Los hechos de los últimos días, desde la decisión de la Corte Suprema en el juicio por femicidio frustrado a Nabila Rifo, pasando por el llamado “bus de la Libertad” y el bajísimo nivel mostrado por el Congreso en el último trámite de la ley de aborto en tres causales nos obligan a mirar críticamente las políticas de género. La brecha entre lo que anuncian y la violencia y desinformación que campea, muestran una disputa política marcada por la falta de rigurosidad y desinformación.
Con los eslogans “Con mis Hijos No se Metan” y, “Más familia y menos Estado”, el mencionado “Bus de la Libertad” posicionó una crítica a algunas políticas institucionales en torno a los temas de género que hoy, según sus adherentes, se estarían abordando en la educación escolar. Esto, pese a que, aunque no existen políticas educativas nacionales respecto de este tema: las escuelas en Chile dependen de las particularidades ideológicas de cada municipio y, en mayor medida, de los afanes de sostenedores regulados únicamente por el mercado educativo. Con todo, los adherentes del bus sostuvieron que existiría en las escuelas un currículum que aborda dichos contenidos. Todo bajo una idea de educación sexual integral en base a juicios equívocos, caracterizaciones falsas y anacrónicas de los objetivos que persiguen las temáticas de género y, sobre todo, a una noción conservadora que la derecha religiosa por siglos ha instalado como la única ideología de género hegemónica.
Las cifras de discriminación, violencia sexual y de género, femicidios, ataques homo, lesbo y transfóbicos muestran que todos esos alegatos apocalípticos del grupo liderado por Marcela Aranda están lejos de tener sentido y lugar en un país como el nuestro. Particularmente en el sistema escolar caracterizado fundamentalmente por su carácter sexista y discriminador.
¿Qué está pasando realmente con estas discusiones en las escuelas, colegios y liceos en Chile? Aquí, como acostumbra nuestro país, hablan múltiples voces autodenominadas expertas, de las cuales muy pocas pisan una sala de clases.
El 2014 el Ministerio de Educación creó la Unidad de Equidad de Género (UEG) quesería una “estructura permanente y transversal encargada de impulsar la incorporación de la perspectiva de género” en la totalidad de las políticas educativas. También comprometieron un plan 2015 – 2018 de Educación para la Igualdad de Género, que contempla propuestas para todos los niveles educativos.
Tal plan resguardó los compromisos internacionales y la Agenda de Género de la presidenta Michelle Bachelet, y en ningún caso, al menos en su presentación, apuntó a la necesidad propia del contexto educativo o cultural de nuestro país. Más bien tiene como objetivo fundamental disminuir la brecha en los resultados de las pruebas estandarizadas entre niñas, niños y jóvenes, que han perjudicado históricamente a las mujeres, y dividen desde el sesgo de género las áreas de conocimientos y las expectativas que se tienen en relación al desempeño de las y los estudiantes.
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El Plan 2015-2018 se suma a una larga lista de iniciativas que desde 1990 buscaron abordar las problemáticas de sexualidad y género en la educación escolar. El Programa de la Mujer, las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, JOCAS; la Agenda de Género 2006 – 2010, y, luego, la creación de los siete Programas de Educación Sexual, presentados en el gobierno de Sebastián Piñera por Joaquín Lavín. Esta suma desperdigada de iniciativas ha logrado mínimos avances, tanto que en las comunidades educativas se las suele considerar como intrascendentes.
Estos programas fracasaron en el tiempo por diversos motivos. El primer ha sido, a nuestro juicio, la poca centralidad de la noción de Estado laico en las políticas educativas, desarrollando estas políticas en un contexto lleno de concesiones a los poderes de la Iglesia, muy al estilo concertacionista de hacer política.
Es posible reconocer ciertos hitos en las propuestas emanadas del Mineduc, incluso cambios radicales en términos teóricos, como lo fue pasar de hablar de planes de “sexualidad”, a nombrarlos como “sexualidad, afectividad y género”. Sin embargo, la deficiencia en la implementación de estos da cuenta de una falta fundamental. Un ejemplo de ello fue la entrega de la circular y las orientaciones para el resguardo del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes LGBTI: si bien saludamos la iniciativa como absolutamente necesaria y fundamental, al día de hoy no existe ningún espacio de formación obligatoria de la comunidad educativa en torno al tema, ni siquiera de las y los profesores. ¿Cómo se esperaba implementar tales orientaciones en un sistema históricamente transfóbico sin preparación previa?
En tercer lugar, la mercantilización del sistema educativo está lejos de contribuir en este proceso. Desde el feminismo sabemos que tanto patriarcado como capitalismo forman parte de un mismo sistema de dominación. La transposición de una Sociedad Docente sobre un Estado Docente ha determinado fuertemente la concepción de educación de nuestro país, dejando de entenderla como un derecho para asumirla como un bien de consumo. Esta privatización dejó a gran parte de la población bajo la idea aparente de que es la familia la que decide sobre su educación: un ejemplo clarísimo de ello es la implementación de voucher y el endeudamiento educativo. Siguiendo esta misma lógica, se ha pretendido discutir sobre la base de que la decisión de cada familia de cómo educar la sexualidad de sus hijas e hijos está por sobre los DD.HH, las políticas públicas e internacionales, las investigaciones, el respeto e, incluso, y muy tristemente, por sobre el amor.
Nos urge, entonces, tomar con toda la seriedad y el riesgo que para muchos implica una fuerte política educativa sobre el tema. Una política que deje de estar anclada en la brecha de resultados, y se preocupe por promover y garantizar una educación para todos los géneros de manera transversal al sistema. Esta garantía debe comenzar dando algunos pasos. Por ejemplo, la obligatoriedad de una formación docente con enfoque de género en todas las universidades, y la actualización en esta línea para las y los profesores en ejercicio, así como la de toda la comunidad, incluyendo a las madres y los padres. También es necesario realizar modificaciones curriculares, de textos de estudios y de las dinámicas propias de la sala de clases. Considerando además que cada uno de estos pasos, incluyendo modificaciones de Manuales de Convivencia y la creación Protocolos de acoso y abuso sexual, no pueden quedar al arbitrio de cada escuela como lo es en la actualidad, cuando aún la formación no se ha realizado, y en general, se sabe muy poco, abriendo la puerta para fanatismos y discriminaciones.
