Crimen de Carabineros: fiscal confirma que fue “una acción evidentemente planificada”

Luego de estar todo el día realizando diligencias en el sector de Quilaco-Antiquina, así como en Quidico costa, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que el crimen de los tres suboficiales mayores de Carabineros asesinados el sábado en Antiquina, comuna de Cañete, fue una acción “que evidentemente fue planificada, que fue elaborada y que requirió la participación de más de una persona evidentemente y que no se trató de una situación fortuita, sino de una situación en la que hay indicios evidentes de preparación y de planificación”.

Según antecedentes recopilados por El Mostrador, a estas alturas ya estaría establecido que los carabineros no solo fueron emboscados y despojados de sus elementos de protección personal, como chalecos antibala y cascos balísticos, sino que fueron obligados a arrodillarse en el suelo y que, en dicha posición les dispararon, muy probablemente con una de las subametralladoras UZI que les robaron los asesinos.

Garrido explicó que durante el día se efectuaron “varias diligencias en lugares de interés para esta investigación, se realizó un trabajo por parte del laboratorio de criminalística de diferentes tipos, tanto de levantamiento fotográfico como planimétrico y trabajo de rastreo del lugar”.
En el mismo sentido, puntualizó que “todavía no podemos hacer una afirmación de la cantidad de personas que participaron en la misma” (cabe recordar que el gobernador de Arauco, Humberto Toro, afirmó que se trata de al menos seis sujetos) y ante una serie de preguntas relativas a los detalles de la investigación, esgrimió el secreto de la misma para no ahondar en ella.

Sin embargo, sí explicó que, tal como se sospechó desde el principio, hay dos sitios del suceso, agregando que “esa es una cuestión que está clara en este estado de la investigación. Existen por lo menos dos lugares de interés: Uno en el que se habría producido la muerte de los funcionarios de Carabineros y, posteriormente, un segundo lugar, donde se han encontrado los cuerpos de las víctimas. Esos son los puntos que tenemos determinados por el momento. Es un hecho ya asentado en la investigación”.

Aunque el persecutor no entregó más detalles al respecto, dichos “lugares de interés” corresponden, como es obvio, al lugar donde fue encontrada en llamas la patrulla de los suboficiales; es decir, el kilómetro 25 de la ruta P72S, así como a un punto ubicado a casi cinco kilómetros de allí en dirección a la costa, el acceso a la parcela 15 de Antiquina, donde reside el imputado por drogas cuya medida cautelar iban a controlar esa noche las víctimas, Carlos Antihuén, quien ya ha prestado declaración en al menos tres oportunidades ante Carabineros.

El mix de crimen organizado y violencia rural

Respecto de la posible autoría del crimen, Garrido señaló que “el fenómeno de violencia que se registra en la macrozona sur es una manifestación de crimen organizado. No se puede hablar de violencia rural como un concepto distinto de la criminalidad organizada. Se trata de grupos que se aprovechan del conflicto”, aseverando que “utilizan ese espacio, de control que pueden ejercer, para imponer su voluntad y realizar acciones criminales, como la asociada a la sustracción de vehículos, el tráfico de drogas, las extorsiones, la sustracción de madera. De esa es la lógica que estamos hablando en este caso: de organizaciones criminales que operan al alegro del control territorial que se ha pretendido ejercer durante un tiempo en la macro-financiera”.

Respecto del comunicado del grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), en el cual este se desmarcó del crimen, el persecutor indicó que “no me puedo hacer cargo de esos comunicados, ni tampoco se puede determinar cuál es su autoría, pero lo concreto, lo efectivo, lo objetivo, y que puede ser más comprobable, es que esa misma orgánica reivindica la libertad de Luis Tranamil, que está condenado por participar en el homicidio del suboficial Nain”.

Cabe mencionar que el sector de Antiquina es controlado territorialmente por la WAM, pero la mayor parte de su territorio es manejado por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), que entre otros hechos se ha adjudicado la autoría del atentado contra el molino Grollmus y un autobomba que estalló sobre el puente Lleu Lleu en 2020.