Opinión
En medio de las crisis sociales, hay tres condiciones a cumplir para lograr mayores niveles de igualdad, libertad y fraternidad.
Primero, una democracia participativa sin actores con veto (las oligarquías económicas, militares y político- burocráticas).
Segundo, un Estado en forma, que recaude impuestos correspondientes a un tercio del PIB y no un quinto, como hoy.
Y tercero, una descentralización sustantiva, con rentas propias y autonomías indígenas, planificación y cuidado del medio ambiente, gobernanza pública regional del agua y apropiación de los recursos naturales para evitar sus abusos de las externalidades negativas del extrativismo y lograr economías diversas y sustentables.
Necesitamos un pacto democrático, social y territorial. Es síntesis, una Constitución legítima, que es lo que caracteriza a todos los países de democracia avanzada con alta equidad. Entre ellos queda fuera Estados Unidos, por su presidencialismo, baja tributación, creciente desigualdad y violencia.
Los países avanzados tienen sus pactos sociales desde el siglo XIX, con un Estado fuerte y descentralizado, parlamentarismo y democracia directa, que obliga a acuerdos en vez de la idiotez presidencialista. Cuentan con sindicatos fuertes, industrialización diversificada por la alta inversión en ciencia y tecnología, sistemas de seguridad social responsables (sin privilegios) y universales en base a una carga fiscal promedio del 35%, versus la chilena de sólo 21%.
Escandinavia es conocida por la fuerte cohesión comunitaria, austeridad, sustentabilidad y solidaridad. La Europa centro norte superó el fascismo y el estalinismo para construir sistemas federales y un enfoque teórico práctico y multi actor en todos los niveles.
El triángulo desarrollado del norte de Asia (Japón, Corea del Sur, Taiwán) posee federalismo en sus democratizaciones, alta tecnología, reforma agraria, alianza público-privada para industrializar y fuertes políticas sociales.
En el eje anglosajón destacan Canadá, Australia y Nueva Zelandia, con federalismo, reconocimiento indígena, seguridad ajustada para mantener el Estado de bienestar y resolución pacífica de controversias.
La abrumadora mayoría social venía expresándose con fuerza desde 1997 en conflictos permanentes pero parciales (mapuche, socio ambientales,regionales, previsionales, educacionales) y las diversas encuestas mostraban la rabia con los partidos e instituciones con baja votación.
Sin embargo, como bien han reiterado en estos días los historiadores Gabriel Salazar y Edison Ortiz, la rabia es antigua, porque nunca ha habido un modelo inclusivo y pactado.
Incluso en el desarrollismo del 1940-73 tuvo serias carencias en la incorporación de segmentos populares, por la masiva migración del campo a la zona metropolitana, los privilegios de los actores vinculados al compromiso (empresas protegidas con sus sindicatos, sector público y uniformado con pensiones especiales), la invisibilización de los mapuches y la nunca cumplida provincia autónoma, establecida en la Constitución del 1925 y nunca implementada.
Chile barrió con los federales en las guerras civiles de 1830, 1851 y 1859. Se suma la represión al Partido Regionalista de Magallanes con Arturo Alessandri, desde el 1932, y la destrucción de los partidos regionales el 2016 por el pacto Chile Vamos-Nueva Mayoría.
Derrocaron a José Balmaceda y Salvador Allende en 1891 y 1973 por querer control estatal de los recursos naturales, mayores impuestos y desarrollismo. Desconocieron los tratados de los mapuche con la Corona de España, ocupando las tierras e invadiéndolos de monocultivo forestal, hasta hoy sin autonomías ni representación. En lo social, se vivió de matanzas a inicios del siglo XX, el veto a la seguridad social y la Reforma Agraria, para luego desmontar lo ganado en la dictadura, con correcciones en extrema pobreza pero no en equidad durante la nueva democracia.
Allí está la violencia de base, que es socioeconómica y político constitucional, ya que nunca ha habido un proceso democrático de generación de Carta Magna chilena. Lo teme la oligarquía económico y burocrática, afincada en el ghetto del oriente santiaguino, con sus masivas evasiones y altos sueldos públicos.
Las violencias- como bien distingue Gabriel Salazar- por falta de este proceso constituyente hacen aflorar las explosiones sociales en lo que otros llaman el liderazgo contencioso, la calle y el escándalo como motor de algunas reformas en la historia de Chile y América Latina. Incluso militares reformistas muchas veces debieron forzar cambios sociales ante el bloqueo de las oligarquías. Basta sólo recordar el ruido de sables de los coroneles en Chile en 1924 para que el Congreso dictara de una vez las postergadas leyes sociales básicas. Muchos de ellos fueron ibañistas, radicales, falangistas o concurrieron a la creación del Partido Socialista.
La valiente y dolorosa crisis actual, un estallido social con una veintena ya de compatriotas muertos, tiene dos escenarios plausibles.
Un escenario es la maniobra con cambios menores como los de Augusto Pinochet, acorralado por las protestas en 1983 y 1984, cuando llamó a Sergio Onofre Jarpa a encabezar un diálogo. Un ministro pragmático, como Luis Escobar Cerda, desmontó la ortodoxia neoliberal y repuso franjas de precios agríciolas y otras cuestiones básicas como controlar que la banca no le preste a sus mismos dueños, etc.
Sin embargo, después no hubo acortamiento de los largos plazos de la Constitución pinochetistas, volvieron los neoliberales y se mantuvo el modelo.
Acá todo indica que Piñera está en esta opción, con cambios de caras pero no de modelo, con veto a modificar el Código de Aguas, la Ley de Rentas Territoriales (estándar OCDE), terminar la AFP con sistema único que invierte sin costos a las personas (los modelos europeos), seguro único solidario de salud con prestadores plurales (caso ejemplar de Taiwán), etc. Se aferra el bloque de poder a sus negociados y privilegios.
El segundo escenario es la transformación del modelo político y socio económico, con una Asamblea Constituyente que se haga cargo de los factores democrático, social y eco- territorial. Las bases existen, están en los decálogos de las protestas de hoy y en la agenda clara que se avanzó en sistematización en el proceso de diálogo constituyente nacional e indígena del 2016 y 2017.
Para esto es de perogrullo el retiro inmediato de las regresivas leyes sin pacto social ni consenso mayoritario de modernización tributaria y previsional, y cumplir con mandar la Ley de Rentas Regionales, vetada por el duopolio centralista, para alcanzar así en cinco años el 25% del PIB, con foco en infraestructura verde territorial para dinamziar la economía y producir integración cohesiva y sostenible: movilidad eléctrica, trenes y corredores de buses pactados con los pequeños empresarios, planes de descontaminación, red de pequeños embalses para agricultura sostenible, fin del mono cultivo en zonas de estrechez hídrica, mercados populares y orgánicos, descarbonización acelerada para cumplir el 2025 y hacer inversión restaurativa de las zonas de sacrificio.
También es necesaria la creación inmediata de mesa de negociación por un nuevo pacto social, que incluya a la CUT, Colegio de Profesores, SNA, SOFOFA, Pymes, Asociación de Consejos Regionales y Asociación Chilena de Municipios, Movimiento O más AFP y red de asociaciones ambientalistas, organizaciones mapuches y forestales. Pero esta no puede tener veto oligárquico y debe estar acompañada de los constituyente, o replicará el diálogo sin transformaciones que fue hegemónico en la transición.
También es necesario lograr ahora la austeridad del Estado, con rebaja de al menos de un tercio de los altos salarios, fin privilegios militares, renegociación de concesiones abusivas, reasignación de gasto en armamento, para producir ahora medidas contra la carestía de consumos básicos (luz, agua, transporte) y mejora de las pensiones.
Y lo más relevante: llamar a plebiscito para que en diciembre se vote el llamado a Asamblea Constituyente, en marzo se elija una asamblea ad honorem, con listas inscritas por partidos, organizaciones sociales o plataformas ciudadanas.
Dicha Asamblea debe funcionar por seis meses en las respectivas regiones con audiencias públicas y cabildos, para en los últimos seis meses trabajar en redactar y acordar por el 60% de sus miembros los diversos aspectos, llevando a plebiscito aquellos puntos más controversiales que cuenten al menos con el 33% de respaldo de sus miembros. Dicha regla obliga a la corresponsabilidad y a definir sin veto, pero a su vez sin mayorías rapaces.
Al final, será el soberano popular que legitime por primera vez un camino en que en Chile el desarrollo integral y cohesivo sean posibles, y se supere el caos permanente de la insatisfacción bajo el modelo neoliberal, corregido con el centralismo, dominado por el barrio alto santiaguino.
