Opinión
“Frustración” brotaba por los poros de la constituyente Teresa Marinovic al referirse a sus pares en un punto de prensa como “Convención cu… constituyentes conch…” denotando en buen chileno, que son el sector pospuesto en la escritura de la próxima carta magna. ¿Alguna sorpresa? La centro derecha sabe que no tiene ninguna posibilidad de influir en las decisiones de la Convención Constituyente, ni para defender o acercarse al actual statu quo que dejó la Constitución del 80 y que mantuvieron los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y la derecha en los últimos 30 años. Claramente las elecciones del apruebo y rechazo en 2020, junto a la de los representantes de la Convención en 2021, fueron un voto de rechazo de la ciudadanía contra ese sector de la elite política por ser sindicalizados en su mayoría como los provocadores del estallido social. ¿La salida? redactar una nueva constitución como única fórmula de que volviera la paz a través de un proceso democrático que prometía una reivindicación de las justicias sociales a sectores pospuestos por años. Hasta ahí todos felices…
Sin embargo el entusiasmo populista de algunos sectores de la constituyente ha generado suspicacias en la opinión pública e intelectuales, sobre las reales capacidades para ejercer el rol por el cual han sido mandatados por la ciudadanía. Saltarse varios pueblos en nombre del pueblo, ha sido el común denominador de algunas propuestas, que, aunque hayan salido de pequeños grupos de convencionales, como eliminar los tres poderes del estado y crear una asamblea plurinacional de las y los trabajadores, desprestigia la legitimidad y transversalidad que debería tener la carta magna de todos y todas.
La responsabilidad del presidente electo, Gabriel Boric y del ex vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, quienes rechazaban tal iniciativa, nos dejaba a todos con un quebradizo suspiro de alivio de continuar en la dirección correcta. Poco duraría ese veranito de alivio de San Juan, ya que el pleno aprobaba el martes 15 de febrero la iniciativa de “Pluralismo jurídico”: con este artilugio, la Convención Constitucional pone una lápida a la igualdad ante la ley, retrocediendo nuestra arquitectura jurídica a niveles previos a la revolución francesa. Con una justicia diferenciada sobre la base de criterios racistas, es decir, una suerte de «apartheid», la «casa de todos» toma un inquietante parecido con la mansión siniestra.
Pero seguimos sumando, el miércoles 16 se aprobaba en general la creación de un “Estado regional” para hacerse cargo y solucionar el excesivo centralismo que tiene Chile y de seguro que los que votamos apruebo, vamos en esa dirección. Pero vuelvo a reiterar que, el exceso de entusiasmo por decirlo de una manera por parte de la convención, ya está rompiendo los frenos, pasándose curiosamente de largo todos los pueblos, porque no solamente están proponiendo regiones autónomas, sino que comunas y territorios autónomos, donde se puede pasar a 30 o 40 subunidades autónomas, asignándoles a estas regiones independencia fiscal y presupuestaria hasta para endeudarse internacionalmente, teniendo atribuciones hasta para cambiar su sistema tributario.
Se le viene complicado al presidente Boric, porque para consolidar su liderazgo y legitimidad democrática para el primer año de gobierno, él necesita que se apruebe el plebiscito de salida. Sin embargo, el “fuego amigo” resulta ser más dañino y vemos que estas propuestas como las mencionadas, están siendo llevadas por gran parte de los convencionales del partido comunista, la ex lista del pueblo e independientes de pueblos originarios que son los que están manejando este bus en el que les guste o no, vamos todos.
A partir de ello, se pueden hacer varias especulaciones sobre cómo una real posibilidad de rechazo en el próximo plebiscito puede ser un triunfo para sectores no sólo de la derecha, sino de la extrema izquierda. ¿Pero cómo va a ser triunfo para la extrema izquierda? Recordemos que el partido comunista, fue el único que no se sumó al acuerdo por la paz y Boric fue “funado” en la vía pública, por apoyar ese acuerdo por sectores de la sociedad civil y que ahora tienen representación en la constituyente como la ex lista del pueblo. Por lo tanto, si se rechaza, la lógica revolucionaria cobraría más fuerza, argumentando que la salida institucional no resultó.
Lo único que podemos predecir y de lo que podemos estar seguros, es que ante la desconfianza que han generado los primeros artículos aprobados en el pleno de la convención, será difícil repetir el resultado de 80% a 20% que obtuvo el apruebo en 2020 en el próximo plebiscito de salida, viendo además una preocupante y real posibilidad de que se imponga el rechazo. El no considerar una gradualidad progresiva en los cambios y queriendo borrar una historia de 200 años de un momento a otro, es parte de ese exacerbado “entusiasmo” de una parte dominante de la convención que pretende saltarse los pueblos en nombre del pueblo.
