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Protección integral de la Infancia y Juventud en Chile: una deuda inexcusable del Estado

por 6 julio, 2018

Protección integral de la Infancia y Juventud en Chile: una deuda inexcusable del Estado
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Resulta preocupante la actitud superficial y a ratos tardía por parte del Estado para abordar integralmente la protección de la primera infancia (tendencia que se repite durante los últimos 15 años), enredando la discusión en los procesos de intervención precarios que algunos dispositivos colaboradores del SENAME despliegan, en la necesidad de implementar sistemas de Prevención y Alerta Temprana que facilite la oportuna intervención de aquellos niños y niñas que tempranamente experimentan vulneración en sus derechos o en la necesidad de rebajar la edad de imputabilidad (de 14 a 12 años) en el caso de los niños, niñas y jóvenes que se vinculan tempranamente a episodios de infracción de ley. Para otros, incluso gran parte de la solución emergería a partir de la división administrativa del SENAME en un Servicio de Protección Especializada de la Infancia (dependiente del Ministerio Desarrollo Social) y por otra parte, en un Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (dependiente del Ministerio de Justicia). Pero ¿Qué acciones son necesarias para resolver la Crisis del SENAME? ¿Cuáles son los alcances del consejo Consultivo de la Infancia? ¿Ha sido un proceso participativo y convocante para los actores claves? ¿Cómo dar el salto de la cobertura a la calidad en los procesos de intervención?

En primer lugar, pareciera ser que gran parte de los problemas y graves episodios de vulneración de derechos a los que están expuestos los niños y niñas en Chile es una responsabilidad del SENAME, sin embargo, asumir esta afirmación representa una mirada fragmentaria del problema. En este sentido, nos parece sensato mencionar que uno de los principales factores que influyen en las deficiencias detectadas en el funcionamiento de este organismo radica en que las políticas públicas en materia de infancia carecen notablemente de un enfoque integral e intersectorial, puesto que muchas de sus iniciativas no logran impactar eficazmente en la vida de los NNA, por la escasa capacidad de diálogo y colaboración que caracteriza el sistema de protección de los derechos de los niños, involucrando Ministerio de Justicia, de Salud, de Educación, Vivienda, cultura, deporte, entre otros. Pareciera que estos organismos tienen graves dificultades para articular sistemáticamente una mesa interministerial que asuma como una prioridad esencial a la infancia.

Nos parece importante mencionar que el Estado de Chile mantiene una deuda importante con nuestros NNA, abordable (al corto y mediano plazo) sólo en la medida que sean capaces de Implementar acciones como: transformar el sistema residencial (dispositivos de intervención mucho más focalizados y pequeños, con una redefinición integral de los estándares de funcionamiento y financiamiento); Mejorar el sistema de licitaciones con los OCAs, asegurando una continuidad en los procesos de intervención; potenciar los procesos de capacitación, perfeccionamiento y profesionalización de las personas que trabajan en infancia (Profesionales, Educadores de trato directo por ejemplo); Generar Planes y programas en materia de infancia que posibiliten la territorialidad y descentralización de los procesos de intervención (atendiendo a la enorme diversidad sociocultural y étnica presente en nuestro país); Fortalecer los sistemas de APS (generando estrategias y competencias eficaces en materia de salud mental infantil, buen trato y protección de la infancia); Implementar un sistema de prevención y alerta temprana en infancia (focalizado territorialmente que ayude a la detección oportuna de los factores de riesgo que amenazan a nuestros NNA, para generar derivaciones oportunas en los casos que corresponda).

En segundo lugar, creemos que en la medida que el Estado continúe desligándose de sus responsabilidades en materia de protección integral de la infancia, reflejado en una marcada tendencia por delegarle a terceros (Organismos Colaboradores de SENAME) los procesos de intervención (quienes administran el 96,18% de la oferta anual para la atención de menores que proporciona el Estado. Los OCAs son financiados a través de la ley 20.032 de subvenciones), dentro de un marco regulatorio laxo y ambiguo en términos de estándares mínimos de funcionamiento, personal técnico con escasa formación para intervenir en contextos vulnerados (maltrato laboral; remuneraciones bajas, alta rotación del personal; alto estrés; precariedad en los procesos de formación e intervención, alta burocratización y sobrecarga administrativa, etc.), precaria calidad en los procesos de intervención e impacto real de sus acciones de protección, etc.

En tercer lugar, nos parece paradójico que a la fecha continúe ‘durmiendo’ en el Congreso la iniciativa que busca aprobar una Ley de Garantía de Derechos de la Niñez, evidenciando un total desinterés de la clase política por nuestros NNA. Al mismo tiempo, sólo en la medida en que esta ley sea promulgada, debe ir acompañada por un sistema presupuestario más eficiente, transparente y coherente con las necesidades y problemáticas que aquejan a nuestros niños, niñas y jóvenes (integrado explícitamente en el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia de la Red de Colaboradores del SENAME, y su Régimen de Subvención 20.032).

Finalmente, nos parece importante mencionar que el Estado de Chile mantiene una deuda importante con nuestros NNA, abordable (al corto y mediano plazo) sólo en la medida que sean capaces de Implementar acciones como: transformar el sistema residencial (dispositivos de intervención mucho más focalizados y pequeños, con una redefinición integral de los estándares de funcionamiento y financiamiento); Mejorar el sistema de licitaciones con los OCAs, asegurando una continuidad en los procesos de intervención; potenciar los procesos de capacitación, perfeccionamiento y profesionalización de las personas que trabajan en infancia (Profesionales, Educadores de trato directo por ejemplo); Generar Planes y programas en materia de infancia que posibiliten la territorialidad y descentralización de los procesos de intervención (atendiendo a la enorme diversidad sociocultural y étnica presente en nuestro país); Fortalecer los sistemas de APS (generando estrategias y competencias eficaces en materia de salud mental infantil, buen trato y protección de la infancia); Implementar un sistema de prevención y alerta temprana en infancia (focalizado territorialmente que ayude a la detección oportuna de los factores de riesgo que amenazan a nuestros NNA, para generar derivaciones oportunas en los casos que corresponda).

El desafío de nuestro país en materia de infancia y Juventud no puede seguir esperando… ya que “lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad” (Karl Menninger) y en ellos reside nuestro presente y Futuro…

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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