Indignación generó un aviso en el sitio web del Ministerio de Salud indicando el 31 de enero pasado como plazo para solicitar que un tratamiento de alto costo sea incorporado a la Ley Ricarte Soto. Es un amargo recordatorio que la salud en Chile no es un derecho, sino que es un bien de consumo al cual hay algunos que pueden acceder y otros que no. Esta ley, de lo poco que ha hecho el actual Gobierno en salud, pudo haber sido distinta, una que entregara solidaridad al sistema y acceso efectivo a los tratamientos de alto costo, pero no fue concebida así, y ahora no le podemos pedir que solucione las problemáticas del sistema de salud chileno.
Recordemos que todo inicia con don Ricarte Soto, un comunicador que ante una enfermedad catastrófica se hizo consciente de las inequidades en salud que poseemos y que, haciendo uso de su red, logró convocar y movilizar a numerosas agrupaciones de pacientes y ciudadanos a marchar: Los enfermos también marchan. Sin embargo, la ley en que derivó la movilización no es más que un fondo fijo de origen fiscal ($100.000 millones que fueron peleados peso a peso por el Ministerio de Hacienda) y el mecanismo para distribuir esos recursos en diagnósticos y tratamientos de alto costo. Nada más ni nada menos. Es decir, tenemos una torta que repartir, van a haber algunos que queden dentro y otros que quedarán afuera. Resultado muy similar al AUGE, donde aquellos que poseen una de las patologías incluidas tienen garantizadas sus prestaciones y aquellos que quedan fuera deben esperar meses o años en listas de espera no priorizadas.
[cita tipo=»destaque»]Hoy ha trascendido que la propuesta desarrollada por la Comisión Cid se ha concretado en un pre proyecto de ley que duerme en el Ministerio de Hacienda, mientras que las autoridades del MINSAL y la presidenta de la Comisión de Salud del Senado han descartado públicamente que dicho proyecto vea la luz en este Gobierno. Sin embargo un sinnúmero de Organizaciones de la Sociedad Civil continuamos esperamos una verdadera discusión de las problemáticas del sistema de salud chileno que sigue manteniendo en la precariedad asistencial al 80% de la población que pertenece a FONASA.[/cita]
Aunque no todo es oscuridad. La ley posee dos grandes aciertos que destacar: romper con la extrema fragmentación del sistema de salud chileno al cubrir a todas las personas independiente del sistema de financiamiento que poseen (FONASA, Isapres, FF.AA. e independientes) y establecer un mecanismo de contención de costos para los medicamentos incorporados de forma inédita en la legislación chilena.
Paralelamente a la discusión de la ley Ricarte Soto hubo una comisión a la cual sí podemos pedirle peras, manzanas y naranjas. La Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud, o Comisión Cid, que, a pesar del acotado mandato que tenía, levantó y publicó una propuesta para reformar el sistema de salud en su globalidad. Propuesta basureada por el mundo de las Isapres que abandonaron la Comisión golpeando la mesa por el riesgo para el negocio que manejan.
Dicha propuesta no es tan distinta a la planteada en la reforma de salud del Gobierno de Lagos, que dio vida al AUGE dentro de las cinco leyes que consideraba, en que se incluía un fondo solidario que redistribuía 3/7 de las cotizaciones obligatorias para financiar el sistema de priorización hoy conocido como GES (Garantías Explícitas en Salud). Sin embargo dicho fondo fue boicoteado en su paso por el Senado en aquel entonces.
Hoy ha trascendido que la propuesta desarrollada por la Comisión Cid se ha concretado en un pre proyecto de ley que duerme en el Ministerio de Hacienda, mientras que las autoridades del MINSAL y la presidenta de la Comisión de Salud del Senado han descartado públicamente que dicho proyecto vea la luz en este Gobierno. Sin embargo un sinnúmero de Organizaciones de la Sociedad Civil continuamos esperamos una verdadera discusión de las problemáticas del sistema de salud chileno que sigue manteniendo en la precariedad asistencial al 80% de la población que pertenece a FONASA.
En un año de elecciones, ¿podrá ser prioridad la salud sin caer en caricaturas ni ofertones hospitalarios?
