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Las políticas de alianzas del Partido Socialista (I)

por 6 marzo, 2021

Las políticas de alianzas del Partido Socialista (I)
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El Partido Socialista (PS) en la actual circunstancia política nacional está sometido a una encrucijada histórica que definirá sus políticas de alianzas: ineludiblemente, tiene que decidir si continúa con su actual alianza política y pacto electoral con el Partido por la Democracia (PPD), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Radical (PR) y otras fuerzas menores –Unidad Constituyente–, inserta en una ideología y política económica, social y cultural de carácter demócrata neoliberal, o social demócrata de derecha –alianza política que permitió instalar y gestionar la transición de la dictadura a la democracia, la cual hizo crisis con la derrota de la Nueva Mayoría en el 2017 y toca a su fin con el estallido social del 18 de octubre del 2019–, o si, por el contrario, en una afirmación de su tradición de izquierda, de social demócrata de izquierda, busca establecer una alianza con el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y otras fuerzas políticas que allí se localizan, para hacer los cambios que la sociedad chilena, su voluntad general, ha venido manifestando desde hace años.

Además, en este contexto, la militancia del Partido Socialista tiene otra encrucijada: debe discernir si acepta o no la designación unilateral realizada por el Comité Central de Paula Narváez como candidata presidencial del Partido. Este tema es complejo ya que a modo de ejemplo tenemos que en Valparaíso –donde esto se escribe– el precandidato del Partido Socialista a Alcalde en las elecciones primarias no oficiales de la Unidad Constituyente sólo logró 128 votos, mientras que el candidato DC obtuvo 1.078 votos.

El Partido Socialista en su historia siembre había buscado mantener un rol hegemónico dentro las alianzas de izquierda, en una estrecha colaboración con el Partido Comunista, desde el Frente Popular de 1938, que llevó al poder a Pedro Aguirre Cerda, pasando por el Frente del Pueblo en 1952, el Frente de Acción Popular (FRAP) en 1958 y 1964, y la Unidad Popular en 1970. Excepto en el caso del Frente Popular, el Partido Socialista mantuvo su hegemonía y liderazgo presidencial en todas estas elecciones, con Salvador Allende como candidato.

Las vicisitudes políticas del Partido Socialista

Después del golpe militar de 1973, el Partido Socialista entra en un proceso de revisión ideológica y política que se plantea acercar el Partido a la centro izquierda, pasando doctrinaria y orgánicamente a la social democracia y de allí, siguiendo las corrientes internacionales, derivando a orientaciones demócratas neoliberales. Estas derivas del socialismo chileno le permiten asumir una hegemonía compartida con la Democracia Cristiana para luchar contra y derrotar a la dictadura militar, así como conducir los cinco gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, cuya principal característica es, por una parte, en lo político, un lento e incompleto proceso de recuperación de la institucionalidad estatal y democrática, mientras que, por otra, se profundizan en lo económico, social y cultural las doctrinas y orientaciones neoliberales. A manera de ejemplo, tenemos que en 1990 los militares entregan en manos de Codelco el 70 % de la producción nacional de cobre, llamado el sueldo de Chile por Allende, mientras que al terminar el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, esta participación del Estado se había reducido al 30 %; asimismo se privatizaron las obras públicas y los servicios públicos, todos los cuales contribuían sustancialmente con sus rentas y utilidades al presupuesto nacional.

Para este análisis, hay que distinguir entre la alianza política y los pactos electorales. Mientras la alianza política significa tener propósitos políticos comunes en la gestión de la distribución del poder, es decir, mantener o cambiar el orden político establecido –la Constitución– o hacer reformas que recojan las demandas mayoritarias de la población, las cuales han sido expresadas por masivas movilizaciones sociales e identificadas por diversos estudios sociales y políticos desde hace años y que culminan con el plebiscito por la Convención Constitucional. Los pactos electores, por su parte, tienen por objetivo alcanzar una mayoría para la distribución de cargos en el parlamento y/o en el poder ejecutivo, sin hacer mayor cuestión sobre los asuntos políticos de fondo.

Lo cierto es que, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, lo que ha gobernado la política de alianza del PS han sido sus intereses en el pacto electoral, vale decir, la distribución de las cuotas de poder –clientelismo– y no las políticas que atiendan las demandas mayoritarias de la población nacional, se trata de la “política de lo posible”, que se ha mostrado como la política sometida mediante la corrupción al mundo empresarial y sus negocios, como lo han señalado los escandalosos casos Penta, SQM y otros, todo lo cual ha conducido al marasmo partidario, que al decir del diccionario de la RAE es la suspensión total de la actividad hasta un grado extremo de agotamiento o enflaquecimiento, en este caso ideológico y político.

Las sendas separadas entre lo político y lo social

Lo característico de la política chilena después de la recuperación de la democracia es que la sociedad y la política iban por sendas que se bifurcaban cada vez más. Así, los partidos se fueron “clientelizando” de manera acelerada e intensiva, mientras que sus conducciones orgánicas se acogían crecientemente a las recomendaciones tecnocráticas nacionales y trasnacionales para la “buena gobernanza”, es decir, la gestión público-privada de los asuntos públicos.

Entretanto, la nación chilena iniciaba su marcha por las calles con un movimiento estudiantil en el 2006 para demandar una educación pública universal, gratuita y de calidad. Estos mismos actores son los que en el 2011 demandan nuevamente una educación universitaria de iguales características. En el 2016, el movimiento social estalla como No + AFP, en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones que se apropian de ese empréstito forzoso de todas y todos los trabajadores chilenos al empresariado financiero nacional y transnacional, a tasas de interés irrisorias, que no permiten financiar pensiones dignas a las y los adultos mayores del país, lo que moviliza año a año cientos de miles de hombres y mujeres por las calles y avenidas del país.

Entretanto, las mujeres irrumpen masivamente en el movimiento social cuando el 27 de abril del 2018 las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se toman la sede debido al acoso sexual, la discriminación y violencia de género. Esta toma feminista se replica en diversas universidades del país, incluso la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. Todas estas denuncias y demandas de las mujeres culminarán en una multitudinaria marcha nacional de cientos de miles de ellas, en su día internacional el 8 marzo del 2020.

En el intertanto, en el campo de la protección al medio ambiente, a partir del año 2006, tras el anuncio del proyecto hidroeléctrico HidroAysén, organizaciones sociales y medioambientales se movilizan por todo el país de manera creciente en su contra, lo que culmina en el 2012, cuando el Grupo Matte, dueño de Colbún S.A. y de HidroAysén, anuncia el fin de tal proyecto. Esto se replica en muchos otros casos de proyectos de alta agresión ambiental y creación de “zonas de sacrificio” para las comunidades locales.

Así, el poder social se va manifestando de manera creciente mientras que el poder político permanece impávido en sus mayorías parlamentarias y el control de la administración del estado, para terminar afirmando, después del estallido social de 18 de octubre del 2019, que simplemente “no lo vio venir”.

En tiempos recientes los hitos fundamentales de la política nacional, entendida ésta como la gestión en la distribución del poder han sido cuatro: el estallido social o estado de insurrección de la nación chilena, desde el 18 de octubre del 2019, reafirmado en la gran manifestación de dos millones de personas a lo largo del país el 25 de octubre de ese año pidiendo una nueva constitución, lo cual fue gestionado en los Acuerdos por la Paz y la Nueva Constitución el 15 de noviembre del mismo año. Finalmente, este proceso quedó consolidado en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, en el cual un 80 % de los electores votaron por “apruebo” la elaboración de una nueva constitución. El poder es la imposición de la voluntad. La voluntad a imponer puede ser decidida por una persona –tirano, rey, dictador, etc– o grupo selecto de ellas –aristocracia, oligarquía, mafia, partido político, etc– o decidida por la mayoría de los concernidos en la comunidad de referencia: nación, estado, región, ciudad, partido, sindicato, club, etc, etc.

 

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