Ha finalizado un capítulo después de que la Superintendencia de Salud bajara el corralito aplicado a los afiliados de Isapre Masvida, sin embargo, más que tranquilizarnos, ha sumado un nuevo cuestionamiento a las Isapres, ya en tela de juicio por ocupar la cotización obligatoria del 7% destinada a la seguridad social como seguro privado. Mientras el objetivo de estas instituciones debe ser entregar seguridad financiera ante posibles patologías, por dos meses sus cerca de 600.000 clientes estuvieron en una incertidumbre absoluta.
Paralelamente, y lejos de las cámaras y grandes titulares, el 80% de la población cubierta por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) también se mantenía en tensión. Ante el peor escenario, es decir, que el registro de Masvida hubiese sido cancelado y la licitación de traspaso de la cartera de clientes a una o más Isapres se declarara desierta, se hubiera provocado una migración masiva de cotizantes a Fonasa, recargado aún más el sistema público, las listas de espera GES y no GES, y afectado considerablemente la evaluación y percepción de los pacientes. Habitualmente existe una pequeña migración de cotizantes desde las Isapres a Fonasa, compuesta en su mayoría por personas que no pueden continuar pagando su plan de salud al ser elevado o por una disminución de sus ingresos (como al jubilarse).
Por fortuna esta situación no sucedió, aunque gracias a inversores extranjeros (Nexus) y no a la Ley 19.895 de solvencia de las Isapres, desarrollada por la quiebra de Vida Plena en 2003. Esta no cumplió su objetivo de prevenir una situación de estas características y, además, las intervenciones que contempla fueron implementadas errática y tardíamente por la Superintendencia. Esta defiende su gestión aludiendo a los cuestionados balances financieros que la habrían inhibido de actuar previamente.
[cita tipo=»destaque»]Después de este episodio no cabe duda lo inestable que es nuestro sistema de financiamiento de la salud y nos cuestiona, nuevamente, si es justo que una persona que ha cotizado la mayor parte de su vida en un modelo de seguro privado (Isapre), al verse imposibilitada de continuar en él, migre a Fonasa donde el resto de los chilenos somos cubiertos por un modelo solidario y que no discrimina.[/cita]
De todas formas, una vez abierto el corralito, no se puede descartar una migración de cotizantes a otras Isapres o a Fonasa con sus respectivas consecuencias, además de los daños colaterales que podría dejar la transición contractual de los afiliados a Nueva Masvida.
Por otro lado, uno de los factores que pudo haber influido en la crisis es la inconstitucionalidad de las tablas de factores de riesgo de las Isapres que, desde 2010, las obliga a desembolsar miles de millones de pesos en cotas por los recursos de protección contra el alza arbitraria de los planes. Egresos que sumados a la incapacidad de ajustar los planes en una lógica de seguros privados ha disminuido la viabilidad financiera del sistema de Isapres. El grado de influencia de esto en la crisis es difícil de determinar, sin embargo el Ministerio y la Superintendencia de Salud han tenido en sus manos una solución desde que en 2014 la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud (Comisión Cid) presentó su informe final.
Después de este episodio no cabe duda lo inestable que es nuestro sistema de financiamiento de la salud y nos cuestiona, nuevamente, si es justo que una persona que ha cotizado la mayor parte de su vida en un modelo de seguro privado (Isapre), al verse imposibilitada de continuar en él, migre a Fonasa donde el resto de los chilenos somos cubiertos por un modelo solidario y que no discrimina. Irónicamente la crisis de Masvida, una Isapre de médicos, plantea nuevamente la necesidad de una reforma al sistema de salud chileno que le entregue seguridad y solidaridad.
