Opinión
Aunque todos piden una “reforma estructural a la salud”, nadie la posibilita, ya que se siguen privilegiando conductas del tipo “si no es la reforma que tengo en mente, prefiero bloquear los cambios que se intenten hacerle” o “en el próximo gobierno, sí o sí la llevaremos a cabo”; actitudes que se han traducido en que los defectos de nuestro sistema desigual persistan y se profundicen durante décadas.
Con el objeto de fortalecer el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y hacer cambios al sistema de salud privado, el Ministerio de Salud convocó el año pasado a una comisión transversal de expertos y académicos para proponer las bases de un acuerdo. Esta comisión sesionó hasta fines del año anterior, siendo coordinada por el expresidente del Colegio Médico de Chile, el doctor Enrique Accorsi, y siendo integrada por doce profesionales, entre ellos médicos, abogados y economistas, de diversas orientaciones políticas y técnicas.
Durante su trabajo, se generaron interesantes acuerdos en áreas técnicas y se llegó a un diagnóstico común según el cual la segmentación de nuestro sistema se traduce en inequidades, pérdidas de eficiencia y de calidad, que afectan su capacidad de responder de modo integral y oportuno a las necesidades y expectativas de las personas y sus familias. Asimismo, aparecieron los profundos disensos existentes respecto al futuro del sistema de salud chileno, tal como ha sucedido en diversas comisiones creadas en las últimas décadas por anteriores gobiernos.
En nuestro país, hay quienes proponen un modelo de seguridad social en salud con múltiples aseguradores y prestadores públicos y privados, lo que implica modificaciones importantes tanto a Fonasa como a las actuales Isapre. Los sistemas de multiseguros requieren de una institucionalidad regulatoria muy robusta, que muchos dudan se pueda alcanzar en Chile a objeto de evitar que el conjunto de beneficios en salud se afecte por el interés lucrativo de los involucrados y por las fallas del mercado en salud.
Por otra parte, están aquellos que sostienen que Chile debe tener un Sistema Nacional de Salud sin participación relevante del sector privado. Dichos sistemas funcionan muy bien en países donde la oferta privada es escasa y donde la ciudadanía puede ejercer un poder que contrarreste de manera efectiva los inconvenientes de los monopolios estatales y las tendencias a la coaptación por parte de intereses políticos o corporativos. Esta propuesta es vista con recelo por quienes desconfían de los monopolios estatales y también por aquéllos que piensan que, para ser viable, se requeriría de una profunda reforma de los prestadores públicos con el fin de mejor su gobernanza y su gestión.
Finalmente, hay otros que sostienen que la solución pasa por convertir a Fonasa en un seguro público único y universal, lo que implica terminar con las actuales Isapre como las conocemos, para que, eventualmente, éstas sean sólo seguros de tipo complementario. El modelo de seguro público único requeriría que Fonasa pasara de ser un fondo que financia vía presupuestos históricos a los hospitales públicos, a ser un asegurador que mancomune todas las fuentes de financiamiento y que garantice un plan universal a través de la articulación en modo de redes de toda la capacidad prestadora pública y privada, dejando a las Isapres como aseguramiento suplementario. Esta propuesta tiene la limitante de que no es apoyada ni por quienes apoyan el rol del mercado en la salud ni por quienes pretenden la presencia exclusiva del Estado en esta materia.
Todos estos modelos de seguridad social o de servicios nacionales de salud son, por lejos, mejores que lo que tenemos. Todos presentan ejemplos internacionales exitosos; y se da incluso el caso de países que han transitado de uno a otro, por lo que nuestro país podría eventualmente optar por cualquiera de ellos. El problema es que cada uno de ellos requiere de condiciones técnicas específicas para su viabilidad y sustentabilidad, amén del apoyo político y ciudadano que hagan sostenibles dichas reformas.
El efecto de esta controversia es que, aunque todos piden una “reforma estructural a la salud”, nadie la posibilita, ya que se siguen privilegiando conductas del tipo “si no es la reforma que tengo en mente, prefiero bloquear los cambios que se intenten hacerle” o “en el próximo gobierno, sí o sí la llevaremos a cabo”; actitudes que se han traducido en que los defectos de nuestro sistema desigual persistan y se profundicen durante décadas.
Pero, afortunadamente, en la reciente comisión de expertos no sólo hubo disensos, también fue posible llegar a acuerdos, que no obstaculizan el tránsito futuro a ninguno de los modelos en disputa. Algunos de ellos giraron en torno a que Fonasa e Isapres ofrecieran un mismo Plan de Salud Universal que implica asegurar de modo equitativo un conjunto de beneficios en salud a toda la población chilena; que dicho Plan se construya de manera transparente y con base en las necesidades de las personas y el conocimiento científico; y en que Fonasa debería cambiar su gobernanza y ganar en facultades y herramientas a efectos de asegurar dicho plan a todos sus beneficiarios.
Frente a un proyecto de ley sobre Fonasa tramitándose en el Senado, y a la espera de indicaciones, creemos que existe la posibilidad cierta de introducir mejoras en nuestro sistema de salud a través del debate parlamentario. El desafío es urgente debido a la presión que se avecina pospandemia por miles de atenciones pospuestas. Sin duda, habrá muchas excusas para bloquear otra vez los cambios, ya sea por la incertidumbre que provoca el proceso constituyente en curso, ya sea por el eventual cambio de timón de un nuevo gobierno. Esperamos que esta vez ganen las personas y sus familias y comunidades y no los paradigmas en pugna desde hace décadas, los mismos que han impedido, por años, que tengamos un mejor sistema de salud.
