Bases Ciudadanas: un hecho histórico de participación y democracia

El 16 de enero se hizo entrega a la Presidenta Michelle Bachelet el informe con las Bases Ciudadanas para la nueva Constitución, documento que constituye la sistematización de la etapa de participación ciudadana que contemplaba el denominado “proceso constituyente” impulsado por el Gobierno, y que contó con la participación de 204.402 personas.

Dicha cifra de participación en un proceso de debate y conversación constitucional no tiene precedentes en nuestra historia republicana, y constituye un contraste importante con el momento político que vive nuestro país, donde incluso familias completas se movilizan con el único afán de conversar respecto a la Carta Magna que queremos.

Los resultados de esos diálogos han logrado romper con el mito de que la idea de nueva Constitución tenía un ánimo refundacional, lo que las bases ciudadanas han logrado plasmar es que los chilenos queremos una nueva reglamentación general para todos y todas, moderna, nacida y debatida en democracia, donde derechos como la educación, la salud, la protección al medio ambiente, la seguridad social, vivienda digna y el derecho a la libertad personal tengan un rol preponderante.

Revisando el texto de las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, podemos ver como valores tradicionales y fundamentales como la justicia, la democracia y los derechos humanos resultan prioritarios para los ciudadanos que fueron parte de la etapa participativa de este proceso constituyente, pero además confluyen con valores que hoy la sociedad demanda como la protección y conservación de la naturaleza y medio ambiente, la igualdad económica, social, de género, de derechos y oportunidades, el derecho a la participación y el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios.

Del mismo modo, en materia de institucionalidad, la etapa participativa del proceso constituyente nos deja como resultado que de manera audaz, y a nuestro juicio acertada, se propone contar con un Parlamento Unicameral, lo que permitiría rebajar recursos de la mantención de dos cámaras, junto con agilizar los procesos legislativos.

Así mismo, se plantea la necesidad de contar con un sistema semipresidencial, a fin de equilibrar los poderes del Estado y entregar mayor poder a las regiones con elección de intendentes. Junto a lo anterior, se plantea la idea de instaurar los referéndum revocatorios, plebiscitos, y en general establecer mecanismos de participación ciudadana que complementen y perfeccionen la democracia representativa y acorte la brecha de ésta con la voluntad ciudadana.

Todo este tremendo avance democrático, que rompe de algún modo con los prejuicios de quienes son detractores de la idea, está en peligro, ya que ahora el proceso constituyente entra a su segunda etapa, la institucional, donde la Presidenta de la República deberá enviar al Congreso un proyecto y una Reforma Constitucional que habilite al próximo Congreso para definir el mecanismo por el cual se discutirá finalmente la nueva Carta Magna.

Esta es sin duda es la etapa más compleja desde el punto de vista político, porque requiere contar con los apoyos necesarios para alcanzar los altos quorum que requiere la Reforma Constitucional, y sobre todo porque hay quienes dentro de la misma coalición gobernante se niegan en avanzar hacia una nueva Constitución.

En ese sentido resulta fundamental que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil sigamos impulsando este proceso que, con sus aciertos y desaciertos, sin duda constituye un hecho histórico de participación y democracia, que tiene como único objetivo entregarle a nuestro país una Constitución nacida en democracia, que reúna lo mejor de la tradición y los valores Republicanos, con los valores de este nuevo Chile.