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Reforma educacional: disparar al bulto

por 29 julio, 2016

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El proyecto de ley de reforma a la Educación Superior es un importante paso adelante en la necesidad de que la sociedad defina –luego de 35 años de la contrarreforma pro mercado y de 10 años de movilizaciones– qué sistema de educación superior aspira a tener y qué metas se propone alcanzar.

El proyecto oscila entre garantizar el derecho a la educación (“la educación es un derecho fundamental, tiene un valor público innegable y está en la base de una sociedad más justa, democrática y participativa”) y sostener al mercado como principal asignador de los recursos, en tanto los criterios y mecanismos para ello se mantienen: 1) la banca jugando un importante papel; 2) la gratuidad como un “beneficio” (“el proyecto busca aliviar la carga financiera de las familias para que sus hijos accedan a la educación superior”) y 3) una Superintendencia de Educación con facultades limitadas para ejercer un control sobre las finanzas públicas y los potenciales negocios relacionados de las instituciones privadas.

Sin embargo, el comentario que deseamos realizar apunta a cómo el proyecto construye las distinciones o clasificaciones en el campo del actual sistema universitario. Las universidades privadas, como se dice en el proyecto, son parte de un “sistema (que) promueve y respeta la diversidad de procesos y proyectos educativos…”, pero la forma en que son clasificadas y jerarquizadas valóricamente se fundan en el prejuicio o la ignorancia.

Como lo han señalado Mauss, Beck y tantos otros, distinguir o diferenciar una cosa de otra es un acto arbitrario influido por la cultura y el tiempo histórico, que articulado con otras operaciones similares generan un esquema de clasificaciones y representaciones. Estas conforman una estructura que permite hacer que los hechos y los relatos sobre ellos sean creíbles. Este un acto social e individual pero también profundamente político, pues sus significaciones se disputan, surgiendo la pregunta de quién clasifica, qué clasifica y para qué lo hace de tal forma y no de otra.

Se puede afirmar que el proyecto de ley utiliza algunas “categorías zombie” (U. Beck), que son aquellas que no reflejan ya la realidad, pero persisten como reliquias vivientes en un presente que ya ha sido cambiado por el resquebrajamiento de la vetusta estructura del sistema de educación superior y a la vez por la crisis de la mercantilización en la educación.

Como se sabe, las luchas por las distinciones que se han establecido en el debate por la reforma se hacen cada vez más arbitrarias y poco sustentadas.

Si estamos frente a la reforma más importante a la educación superior desde 1981, es hora que se discuta sobre los modelos en disputa y que los intereses corporativos se subordinen al interés general, porque disparar al bulto no ayuda a generar un sistema de educación superior de calidad y al servicio del país.

El inicio del debate fue distinguir entre lo público y lo estatal de las universidades. Toda universidad para ser tal requiere de, e impacta en lo público, pues forma profesionales que se relacionarán con la sociedad; son instituciones que, por misión, es indispensable que miren e influyan en el debate social. Pero este argumento es tan amplio que sirve para el transporte público, que sin duda cumple un rol clave en la vida social, pero también para el fútbol, la industria farmacéutica, la banca, que generan empleos y a la vez demandan del Estado políticas –sean de libremercado o de regulaciones– e inversiones. Otra cosa es que las universidades privadas cumplan una función pública, pero sus formas de propiedad y administración son bien distintas a las estatales o cooperativas.

Otra distinción abusiva en el debate ha sido la diferenciación entre las universidades CRUCH y no CRUCH. Esta distinción opera no por calidad educativa ni por propiedad, es solo un producto histórico, respetable, pero no es garantía que esas instituciones tengan todas 4 años de acreditación o sean las únicas “públicas”. No suficiente con esto, ahora hay una distinción entre “privadas tradicionales CRUCH” de carácter laico (3), que toman distancia de las “CRUCH confesionales”.

A su vez se agregan las privadas constituidas con la ley de 1981, que debieran ser corporaciones privadas sin fines de lucro. Entre estas se ha pretendido imponer una diferencia entre las que han desarrollado –contra la ley– el negocio educativo, transformando la educación en mercancía, y aquellas que se han mantenido como instituciones sin lucro. Es obvio que entre esta gama hay universidades “buenas y malas”, como también lo hay entre las estatales. Es decir, no todas las fundadas desde 1981 son universidades orientadas al lucro, pero sí muchas de ellas expresan proyectos ideológicos que discriminan e impiden la libertad de cátedra, como algunas confesionales del CRUCH.

Es más, si por universidad se entiende una entidad con gobierno corporativo en que participen los estamentos que constituyen una comunidad universitaria, que los “propietarios” lo sean también, la infraestructura, y que el proyecto educativo se juegue en la capacidad de crear conocimiento, tributar a la sociedad y formar profesionales, hay algunas privadas pioneras en esto.

Para seguir en esta lucha por configurar distinciones, que tiene –obviamente– el objetivo de poder imponer una forma de leer la realidad, este proyecto crea otra bastante arbitraria. Aquellas que participan del Sistema Único de Admisión, SUA, que serían las “buenas”, y las otras que están fuera son las “malas”.

Quizás sea poco conocido que la Universidad Central es una universidad sin fines de lucro, cuyos excedentes son reinvertidos, que sus académicos son los dueños de la Corporación (a través de la elección de los miembros de la Asamblea de Socios), que tiene mecanismos de participación triestamental en sus Consejos de Facultad y Consejos Académicos, etc. Pero esta universidad no está en el SUA –porque arbitrariamente se le ha negado el ingreso– y tiene mejores rendimientos que algunas de aquellas que tienen más años de acreditación o, que estando en el SUA, han sido investigadas por lucrar.

El proyecto de ley afirma que: “Por el contrario, las universidades que no participan del SUA (…), no cuentan con procesos claros y conocidos de admisión y la información que manejan los estudiantes es dispersa e insuficiente. Asimismo, emplean procedimientos no necesariamente basados en el mérito académico, sino que, más bien, en el orden de llegada o la capacidad de pago.

En consecuencia, no es posible conocer el perfil real de todos los estudiantes que ingresan a la educación superior y, por tanto, es imposible evaluar correctamente el aporte de las instituciones a la formación de sus estudiantes. Asimismo, esa carencia impide el diseño de procesos de acompañamiento o de apoyo que refuercen el desempeño académico en la permanencia del estudiante en la carrera o programa”.

Al respecto se puede señalar que, si se toma el puntaje de corte de las universidades dentro y fuera del SUA entre 2013-2016, tenemos que el puntaje promedio de Universidades con SUA el 2016 fue 547,1 y las de fuera del SUA fue 469,8 pero –¡oh, sorpresa!– la Universidad Central tuvo 488,0 y la Universidad Andrés Bello, UNAB (que está en el SUA) obtuvo 487,8. El 2015 la tendencia fue similar, manteniéndose la ventaja de la UCEN (488,9) sobre la UNAB (486,5).

O si tomamos la deserción para los estudiantes de primer año, el promedio de la UNAB es de 26%, cifra similar a la UCEN.

Para la duración real de la carrera, que puede expresar el gasto de las familias y el esfuerzo del estudiante por obtener un título profesional, la UNAB demora 13,1 semestres, en tanto la UCEN lo hace en 13,6.

Al considerarse la empleabilidad al primer año de egreso, la UCEN tiene el 87,3% de sus egresados empleados, mientras que la UNAB figura con un 82,5%.

Estos indicadores son una expresión de cómo un esquema de clasificaciones prejuiciado no alcanza a definir con precisión la realidad. Así también, las otras distinciones señaladas muestran que varias de ellas caen en las “categorías zombie”, que son incapaces de representar la complejidad del sistema universitario creado por la educación de mercado.

Si estamos frente a la reforma más importante a la educación superior desde 1981, es hora que se discuta sobre los modelos en disputa y que los intereses corporativos se subordinen al interés general, porque disparar al bulto no ayuda generar un sistema de educación superior de calidad y al servicio del país.

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