Finalmente, después de dos siglos, los ciudadanos de la República de Chile podrán elegir a quienes gobernarán sus regiones. En efecto, el viernes 2 de febrero de 2018 en el hermoso entorno valdiviano, la presidenta Michelle Bachelet promulgó las dos leyes constitucionales que ponen en marcha la elección del gobernador regional y el proceso de traspaso de las competencias con que éste contará para dirigir el respectivo territorio.
Si bien las dos leyes de descentralización finalmente obtuvieron un respaldo casi trasversal de los principales bloques políticos, en forma permanente ellas enfrentaron el dilema weberiano de la ética de los principios (o la convicción) versus la de la responsabilidad.
La descentralización de la toma de decisiones adquirió un fuerte impulso entre quienes la consideran un derecho que debe ser ejercido por los ciudadanos y que no puede ser, otra vez, postergado. En la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado consideramos que es consustancial a la persona humana su libertad y que ello significa que siempre debemos tener el derecho de elegir a nuestros representantes en los ámbitos de ejercicio del poder. En consecuencia, la descentralización no es sólo un medio para el desarrollo sustentable; ella forma parte esencial de las necesidades humanas, en particular de la de autodeterminación. De tal manera que la soberanía que ejerce el Estado y con cuya legitimidad administra el territorio, siempre tiene por base la persona como sujeto social.
[cita tipo=»destaque»]Porque la descentralización es un principio y un medio, que debemos aprender a ejercitar como Política de Estado en forma gradual y asimétrica, respetando los tiempos y condiciones de cada comunidad regional, pero activado, no impuesto en forma homogénea, desde el Estado Nacional.[/cita]
Tal como sostuvimos en el reciente libro Descentralización 2.0, la descentralización “puede contribuir al desarrollo equitativo y sustentable de los territorios, en la medida que contemple acciones y recursos para un fuerte y consistente proceso de fortalecimiento de capacidades y de profundización de la democracia regional, los que deben acompañar los procesos de elección democrática del gobierno regional, transferencia de competencias y recursos financieros autónomos”.
Para Weber los políticos y, en particular, los legisladores que deben definir el marco institucional que rige nuestra sociedad, se rigen por la ética de la responsabilidad, que se pregunta siempre por las consecuencias de la acción, por más que ella esté orientada por un principio anclado en la ideología que ellos postulan.
Así, casi todos los legisladores manifestaron su acuerdo con la idea de la descentralización del país ya que, tal como manifestó el ex ministro Cristian Larroulet, “la descentralización es una idea que llegó para quedarse y para la cual tenemos que construir institucionalidad”.
Sin perjuicio de lo anterior, el debate parlamentario de los últimos dos años estuvo muchas veces presidido por la pregunta sobre la adecuada preparación de las regiones para el momento en que deban tomar sus propias decisiones. Es decir, a pesar de este amplio acuerdo de principios no pocos diputados y senadores colocaron condiciones para el ejercicio de este derecho ciudadano de elegir a sus gobernadores.
Parte de ellas dicen relación con la necesidad de la preexistencia de procesos de descentralización administrativa y fiscal (se sostuvo que el gobernador debe ser electo con atribuciones y recursos ya asignados y operativos, para ser efectivo), lo que fue entendido muchas veces como una forma de dilatar la elección para un momento políticamente más propicio.
Pero, sin dudas, el mayor temor era (y probablemente continúe siéndolo): ¿Qué pasará con la gobernabilidad de las regiones si dichas comunidades eligen caudillos “discursivos” y “poco preparados”, más aún si ellos no son del mismo signo político del presidente del país?
La elección de gobernadores regionales en 2017 fue vista, así, como un “salto al vacío” por parte importante de nuestros legisladores, quienes terminaron consensuando octubre de 2020 como la fecha apropiada para la elección de gobernadores regionales. Habida consideración que, durante los tres años de postergación, el Estado nacional y las comunidades regionales podrán prepararse para que el ejercicio del derecho a elegir se traduzca en una efectiva gobernanza territorial que despierte las capacidades regionales adormecidas por el centralismo.
Este consenso político era imprescindible para aprobar las dos leyes constitucionales. Sin él, las comunidades regionales continuarían hoy sin poder ejercer dicho derecho a la autodeterminación (lo que, como hemos sostenido, no se agota en la elección de un representante en el ejecutivo del gobierno regional).
De tal forma que, detrás de esta macro-reforma del Estado Nacional (y de la forma en que la democracia y la sociedad comenzarán a funcionar con esta nueva institucionalidad) se han conjugado una ética de la convicción y de la responsabilidad. Sin embargo, ambas éticas de los actores públicos no se agotan en el acto de fundación del cambio constitucional, sino que serán puestas a prueba en:
a) el conjunto de iniciativas que el Ejecutivo nacional deberá adoptar para que esta gran política pública sea exitosa; y
b) la oportuna respuesta de las comunidades regionales (y sus elites) a conformar visiones consensuadas y nuevos liderazgos regionales.
Así, Chile enfrenta desde ahora el desafío país de la construcción de una gobernanza territorial que articule la participación de los actores regionales y locales con el Estado y los actores nacionales, con una ética de la convicción y a la vez de la responsabilidad.
Porque la descentralización es un principio y un medio, que debemos aprender a ejercitar como Política de Estado en forma gradual y asimétrica, respetando los tiempos y condiciones de cada comunidad regional, pero activado, no impuesto en forma homogénea, desde el Estado Nacional.
