Chile tiene sólo dos maneras de ejercer la soberanía popular: el plebiscito y las elecciones políticas periódicas. El reciente plebiscito superó con creces –y en plena pandemia– al universo electoral de las elecciones de los últimos años, lo que refleja la descomposición de nuestro sistema político, que ya hace rato empezó a oler mal.
En el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, más del 80 % de la ciudadanía entregó dos respuestas a través de sus votos: un explícito “Apruebo” una nueva Constitución y un implícito “Rechazo a los parlamentarios”, para que sean parte de este proceso. Esto se puede leer y entender como una suerte de repudio de los chilenos a la presencia de los partidos políticos actuales.
A partir de ahí, mi lectura es que el Congreso, con prácticamente todos sus ocupantes, dejó de tener legitimidad. Pero estamos acostumbrados a que la gran mayoría de nuestros “representantes” no se muevan por principios, sino por intereses.
Por eso, no quiero llamar la atención en lo que a estas alturas es obvio, sino en algo mucho más preocupante: La Moneda e importantes sectores políticos pretenden colocar camisas de fuerza a la futura Convención Constitucional, “a la maleta”, como se dice en Chile, a través de tratados internacionales.
En efecto, junto con el inicio del trabajo legislativo, se puso suma urgencia a la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), que tantas deliberaciones ha generado en nuestro país. De ser aprobado, una espada de Damocles caerá sobre los constituyentes, que no podrán discutir libremente sobre aquellas cuestiones más básicas, que precisamente motivaron el nacimiento de la Convención, a saber, salud, educación, sistema de pensiones, protección ambiental y régimen de agua potable.
Con la eventual aceptación y puesta en marcha de ese tratado, se abriría la puerta –de acuerdo a muchos entendidos en el tema– para que las corporaciones transnacionales, que actualmente manejan las empresas de servicios básicos, entre otros, puedan demandar a nuestro país en Cortes ad hoc –proclives a su postura– por causa de futuras regulaciones internas.
De nada servirían nuestras provincianas discusiones, en este mundo globalizado, como por ejemplo de dónde sacaremos la plata para temas sociales, en circunstancias que el dinero del Estado, eventualmente todo, se iría en indemnizar a multinacionales perjudicadas.
Aunque las anteriores aprensiones no fueran del todo plausibles, el solo hecho de generar grandes problemas de interpretación debería obligar a los congresistas a tener, en este momento histórico, ad portas de una nueva Carta Fundamental para Chile, una prudencia ético-política con lo que puedan hacer en estos días.
Es más, el panorama es mucho más complejo desde el punto de vista jurídico-constitucional, pues, con lo razonado, podríamos decir que existe una inédita inhabilitación por causa de soberanía democrática sobreviniente (no se me ocurre otro nombre, póngale usted el que quiera) para que los “representantes” del Parlamento puedan aprobar el TPP-11, entre otros. En esta nueva y original situación, han perdido toda competencia para comprometer la soberanía de nuestro país por estar radicada, ahora, en la futura Constituyente. No otro sentido podría tener la limitación impuesta por la misma Ley 21.200, que sostiene que la “Nueva Constitución… deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. La expresión que usa el legislador al entregar estas reglas permite sostener que es imposible aprobar o ratificar tratados en este tiempo intermedio, al menos, mientras no se establezca la nueva Constitución. De hacerlo, los parlamentarios estarían actuando con evidente mala fe y tendrán que responder ante el país y la ciudadanía.
Hago un fuerte llamado a todos los candidatos a constituyentes, sobre todo a los independientes, y a toda la sociedad chilena a estar atentos para evitar que se atente contra nuestra libertad de decisión.
