Durante el primer semestre de este año el debate constitucional se tomó la agenda pública a medida que se implementaban y supervisaban las diferentes etapas del proceso consultivo impulsado por el gobierno. Es menester recordar que al comenzar el mismo, la Presidenta Bachelet se comprometió a impulsar un proceso de carácter “institucional, democrático y participativo”, el cual tomó forma y contenido a través de cuatro etapas: una consulta ciudadana por internet y la posterior promoción y respaldo de encuentros locales, cabildos provinciales y cabildos regionales abiertos a todos los chilenos interesados en participar. Según el cronograma planteado, los resultados de estas diferentes instancias se encontrarían en proceso de sistematización con el objeto de elaborar una propuesta constitucional que sea discutida, modificada y votada por el próximo Congreso (uno que en teoría ya no estaría enraizado en los vicios del sistema binominal). ¿Damos con esto por acabado el debate y lo dejamos transcurrir por “la institucionalidad”? ¿Podemos olvidarnos y desatendernos de este, dejarlo en un segundo plano y seguir viviendo nuestras vidas? Creo que no, y es la pauta noticiosa misma la que nos advierte a diario el por qué. Pienso que a pesar de su aparente segundo plano, el debate constituyente, sigue presente en nuestro cotidiano. Podríamos decir que su sombra nos sigue recordando la necesidad de una reforma constitucional. Necesidad que se vuelve más clara a la luz de los acontecimientos, nacionales e internacionales, que lo ubican en un segundo plano, pero que a la vez nos recuerdan su necesidad y la importancia de nuestra atención y participación.
Por ejemplo: la idoneidad de los modos de democracia en sus diferentes modelos –representativa, directa/indirecta, radical, deliberativa, etc.– y de sus distintos mecanismos de participación –desde el sufragio universal a las consultas ciudadanas vinculantes por medio de plebiscitos– han sido puestos en debate frente a los, a menudo, paradójicos resultados conseguidos. Expresiones de ello las hallamos en las consultas populares que dieron lugar al Brexit inglés y al rechazo por parte del pueblo colombiano del acuerdo de paz entre su Gobierno y las FARC. De fondo a este problema se encuentra la muy contemporánea necesidad de radicalizar y ampliar los espacios de participación democrática en las sociedades modernas. De modo similar, uno podría preguntarse por la legitimidad democrática de la elección de Trump, quien fue electo al alcanzar los votos en el Colegio Electoral pero que no consiguió la mitad más uno de los sufragios individuales; siendo un eco de estas situaciones lo que percibimos después de las elecciones municipales y el bajo porcentaje de participación que las acompañó. Este cuestionamiento puede además ampliarse hacia el cada vez más patente problema de la legitimidad de los sistemas políticos, cuando la regla parece ser la disminución creciente de las tasas de participación electoral.
A nivel nacional los eventos y las preguntas suscitadas siguen la misma línea. La semana pasada el congreso aprobó por segunda vez la gratuidad universitaria por medio del controvertido mecanismo de la glosa. Esta votación además reveló profundos desacuerdos sobre las concepciones más básicas de educación al interior de las organizaciones que agrupan a las instituciones de educación superior e incluso entre los parlamentarios de la coalición gobernante.
[cita tipo= «destaque»]La idoneidad de los modos de democracia en sus diferentes modelos –representativa, directa/indirecta, radical, deliberativa, etc.– y de sus distintos mecanismos de participación –desde el sufragio universal a las consultas ciudadanas vinculantes por medio de plebiscitos– han sido puestos en debate frente a los, a menudo, paradójicos resultados conseguidos. Expresiones de ello las hallamos en las consultas populares que dieron lugar al Brexit inglés y al rechazo por parte del pueblo colombiano del acuerdo de paz entre su Gobierno y las FARC. De fondo a este problema se encuentra la muy contemporánea necesidad de radicalizar y ampliar los espacios de participación democrática en las sociedades modernas.[/cita]
Este tipo de gratuidad limitada y condicionada sigue estando lejos de las demandas que las provocaron. Y el objetivo de una educación gratuita, de calidad, igualitaria y sin fines de lucro permanece aún como un anhelo lejano. Un caso similar se encuentra en las masivas demostraciones de insatisfacción y rechazo ciudadano hacia el sistema de administración de los fondos previsionales, el cual se hizo más extensivo y aglutinador a medida que los defensores del modelo esgrimían argumentos que transitaban de lo risible a lo indignante frente al desprecio y desinterés por las demandas ciudadanas. Entre tanto, el gobierno mantiene la incertidumbre sobre cómo mejorar ahora, y en el futuro más inmediato, las pensiones de muchos chilenos que a 35 años de la implementación del sistema comienzan a alcanzar sus edades de jubilación con pensiones que, en promedio, representan un tercio de los salarios que recibían al momento de dejar de trabajar. El debate por la ley de aborto evoca, por su parte, diferencias similares: mientras organizaciones de la sociedad civil y la academia plantean la necesidad de una ley de aborto enmarcado en los derechos de la mujer y su autonomía para decidir sobre su cuerpo, otras rechazan a ultranza la posibilidad de su legalización basándose en la defensa de los principios morales de los que se consideran legítimos portavoces. A medio camino entre ambas alternativas, el gobierno ha impulsado una ley que legalizaría el aborto bajo tres causales, la que ha tropezado con no pocas cortapisas a lo largo de su tramitación, tanto desde la oposición como de parte de sus propios aliados. Un último ejemplo lo podemos encontrar en el giro xenófobo-populista adquirido por la carrera presidencial en la derecha y el debate más profundo, que sirve de trasfondo a este oportunismo político, sobre el estatuto jurídico de los inmigrantes en Chile.
A la luz de estos hechos podemos ver cómo problemas como la legitimidad de los cuerpos políticos y sus instituciones, los mecanismos de participación ciudadana, los principios que guían y resguardan el acceso a la educación de un país, los derechos de grupos sociales desfavorecidos –mujeres e inmigrantes en nuestros ejemplos–, tienen en común el representar preguntas radicales y un debate social profundo sobre los principios a través de los cuales proyectamos, acordamos y desarrollamos nuestra convivencia social cotidiana. Estas son todas preguntas que por su naturaleza político-social última remiten, en su forma jurídica, al espacio del debate constitucional, incluso de modo negativo para los casos de quienes consideran que estos son elementos que no debiesen estar sujetos a un aseguramiento constitucional: es solo en el espacio de un debate constitucional que estas diferencias se pueden resolver.
Son estos rasgos del debate constitucional: su carácter global, los múltiples significados de sus principales instituciones y las consecuencias que acarrean estas diferencias, el marco que ha dado forma a la selección y comisión de artículos por parte del filósofo Gonzalo Bustamante y el cientista político Diego Sazo. Ellos se han propuesto la tarea de compilar diversas perspectivas que sean un aporte al debate tanto en sus dimensiones teóricas como prácticas. El resultado de este esfuerzo es la edición del libro “Democracia y poder constituyente” (FCE, 2016), en el que se reúnen trabajos de reconocidos pensadores provenientes de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias jurídicas. El volumen, sin perder un horizonte global y un acento histórico y analítico, ofrece nuevos puntos de vista para alimentar la forma y el contenido de la discusión, yendo desde los conceptos mismos sobre los que se articula (democracia, participación, legitimidad, constitucionalización) y sus particularidades específicas, pasando por análisis sobre la situación constitucional latinoamericana y alcanzando, incluso, la emergencia de formas de constitucionalidad supranacional. En ese sentido, el libro provee una oportuna invitación a pensar y a no olvidar la pertinencia del debate constitucional en nuestro país. Las posiciones son tan variadas como las alternativas y lo único que parece estar claro es que día a día se hace más imperioso que acordemos un marco jurídico que nos resulte común a todos. Uno que si no es capaz de zanjar nuestras diferencias más irreconciliables, al menos nos provea de un espacio común desde el cual proyectarlas en torno a una pregunta social fundamental: ¿cómo queremos vivir en sociedad?
