Opinión
En Chile, tanto las fuentes de agua como la gestión hídrica se encuentran privatizadas. La legislación nacional ha favorecido el uso del agua por parte de industrias extractivas como la forestal, la megaminería y el agronegocio. En paralelo, Chile paga las tarifas más altas de Latinoamérica para el consumo humano.
El calentamiento global y la sequía que hace años atraviesa gran parte del territorio nacional, han desnudado la singular institucionalidad hídrica chilena, heredada del régimen militar y profundizada en los años noventa.
En efecto, en Chile, tanto las fuentes de agua como la gestión hídrica se encuentran privatizadas. La legislación nacional ha favorecido el uso del agua por parte de industrias extractivas como la forestal, la megaminería y el agronegocio. En paralelo, Chile paga las tarifas más altas de Latinoamérica para el consumo humano.
Las consecuencias para las comunidades han sido nefastas. De hecho, en la zona central de Chile, aproximadamente 50 mil personas dependen del suministro de agua por medio de camiones aljibes y, dentro de la población rural, en total, hay más de 3 millones que no tienen acceso a agua potable, a la vez que existen, a lo largo del país, decenas de comunas declaradas en emergencia hídrica.
La Constitución del régimen militar permitió que el Estado entregara concesiones sobre derechos de agua a privados, convirtiéndolos en dueños de éstos. Hoy, ante el escenario de escasez hídrica, el Estado de Chile ha gastado $150 mil millones para satisfacer el suministro de agua por medio de camiones aljibes a aquellas comunidades que derechamente no tendrían acceso si no fuera mediante dicho mecanismo.
Lo anterior, muestra nítidamente cómo nuestra institucionalidad ha favorecido la definición de agua como insumo industrial y no como un elemento esencial para la vida, escenario que pone en relieve el conflicto central entre modelo de desarrollo y las condiciones propicias para la vida digna.
En este contexto, es urgente para nuestra democracia reconocer el acceso al agua como un derecho humano, por sobre cualquier otra consideración, pues de lo contrario se consolida la perniciosa noción de que en nuestro régimen democrático hay ciudadanos de primera y segunda categoría, unos con acceso abundante al agua para lucrar con ella y otros que no pueden acceder a ella ni para el propio consumo.
Junto con lo anterior, es necesario establecer como límite la función ecológica de la propiedad, porque incluso en la hipótesis que el agua sea propiedad del Estado puede que no se respeten los ciclos naturales de los acuíferos. Esto cobra mayor sentido en un contexto de crisis climática, donde varias voces sugieren como herramienta fundamental la preservación de la biodiversidad y el bosque nativo.
El agua es un elemento esencial para la vida, conquistar su acceso como un derecho fundamental es un objetivo crucial hacia el que todas las fuerzas transformadoras debemos apuntar en el marco del proceso constituyente, como un piso mínimo de la dignidad de nuestro pueblo.
