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Fiscalía Nacional Económica y la fe pública

por 29 agosto, 2018

Fiscalía Nacional Económica y la fe pública
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Bajo la hipótesis de que “la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto”, la FNE dedicó una buena cantidad de recursos y tiempo a hurgar en las escribanías, para develar las falencias del sistema. Recursos de todos los chilenos que por cierto serían dignos de mejores causas, como por ejemplo investigar la integración vertical de ISAPRES, Clínicas, Laboratorios y Centros Médicos.

Dada la polvareda que levantó tanto el inicio de la investigación como el final de esta, se diría que la FNE actuó más bien bajo el supuesto o hipótesis comunicacional que se ha venido instalando hace rato en el inconsciente colectivo de que “los notarios ganan mucho, son anacrónicos y ofrecen un mal servicio”, a  partir de lo cual se “viraliza” la idea de que el sistema requiere un cambio estructural. Cambio que, en el imaginario popular, consistiría en algo así como que hay que eliminar a los notarios

No obstante que el sistema notarial es una parte de nuestro sistema jurídico – y en rigor la crítica y análisis al mismo debiera enfocarse desde esta perspectiva jurídica - el estudio de la FNE se sustenta y discurre por el lado económico, pues a partir del precio de un número determinado de trámites, elabora proyecciones de cuánto estos variarían si tales no existieran o se otorgaran a través de un modelo distinto.

Los notarios requeridos por la FNE, o segunda fuente de información del Informe entregaron a  esta todos los datos que se les solicitó. Una de las conclusiones a que arribó la FNE es que los precios cobrados son disimiles entre ellas para un mismo trámite y, es más, asombrada la FNE resalta que serían disímiles - para un mismo trámite - incluso al interior de una misma notaría. Para demostrarlo compara dos boletas, una donde se cobra $1.000 por fotocopia autorizada y otra donde se cobra $4.000, sin certificar si una boleta corresponde a una fotocopia y otra a cuatro. Al parecer, tal disquisición está fuera de la comprensión del analista respectivo de la FNE, pese a su simplicidad.

Sabido es que las proyecciones económicas no pasan de ser supuestos, incluidas aquellas que sostiene la FNE, aunque se deba admitir que la FNE ha logrado instalar estos supuestos - y los medios de comunicación lo han aceptado de manera acrítica - como si fueran una verdad revelada.

¿Cuál sería la fuente de esta verdad? Una encuesta encargada al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile hecha a 77 notarías de la V Región y RM, y un cuestionario aplicado a 20 notarías, además de lo  develado por el SII que le entregó a la FNE las declaraciones de impuestos de las notarías.

Pues bien, recurriendo a esas mismas fuentes, surgen datos tremendamente reveladores e importantes que la FNE no considera y omite o derechamente silencia, y a partir de los cuales se puede arribar a conclusiones distintas a las que sostiene la Fiscalía.

De la encuesta se obtienen datos sobre  la percepción del público que concurre a las notarías, donde a juicio imparcial – en lo que importa e incumbe al funcionamiento notarial -  este no sale para nada mal parado. De esta se resaltan dos:

La nota que ponen los que concurren al oficio, ante la pregunta de “En una escala de 1 a 7, como en el colegio, ¿con qué nota evalúa la atención recibida por la notaría?   El 44,9% la califica con nota 7 y el  44.13% con notas 5 y 6. Y solo el 5.25% con nota 3 o inferior a tres. Un 5.7% las aprueba con una nota 4.

Implica esto que los datos son contraintuitivos o es que el discurso crea realidad? Es verdad que Edward de Bono sostiene que “las percepciones no son la realidad pero son realidad” comprobando en este caso, efectivamente, “que el sentido común, puede ser en muchos casos solo una idea muchas veces repetida”.

En segundo lugar, la valoración que fluye de ello, frente a la pregunta: ¿Volvería a la misma notaría? un 86,98%  responde SI mientras que solo un 10,23% responde NO y un 2,79%  NS/NR.

El resultado de la encuesta es concluyente y merecería más de un comentario de parte de la FNE en cuanto al valor ciudadano de las notarías y su rol en la mantención y resguardo de la fe pública.

Los notarios requeridos por la FNE, o segunda fuente de información del Informe entregaron a  esta todos los datos que se les solicitó. Una de las conclusiones a que arribó la FNE es que los precios cobrados son disimiles entre ellas para un mismo trámite y, es más, asombrada la FNE resalta que serían disímiles - para un mismo trámite - incluso al interior de una misma notaría. Para demostrarlo compara dos boletas, una donde se cobra $1.000 por fotocopia autorizada y otra donde se cobra $4.000, sin certificar si una boleta corresponde a una fotocopia y otra a cuatro. Al parecer, tal disquisición está fuera de la comprensión del analista respectivo de la FNE, pese a su simplicidad.

Del SII la FNE obtiene que los ingresos de las notarías  son en promedio catorce millones mensuales. Pero el Informe omite señalar si se trata de ingresos líquidos o brutos, es decir, antes o después de impuestos. Dado que el Informe llega sus conclusiones considerando ingresos menos gastos, se concluye que tal renta es antes de impuestos. Es decir, a esos 14 millones hay que restarle el 35% de impuestos. Ello sin perjuicio de la complejidad del uso estadístico de los promedios, que sesgan los resultados en todas las direcciones.

Lo cierto es que, a partir de este Informe se ha hecho un torrente de notas negativas sobre un tema que insistimos, pertenece al ámbito de la política judicial del Estado y resulta fundamental para el resguardo de la fe pública. El derecho de escribanía, notarial o como quiera denominarse, resulta esencial para la plena vigencia y funcionamiento de un conjunto muy amplio de derechos personales, desde la propiedad hasta la filiación y la cautela de la solemnidad de los contratos.

Por cierto, no se puede desconocer que posiblemente se requieran cambios al sistema notarial. No parece necesario que la copia de una cédula de identidad, de título profesional, entre otras deba notariarse. Quien exhibe puede confrontar la copia con el original en su procedimiento o recibir conformidad de la oficina de partes donde se dejan los documentos. El Registro Civil podría emitir un certificado que diga que tal ciudadano  no registra matrimonio. Es decir existen muchos trámites que están demás y que se pueden refrendar por otras vías y ello no es responsabilidad de los notarios.

Si la FNE desea copiar del sistema anglosajón, como sería la institución que denomina de “los certificadores”, correspondería que tomara nota de los cambios sistémico previos y necesarios en el ámbito judicial y de legalidad instrumental antes de copiar instituciones que funcionan en otras otras culturas jurídicas para otras sociedades. Mientras tanto, los ciudadanos que van a la Notarías lo hacen porque la ley lo exige o porque buscan seguridad en sus actos a través de ministros de fe que son los notarios, investidos de tal calidad por el Estado, y no por el mercado.

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