Señor Director:
Frente al alza de contagios y muertes por Covid-19 es vital quedarse en casa. No obstante, sabemos que hay millones de ciudadanos que no pueden hacerlo, porque -lamentablemente- no tendrían cómo cubrir sus necesidades básicas. En Chile, antes de la pandemia, ya vivían 1.528.284 personas en pobreza; 1.745.665 personas en situación de hacinamiento y más de 1.800.000 hogares cuyos ingresos dependen de una sola jefa de hogar. Es así, como millones de personas aún deben salir de casa: a trabajar porque viven de ingresos diarios o porque deben acudir a centros comunitarios por comida. “Quédate en casa” nos dice el hashtag de la cuarentena, pero para ellos no hay espacio suficiente, ni delivery, ni conexión a internet. Para ellos quedarse en casa es sinónimo de hambre.
Las medidas socio-sanitarias propuestas por nuestras autoridades frente a la pandemia son confusas, difíciles de ejecutar y, por sobre todo, insuficientes. Se propone un ingreso de emergencia que ascendería a $260.000, el primer mes, para una familia de cuatro personas; cuando es el mismo Estado el que define que la línea de la pobreza es $448.269 para un hogar de estas características. Luego, anuncian cajas de mercadería básica para 2,5 millones de hogares por un valor de $34.995, pero con evidentes problemas de planificación logística que podrían significar costos desmedidos y poco eficientes. Un esfuerzo que excede con creces el beneficio que tendrá para las familias: alimentos para dos semanas. Estos mismos recursos (incluido el costo de la caja y operacional) podrían haberse entregado directamente a las personas y, de paso, haber estimulado la liquidez y el comercio local (ferias libres y negocios de barrio).
¿Qué hay tras estas medidas? Un país altamente segregado y un Gobierno que no conoce la realidad de su gente, que no busca dignificar a las personas con una posibilidad real de hacer cuarentena. Estas medidas demuestran una histórica mirada infantilizadora de la pobreza («podrían malgastar el dinero»), el temor injustificado a la posible dependencia del Estado («podrían acostumbrarse a la ayuda»); e inhiben la autonomía de las personas y su capacidad de decidir lo que necesitan. Pero, principalmente, exhiben –tristemente- la poca empatía de quienes toman las decisiones, una profunda desconfianza y la percepción de que miles de familias podrían y deberían vivir bajo la línea de la pobreza.
Es así como, en un contexto donde se debiera hacer el máximo esfuerzo estatal por evitar contagios, no brindamos las condiciones materiales básicas de subsistencia para muchos. Una vez más, vemos un Chile que requiere cambios estructurales, redistributivos e inclusivos para poder vivir y no solo sobrevivir, especialmente cuando es una pandemia de proporciones la que está entre nosotros.
Colectivo de Mujeres en Políticas Sociales
Claudine Litvak, Doctora en Políticas Sociales, Universidad de Bristol
Carola Salas, Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chicago
Consuelo Laso, Magíster Políticas Públicas, LSE
Isabel Valdés, Doctora en Sociología, Universidad de Hamburgo
Daniela Díaz B., Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica
Catalina Ortúzar, Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica
Carolina Velasco H., Magíster en Trabajo Social, Boston College
Silvana Lorenzini, Magíster en Políticas Sociales y Desarrollo, LSE
Valentina Garrido, Magíster en Trabajo Social, Universidad de Michigan
Carolina Caffarena, Doctora (c) en Educación, Pontificia Universidad Católica
