Opinión
Crédito: Reuters
Ustedes y yo somos testigos de que en plena urgencia de cambio climático, de declaración de derechos de acceso al agua y la energía para la población, de escaso o nulo esfuerzo en innovación y cambio tecnológico en el ámbito de la energía, y lo que es peor, el silencio absoluto respecto de la necesidad de cambiar el marco regulatorio de eléctricas y de las gaseras, y especialmente de su marco tarifario, es indicio inequívoco de que algo no anda bien o que está todo amarrado para que sigamos pagando, y caro, a todo evento.
¿Por qué se enfatiza en el título toda la energía? Por la amalgama que en general los actores involucrados hacen de la electricidad con toda la energía y porque, usualmente, en los medios de información tampoco hacen distingo; salvo cuando los precios del gas licuado se disparan o la leña húmeda cubre de contaminación más de cuarenta ciudades de tamaño medio del centro-sur del país o, peor aún, cuando los jueves de alguna semana se imponen desde la bencinera del aumento de la gasolina.
En efecto, hay una gran diferencia no solo cuantitativa sino también cualitativa entre hablar de energía, es decir, de petróleo, derivados o refinados, de biomasa y leña, de gas natural y otros combustibles menores, que hablar de electricidad. Los primeros representan cerca del 80% de la matriz o del consumo de energía y la electricidad un poco más del 20%; cualquiera sea la forma de medirla. De ello se deduce fácil pero no tan evidentemente que, para hablar de energía y más aún de política energética, se debe abordar ese 80% y no solo de electromovilidad o de electricidad a secas, por importantes que sean. Aclarado el punto, intentemos ver qué tal estamos en energía.
A mediados de agosto 2021, el sistema eléctrico chileno estuvo a punto del blackout, del colapso completo, por insuficiencia en la capacidad de responder a la demanda. Eléctricas A.G. dixit. Y nadie dijo nada o casi. En efecto, hace pocos días, Claudio Seebach, un locuaz pero poco creíble representante de las generadoras, mostró algunas cartas en periodo preelectoral. Las cartas marcadas las guardó. No obstante, a partir de sus declaraciones crecieron las inquietudes en lectores algo más informados que los habituales al par de matutinos nacionales. Y de la inquietud pasamos a la consternación. Los anuncios estremecen por la desfachatez. Imposible no ser invadido por un sentimiento de déjà vu al constatar que, en esas cartas develadas, se suceden los errores, falencias y afirmaciones insoportables, tales como: “El cambio climático llegó antes de lo esperado” (¡sic!), “debemos postergar el cierre de centrales a carbón”, veladas amenazas de aumento de las ya elevadas tarifas, o repitiendo abusos a los cuales nos tienen acostumbrados, tales como: las siempre crecientes utilidades, con o sin pandemia, con o sin crecimiento económico, con o sin terremoto, como ha sido en la historia reciente; el menos glamoroso y nulo aporte tecnológico e innovador para fortalecer la seguridad en el suministro de electricidad y de energía; el errado e “interesado” manejo de las reservas de agua, el nulo interés y negativos resultados en las operaciones legislativas para que vean la luz iniciativas “aliviadoras” del mercado eléctrico para el futuro, tales como la generación distribuida, el comercializador de kWh, entre otros.
En suma, mientras los países serios de la OCDE cuentan en GWh, o sea, en miles de millones de watts hora instalados y funcionando, la participación de las renovables y limpias en el suministro de electricidad nacional, Chile, “el país que posee la mejor radiación solar del mundo» (¡sic!), al que Al Gore promocionaba mundialmente como ejemplo de crecimiento de las renovables si se hacía todo lo prometido (¿recuerdan?), cuentan solo en miles de watts hora. Y peor aún, al borde del colapso. Al cabo de 10 años de una campaña internacional de autopromoción, compromisos del Estado a regañadientes de eléctricas y mineras, las renovables cuentan por un magro 8% del total de la matriz energética primaria chilena y solo un 27,7% de la matriz eléctrica (solar y eólica, excluye grandes hidro; BCN, 2021).
Durante las últimas semanas y con la connivencia de los principales medios de comunicación nacional, se ha presentado el estatus energético (eléctrico) chileno casi a las puertas del apocalipsis. Se pronostican apagones, alzas en las tarifas, pérdida de competitividad y un futuro a oscuras.
Lo grave no solo es la dramática situación eléctrica descrita sino el lenguaje y cuñas utilizadas: “transversalidad”, “técnicos”, “expertos”, etc. Esto se explica esencialmente por dos razones: la supuesta amplitud ideológica de las advertencias catastróficas y la también supuesta calidad de los argumentos, con lo que se descalifica cualquier respuesta que se desmarque del statu quo. Así, se presenta como única solución mejorar el actual modelo de desarrollo eléctrico y esencialmente los procesos de aprobación de proyectos, lo que coincide con la agenda de las empresas eléctricas controladoras del mercado. En resumen, el mismo modelo basado en la expansión cuantitativa de la oferta con tecnologías convencionales.
En estricto rigor es un fracaso y además hoy nos dicen que estamos cerca del colapso. La lista de responsables de tales mediocres resultados es larga y se confunden: eléctricas, gaseras, mineras y una mezcla de ignorancia y de intereses domésticos de los Corfo y los ministerios de Energía, Medio Ambiente actuales y de gobiernos pasados. Sobra sol y viento pero también sobran los ineficaces y las declaraciones voluntaristas. Al respecto, solo hace menos de un año, el Ministerio de Energía celebraba el sistema de portabilidad de gas y proclamaba sin ambigüedad alguna el “mejoramiento de la competencia en ese mercado y los beneficios que han recibido los consumidores”. Que en estos días se hayan sorprendido de alzas desmesuradas y en particular del gas licuado, no me sorprende. Lo que sorprende es la nula reflexión y la ausencia de denuncia de que el marco regulatorio eléctrico debe ser cambiado, así como su marco tarifario. La sola mención de la emergencia climática debería empujarnos ello, pero aparentemente a nadie le inquieta tener reglas del juego de un mercado que no asume el cambio climático a cabalidad, que las rentabilidades a todo evento no riman con la búsqueda de justicia social y que el nulo aporte en innovación y tecnología es impensado en una economía tan dependiente de fuentes energéticas importadas y con casi cero protagonismo de las pymes locales.
El desarrollo energético chileno, casi sin cambios significativos desde fines de los 70, se corresponde con el modelo de desarrollo de crecimiento económico impuesto a lo largo de décadas: país productor y vendedor de bienes y productos, modelo que destaca por su escasa innovación y poca creación de tecnología. Desde el punto de vista de la energía, se trata de un modelo voraz y un consumo energético (y de agua) intenso, contaminador y por añadidura de costos crecientes y caros. Lo de caro tiene que ver más con la renta que logran los oligopolios gracias a marcos regulatorios y tarifarios gobernados desde sus inicios a partir de privatizaciones abusivas y que por décadas han operado más como salvaguarda de rentabilidades que de calidad de sus servicios, progreso tecnológico y seguridad de suministro.
De acuerdo a la WET Index, Chile ocupa el lugar 37, peor situado que Colombia y Argentina en sus indicadores, por mencionar un par de países normalmente vilipendiados en Chile por su comportamiento y gestión económica. Posee los peores indicadores de países de la OCDE en cuando a su energía. Su elevada dependencia energética y delicada seguridad de aprovisionamiento se mantiene sin grandes alteraciones en los últimos diez años. La mayor parte de su consumo está ligado a fuentes energéticas que no posee: crudo, derivados y gas, y cuando esta es transformada y usada en el mercado nacional, es cara. Es el caso del gas licuado, gasolinas y kerosene, por lo que el acceso (a la energía) es prohibitiva en algunos usos finales, en particular en los hogares.
El caso extremo es la energía eléctrica. Par de ejemplos: el eventual colapso eléctrico no impidió al biministro actual ni a las empresas eléctricas ofrecer electricidad (kWh) un 20% más barato que las tarifas actuales (de invierno), en un intento de reducir el masivo consumo de leña y su impacto en la calidad del aire. La relación de precios de 1 a 10 de ambas unidades calóricas comparadas selló el fracaso de tal oferta electoral y empresarial la temporada 2021 recién pasada. Por otro lado, los indicadores de eficiencia energética que permitirían constatar una disminución relativa del consumo de energía y mejoramiento de esa dependencia de fuentes externas y de vulnerabilidad, no mejoran. De acuerdo a estadísticas del propio Ministerio de Energía, la cantidad de energía por unidad de producto o servicios se ha mantenido casi inalterada, por lo que evidentemente el consumo de energía “importada” sigue aumentando o se mantiene y, con ello, nuestra vulnerabilidad.
Modelos voraces en energía y aguas y nadie o casi nadie se ha inquietado por ello. Por el tema del acceso tampoco, salvo cuando se expresa con crudeza en el precio final del gas licuado, de la bencina y ni que decir de la electricidad. En los hechos, en 4/5 de los presupuestos familiares de los hogares chilenos la energía supera el 12% y podría elevarse a casi el 20% de considerarse cabalmente la leña. Por quintiles, se estima que el 2% se calefacciona con electricidad, en contraste con el 59 % y un poco más que lo hace con leña. Pese a existir consenso en Chile de que la energía es cara y que ello complica la cobertura de ciertos usos finales, tales como calefacción y transporte, pero también en telecomunicación, iluminación, etc., su acceso no ha sido preocupación constante de las autoridades ni menos de las empresas eléctricas y gaseras. Los elevados precios de la energía, casi sin comparación en América Latina y el mundo, dan cuenta de las dificultades de acceso a energías más modernas, por llamarlas de algún modo, y por ende, a lograr mejores índices de productividad, al menos en la pyme.
La falta de preocupación genuina de parte de las autoridades en mejorar el acceso, se observa en la elevada participación de la leña en las ciudades medianas y pequeñas del centro-sur del país que, de acuerdo a fuentes oficiales, aparentemente ha crecido o, en el mejor de los casos, se ha mantenido. En el gráfico siguiente se establece una comparación de precios por combustible en la ciudad de Osorno en el invierno del 2020. Los resultados son elocuentes: una unidad calórica de leña seca llegó a costar casi 20 US$/MMBTU y la de la electricidad, con descuento incluido, cerca de 100 US$/MMBTU.
Los precios no incluyen, en el caso de la electricidad, ni el costo del aparato (blitz), ni del medidor inteligente ni de los aumentos anuales en la tarifa. La oferta de kWh más barato no da cuenta de las necesarias inversiones en redes (copadas) en distribución, ni la contaminación en origen. En el caso de las ofertas de gas natural y combustibles, los programas de recambio no incluían los costos por cambios en quemadores en ciertos aparatos o derechamente el cambio de artefactos, el costo total o parcial, ni menos los aumentos de precios del gas licuado, gas natural ni parafina. Ni que decir que, en el caso de gas y combustibles, la contaminación intrahogar y externa es simplemente ignorada en la escasas evaluaciones de política pública que normalmente deben orientar medidas de recambio.
Fuente: elaboración propia en función de precios de servicentros, pgs web de empresas aludidas. energiainteligente.cl; 2020.
La preeminencia de la leña en los hogares de la gran mayoría de los hogares desde la VI a la XI regiones se explica esencialmente por el precio, por ende, el acceso a combustibles más limpios se dificulta en el corto plazo de acuerdo a esta realidad. En este contexto, las políticas de descontaminación, partiendo por el programa de recambio de calefactores, están condenadas al fracaso, como ha sido el caso hasta hoy. Peores resultados podrían haber significado peculiares iniciativas de un grupo de diputados por prohibir la leña, en el 2020, sin establecer opciones reales de calefacción para la gran mayoría de la gente, especialmente entre la VI y la XI regiones.
Chile carece de política de leña y también de biomasa. Un absurdo y negligencia que ha costado caro al medio ambiente, a la gran mayoría de hogares y al país. Peor aún resulta de constatar que la mayoría de los países de la OCDE, europeos en su mayor parte, algunos incluso exportadores o productores de gas natural o crudo, han instalado la biomasa y la leña como una de las opciones para enfrentar el cambio climático. La propuesta de ley de declarar la leña combustible es la mejor y más sensata opción para operar el recambio de millones de hogares hacia fuentes más modernas y limpias, de manera de restringir el consumo de leña y, en particular, mitigar la presión sobre el bosque nativo y la mala calidad del aire derivado del uso de leña húmeda.
Ustedes y yo somos testigos de que en plena urgencia de cambio climático, de declaración de derechos de acceso al agua y la energía para la población, de escaso o nulo esfuerzo en innovación y cambio tecnológico en el ámbito de la energía, y lo que es peor, el silencio absoluto respecto de la necesidad de cambiar el marco regulatorio de eléctricas y de las gaseras, y especialmente de su marco tarifario, es indicio inequívoco que algo no anda bien o que está todo amarrado para que sigamos pagando, y caro, a todo evento.
Fiestas Patrias y altas autoridades energéticas sucesivas: ministro Pacheco controlando las instalaciones eléctricas de las ramadas, septiembre 2018, y luego dando su espaldarazo a Alto Maipo, hoy desahuciada. No hay agua.
Divertimento: Jobet inaugurando la producción de una molécula de hidrógeno verde para un montacarga, consagrándonos como exportadores para el 2050: sept 2021.
Negocios y sobrecarga de pega: Susana Jiménez, exministra de Energía, intentando (subrepticiamente) instalar los medidores inteligentes en los hogares chilenos. Distribución iniciada por Pacheco.
Política económica nacional: Jobet asegurando que la venta del 60% de la distribución de electricidad en Chile y sus RUT respectivos a la empresa estatal china State-Grid, era un claro testimonio de la credibilidad nacional ante inversionistas extranjeros.
Quiebra técnica de ENAP: deuda por más de 4.500 millones de dólares en 2010, responsabilidad de Enrique Dávila A. y deudas por más de 2.000 millones de dólares resultado de la gestión de Marcelo Tokman el 2018.
Pro-nucleares en campaña electoral 2021: Artés y Kast eran pro. La gran mayoría de países OCDE cierran sus centrales nucleares, salvo Francia.
Carbón bueno: en pleno cambio climático y desde un país altamente vulnerable, Kast propone, coincidiendo con las eléctricas y Seebach, postergar el cierre de algunas centrales a carbón y/o consumir “carbón bueno” (sic).
Gas licuado y sillas musicales: Vivianne Blanlot, consultora contratada por la distribuidora de gas licuado y varias de ellas propietarias del gas natural también, afirmó lo siguiente: “Las empresas (de gas licuado) tienen rentabilidades justas y razonables”, poco tiempo después de haber dejado el cargo de presidenta del Consejo para la Transparencia (nombrada por Michelle Bachelet) y luego de haber sido ministra del Medio Ambiente y secretaria ejecutiva de la CNE.
Prohibición de leña por grupo de diputados (secundados por senadores): moción de propuesta fracasada de diputados de todas las bancadas, en su mayoría de La Araucanía, para prohibir la leña.
Aprobación en Cámara de Diputados de proyecto de Ley que declara combustible a la leña seca y trazable (octubre, 2021): por casi unanimidad, proyecto presentado por Harry Jurgensen (ex-RN) y Marcos Ilabaca (PS).
