Opinión
Se acerca el día en que Chile tomará una de las más importantes decisiones de su historia reciente: aprobar o rechazar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, la nueva constitución presentada por la Convención Constitucional.
Luego de una dura disputa por defender el proyecto de nueva Cnueva onstitución, y cuando se supone que las cartas ya están echadas, desde nuestro punto de vista, como alcaldes comprometidos con los problemas de la gente, nunca nos dejó de llamar la atención que, en casi ninguno de los debates sobre el texto que hicieron nata durante meses en los distintos medios, alguien se haya enfocado en el artículo 212 y sus incisos que, a la letra dice: “La administración central del Estado garantiza a la municipalidad el financiamiento y los recursos suficientes para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna”, cuestión que apunta, correctamente, a la sentida igualdad territorial de las comunidades edilicias a lo largo y ancho de todo el país.
Desde luego, todos sabemos que la desigualdad territorial ha ido creciendo sistemáticamente, aumentando las brechas sociales en función de la situación general del país, la que, como es obvio, se compendia en una crisis política institucional galopante en medio de un sistema económico en plena crisis; y con el agravante de una delincuencia desatada y en aumento desde que se detectara su explosividad criminal. Por cierto, estas son algunas de las condicionantes que han llevado a las administraciones locales (municipios) al borde del precipicio financiero, afectando gravemente la vida de las personas; razón de sobra para adjetivar favorablemente la visión social del constituyente, que, comprendiendo la necesidad de fortalecer el poder territorial y social de las alcaldías, le da un giro lleno de expectativas socio económicas y culturales a las demandas de la gente.
No cabe duda de que aquí se trata de una innovación presupuestaria que recoge la voluntad de cambio real, ponderando principalmente, las malas prácticas y el abuso histórico que ha rodeado la administración de estas entidades cercanas más que ninguna otra autoridad, a las necesidades de la gente real.
Estamos conscientes de que esta oportunidad consagrada en el artículo 212 de la propuesta constitucional, es una cuestión de sentido común que no se volverá a repetir; esto, a causa del inmovilismo congénito de una elite convenientemente conformista, como lo demuestran las actuales prácticas administrativas de la cuestión presupuestaria en manos de aquellos que apoyan, sin cuestionar, la ley de subvenciones, el voucher, las AFP o las Isapres. Y naturalmente, sin ninguna clase de sensibilidad y conciencia respecto de las necesidades de las mayorías desprotegidas.
Aquellos no tienen conciencia de esta desigualdad territorial, mientras la mayoría de los chilenos y chilenas la sufre a diario. No es desconocido que los mínimos comunes que deben tener todos los territorios distan mucho de la realidad; solo algunos municipios pueden entregar veredas dignas, luminarias, agua potable, acceso a servicios, transporte, seguridad ciudadana, ambientes libres de contaminación. Y más indignante aún, los servicios básicos de agua y electricidad están en permanente conflicto con su infraestructura existente que se expresa en apagones prolongados y rebalse permanente de alcantarillados, lo que obliga a millones de chilenas y chilenos a resignarse casi sin esperanzas.
Actualmente, los municipios son órganos descentralizados con patrimonio propio y se denominan como administraciones locales a cargo de organizar y promover la vida comunitaria de sus habitantes. Las dificultades asoman cuando se conocen las restricciones presupuestarias de cada uno de ellos, con ingresos propios muy desiguales por distintas razones: geográficas, demográficas y educacionales, entre otras.
Cabe puntualizar que hay una abismante diferencia entre los propios municipios de la Región Metropolitana; y de estos con casi todos los municipios de las regiones ¡Y qué decir de los municipios rurales!
El nuevo texto constitucional avanza en la regionalización y entrega más mecanismos de participación a la ciudadanía y a los municipios, sin olvidar que la redistribución de ingresos es un pilar fundamental para terminar con la desigualdad territorial y asegurar que las vecinas y vecinos, independiente de donde les tocó nacer, sean valoradas como personas.
Cada cierto tiempo, en momentos de dificultad económica, los municipios de Chile se transforman en el principal sostén de las familias chilenas. La cercanía entre la comunidad y sus autoridades locales demanda más facultades, más recursos y mayor incidencia en la vida regional.
Esta aproximación que propone el nuevo texto constitucional sugiere cambios que pueden causar inquietud y hasta temor, pero si los afrontamos con voluntad y convicción extraeremos de ellos verdaderas experiencias de vida y crecimiento.
