Opinión
Mirando en perspectiva histórica, la crisis social y política que se vivió en Chile desde octubre de 2019, puede ser considerada como la gota que rebasó el vaso del modelo neoliberal imperante. Habíamos tenido manifestaciones de descontento popular desde la revolución pingüina del 2006 en adelante. Pero nunca, desde la dictadura, movilizaciones tan masivas y profundas como las del estallido social.
La causa inmediata fue el alza de las tarifas del metro, pero las variadas causas mediatas, el alza del costo de la vida, la previsión, la salud y la educación privatizadas, los abusos de poder, la corrupción y colusiones, las desigualdades sociales, la contaminación y zonas de sacrificio, pueden resumirse en un profundo malestar de las personas y familias con los efectos dañinos en su dignidad, de un modelo de desarrollo neoliberal que genera injusticias, arbitrariedades, discriminaciones y abusos, lesionando a clases medias y populares y en especial a los más vulnerables. Ya todos sabemos lo que ocurrió en los meses y años posteriores, la reivindicación de los derechos humanos y de paridad de género, el clamor por la inclusión de los pueblos indígenas y superar la crisis del medio ambiente, temáticas que emergieron junto a las anteriores y que el curso de los acontecimientos ha posibilitado que converjan en la búsqueda de una nueva constitución para Chile.
La crisis experimentada impactó de tal modo a la sociedad chilena, y a su clase política, que incluso emblemáticos gestores del modelo neoliberal chileno como el dirigente Joaquín Lavín, se declaró “socialdemócrata” abjurando de los postulados que hubiera defendido durante décadas.
En esta encrucijada histórica el debate en torno a la Nueva Constitución no es solamente acerca del modelo de sistema político, acerca de los principios democráticos a enfatizar, la reivindicación constitucional de las libertades y los derechos humanos, y de los ámbitos de conformación del estado y los sistemas de justicia. Es también muy relevante el debate en torno al modelo de desarrollo que se busca y que necesita el país.
Es significativo que la Comisión de Sistemas de Conocimiento de la Convención Constitucional acabe, en estos días, de aprobar un articulado que apunta hacia un nuevo modelo de desarrollo que supere el modelo neoliberal amparado por el estado subsidiario legitimado por la Constitución de 1980, que se pretende superar. Es un paso importante pero todavía queda la discusión para su aprobación en el Pleno.
En su parte sustancial el texto afirma que el Estado debe promover “un desarrollo equitativo, integral e intercultural de todos los territorios, desde una perspectiva intergeneracional enfocada en el buen vivir, la reducción de las desigualdades, asegurando el principio de no regresión, el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y los límites de la biósfera”.
Este nuevo modelo de desarrollo al que apunta la Comisión tiene tres notas características que le imprimen un sello propio:
a) El desarrollo integral y equitativo suponen un conjunto de principios básicos que conciben al desarrollo superando los reduccionismos tanto economicistas como tecnocráticos. Cuando los argumentos principales del actual modelo neoliberal se centran en la defensa de la libertad económica entendiendo a ésta sólo garantizada por el libre mercado, se está haciendo alusión a los fundamentos utilitaristas de la ciencia económica. Sabemos que este tipo de argumentos propende al privilegio del mercado como agente primordial de regulación de la sociedad. Ello tiene dos consecuencias que han impactado negativamente en la vida y dignidad de millones de chilenos durante décadas: el consumismo y la retirada del Estado. El consumismo con su estilo de vida centrada en el éxito y el bienestar material, el tener por sobre el ser. Siendo el dinero, y el poder que genera, un incentivo perverso que corrompe al mundo político y al mundo privado generando abusos y arbitrariedades destructivas del tejido social. Y la ausencia del Estado como proveedor de bienes sociales como salud, previsión, educación, vivienda y otros servicios, lo que genera desigual acceso a bienes comunes y nula o escasa satisfacción de derechos sociales.
La mayor intervención del Estado supone no sólo una regulación más adecuada del mercado, sino que además, como afirma el texto, una política orientada a la “reducción de las desigualdades”, lo que deberá luego cada legislador y ejecutivo ver cómo implementa.
b) El artículo menciona además un enfoque ecológico centrado en los desafíos medioambientales. El desarrollo debe ser “desde una perspectiva intergeneracional (…) (…) asegurando el principio de no regresión, el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y los límites de la biósfera”. Ahonda este enfoque la redacción que le sigue: “El Estado debe asegurar que las medidas de protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad se implementen considerando las particularidades de los territorios y comunidades (…) con enfoque anticipatorio, preventivo y precautorio”. Y agrega la preocupación por acciones “que permitan la prevención, mitigación y adaptación ante la crisis climática y ecológica (…)”.
Es claro que en la pluma de los convencionales se refleja aquí un privilegio de un enfoque jurídico ambientalista, incluso conservacionista: “protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad”…”límites de la biósfera” y “principio de no regresión”. En particular, el mencionar el principio de no regresión, así como los enfoques anticipatorios, preventivos y precautorios, y elevarlos a nivel Constitucional, son una clara manifestación de la voluntad de superar un Estado cuya legislación ambiental se ha mostrado insuficiente para afrontar los graves impactos ambientales negativos en innumerables poblaciones, territorios, ciudades y costas del país. Pero además, el texto propuesto menciona el principio intergeneracional cuestión clave a la hora de concebir un auténtico y real desarrollo sustentable para el futuro.
c) En tercer lugar el texto propuesto es bastante novedoso (aunque congruente con otros artículos ya aprobados por el Pleno) en cuanto propone un modelo de desarrollo “integral e intercultural de todos los territorios, desde una perspectiva intergeneracional enfocada en el buen vivir”. Cuando durante décadas el desarrollo se ha concebido en función de la variable crecimiento en desmedro de las dimensiones culturales y sociales, se hace necesario destacar el hecho de que en nuestro país (con mayor medida en el contexto de la crisis étnica, migratoria, de negación de las diversidades) concebir el desarrollo de manera multidimensional es no sólo necesario, sino estratégico. El concepto “intercultural” viene no sólo a reconocer el hecho de que coexisten –de manera no siempre armónica, y muchas veces conflictual– diversos pueblos e identidades socio-culturales sino que además es normativo en el sentido de que propone un camino de democrático de convivencia centrado en el diálogo entre culturas, saberes, experiencias, religiones y filosofías. El enfoque en el “buen vivir” es un ideal que proviene de las culturas ancestrales y tiene que ver con una concepción holística de la vida, en un entramado solidario y comunitario, en torno a la cual seres humanos y no humanos conviven en un contexto de armonía. Ideal de vida y convivencia que está en las antípodas del mercado y su estilo consumista de vida.
Esta propuesta de texto constitucional viene a provocar un cambio drástico en la forma en que estamos acostumbrados a entender el desarrollo en nuestro país. Ella es coherente con varios textos ya aprobados por el Pleno. Es digno de anotar que se trata de una concepción integral y equilibrada que se aleja de los extremos: por cierto, supera el neoliberalismo y su reduccionismo economicista de la vida, pero tampoco se inclina hacia al estatismo colectivista, ni hacia el ecologismo verde.
Las sensibilidades representadas en la Convención Constitucional son muy variadas. Podríamos esperar que las alternativas ideológicas de extrema derecha, que defienden el neoliberalismo, rechacen este texto. Pero ojalá las otras vertientes, desde los liberales, humanistas laicos y cristianos, socialistas, comunistas, ambientalistas, ecologistas, movimientistas, entiendan que al país le haría bien enfocar sus próximos años hacia un modelo de desarrollo que tenga en el centro el desarrollo integral y sustentable de las personas y del medio ambiente, en un contexto de desafíos globales frente a los cuales debemos aspirar a superar los actuales patrones de desarrollo, por otros mejores.
