Opinión
Hoy la organización sindical y de todas las trabajadoras y los trabajadores del país es más imprescindible que nunca. La revuelta del 2019 convirtió las necesidades de la clase trabajadora en exigencias. Los sindicatos y organizaciones sociales las reunieron en un pliego: salario mínimo de $500 mil, una pensión equivalente, la reducción de la jornada laboral, una canasta de servicios básicos protegidos y la garantía de una serie de derechos: salud, educación, vivienda, transporte, derechos sexuales y reproductivos. También sumaron otros relativos al ejercicio de su poder: libertad sindical, negociación ramal, derecho a huelga y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. Todo coronado con una nueva Constitución.
El 1 de mayo siguiente, sin embargo, halló a las trabajadoras y los trabajadores en condiciones terribles. Ya en marzo del 2020, a poco de iniciada la pandemia, la entonces ministra del Trabajo, María José Zaldívar, había declarado que “no tenía forma de obligar al empleador a pagar los sueldos”. Lo que anticipó las pésimas políticas del gobierno de Sebastián Piñera y su vista gorda en materia de inspección, habilitando, así, una situación generalizada de despidos, rompimiento unilateral de acuerdos y cláusulas contractuales, y prácticas antisindicales.
En las semanas que llevo como diputado he conocido la continuidad de lo anterior en diferentes sectores productivos. Las gerencias siguen apelando a las “necesidades de la empresa” e incurriendo en una serie de abusos cuyas multas prefieren asumir como un costo con tal de mantener a las trabajadoras y los trabajadores a raya. Por otra parte, las alzas –y eventuales colusiones– han devaluado los salarios y los retiros han desfondado las pensiones. De modo que las exigencias planteadas en la revuelta son, en la actualidad, más apremiantes que nunca.
Tanto el programa del gobierno como los avances en la Convención Constitucional anuncian una serie de transformaciones en esta dirección: salarios dignos, un verdadero sistema de seguridad social, reducción de jornada, erradicación de la violencia en el trabajo, plena libertad sindical, negociación multinivel y derecho a huelga efectiva. Demandas que, para concretarse, tendrán que pasar por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado, donde estas exigencias tienen, hoy, un respaldo insuficiente.
En efecto, el actual Poder Legislativo representa una amenaza a las reivindicaciones que la clase trabajadora posicionó mediante el estallido que abrió el proceso político en curso. Lo que significa que, para la consecución de su programa –sea o no en materia laboral–, las trabajadoras y los trabajadores tendrán que retomar la iniciativa política en las calles, e insistir con el cumplimiento de las demandas levantadas el 2019, presionando a las instituciones. Especialmente a aquellas –como las dos Cámaras– donde están atrincherados los conservadores, quienes solo necesitan convencer a algunos parlamentarios indecisos para sabotear los avances de todo un país.
Estas transformaciones son de primera importancia porque buscan corregir una injusticia largamente soportada por quienes hacen funcionar el país a diario, pero que reciben, en respuesta, cesantía, malos sueldos, maltratos, jornadas extenuantes, malas pensiones y una salud deteriorada por las malas condiciones de trabajo y de vida. Además de estar severamente limitados para organizarse y negociar el mejoramiento de esas condiciones.
En este mes icónico, por ende, el llamado de nuestra diputación es a recobrar la movilización y a exigir el cumplimiento del programa que, recogiendo el pliego de la revuelta, nos situó en la institucionalidad. Porque la tarea no está cumplida, ni sus resultados garantizados, pero ambos dependen de nosotras y nosotros, y de nuestra capacidad para empujar juntos.
