades. Por cada renuncia, el gobierno de turno recluta a un nuevo operador político entre sus filas que tendrá un desempeño semejante, o incluso peor, en el cargo. Con o sin Javiera Blanco, lo que Chile necesita es la constitución de una reforma global del sistema de justicia. Los síntomas de la crisis tienen su raíz en una causa profunda: el precario diseño del aparato de justicia chileno respecto a personas institucionalizadas (presos y niños, en particular).
La reforma debe reorganizar estructuralmente el aparato penitenciario chileno e incluir una ley de ejecución penitenciaria, la instauración de un juez de ejecución independiente, con un fuerte rol fiscalizador y sancionador, así como el desarrollo de políticas de reinserción social, con potentes programas deportivos, educacionales y laborales. El Ministerio Público tiene aquí el rol clave de investigar con especial preocupación los delitos que se cometen al interior de las instituciones estatales.
Si contamos con una justicia penitenciaria diseñada para la protección de los internos, la propia institucionalidad reducirá el desfile de negligencias y corrupción que aqueja a Gendarmería. La reforma debería incluir la reestructuración, profesionalización y desmilitarización del servicio de personal penitenciario. De lo contrario, la institución seguirá cooptada y entrampada en la red actual de lealtades gremiales y políticas.
[cita tipo=»destaque»]Exigir renuncias es como cortar la cabeza de la Hidra de Lerna, el monstruo griego capaz de regenerar sus extremidades. Por cada renuncia, el gobierno de turno recluta a un nuevo operador político entre sus filas que tendrá un desempeño semejante, o incluso peor, en el cargo. Con o sin Javiera Blanco, lo que Chile necesita es la constitución de una reforma global del sistema de justicia.[/cita]
Por su parte, la reestructuración del Sename requiere ser tratada en conjunto con esta reforma global al entramado penitenciario chileno y coordinarse con una política global sobre la infancia en Chile, que incluya desde escuelas hasta tribunales de familia. En particular, sobre su conexión con el sistema penitenciario, baste señalar que el encarcelamiento de padres y madres genera una población de niños abandonados que terminan siendo candidatos perfectos para ingresar al mundo de las drogas y la delincuencia. ¡El mismo sistema crea el problema que trata de prevenir!
Gendarmería y Sename son instituciones vinculadas por la penosa transmisión intergeneracional de la delincuencia. Por ello también las autoridades deben repensar la forma en que se lleva a cabo la justicia penal adolescente en Chile y terminar con la ambivalencia de Sename en este proceso.
Las noticias y escándalos que muestra la prensa son historia conocida para todos quienes trabajamos de cerca con la justicia penal. Por lo mismo, si el interés político para solucionar el problema es real, el gobierno debiera entregar soluciones institucionales, reflexivas y de largo aliento; y no comenzar a cortar cabezas para que crezcan otras en su lugar.
