Señor Director:
La Ley de Presupuesto en discusión, un instrumento clave para el diseño e implementación de políticas públicas, muestra algunas debilidades que son necesarias de abordar y subsanar, en particular en materia de salud.
2022 registró una caída sustancial en los ingresos por cotizaciones a Fonasa, tras la decisión presupuestaria de traspasar 6,45 puntos porcentuales a las Cajas de Compensación (CCAF) para pago de licencias médicas. La medida se mantiene en 2023 y tiene diversas implicancias: 1) casi la totalidad del 7% de cotizaciones a CCAF se puede descomponer y asignar a fines específicos; 2) prima el pago de las licencias médicas por sobre prestaciones de salud; 3) la cotización tiene un fin de aseguramiento individual y no solidario; 4) se pierde la trazabilidad de las cotizaciones.
Otro aspecto por examinar es el reflejo presupuestario del Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo en Fonasa, pese a ser de cobertura universal y contar con reglas de financieras y de gestión específicas. Ello generará una limitación a futuro en relación con el tamaño Fondo, pues al incluirlo en Fonasa se utiliza parte del marco global de recursos asignados al Ministerio de Salud; así, el Fondo “compite” con otras necesidades del sector, lo cual escapa de la idea original.
Por último, la judicialización en salud, así como la exigencia por acceder a terapias que no cubre el sistema debido a su alto valor y/o dudas sobre su eficacia, han sido problemas de larga data y cada vez más profundos, sin que se hayan generado medidas concretas para abordarlos. Hoy, el proyecto de ley de presupuestos 2023 asigna casi $23 mil millones para el pago de estos tratamientos.
Aun cuando el gasto existe, el presupuestarlo en la ley da una señal contraria a lo que se busca en materia de las políticas de salud, que es avanzar en la equidad junto con criterios de costo-efectividad. Esto se puede transformar en una línea de acceso a cobertura financiera validada por otros actores, que pone en riesgo las bases para la instalación y el uso de criterios y procesos estandarizados para la inclusión de nuevas tecnologías sanitarias, primando los criterios individuales por sobre los poblacionales.
Los tomadores de decisión debiesen justamente tratar estas temáticas en discusión del presupuesto de salud para 2023, analizando con cuidado todos los efectos que puede tener una mera modificación en la contabilidad presupuestaria y enmendar aquellas que presentan incentivos contrarios. Aun cuando las medidas sean correctas contablemente, ellas alteran y dificultan el diseño de las políticas futuras tales como la solidaridad de los fondos, la creación de una agencia de tecnologías sanitarias y el aumento de recursos a la Ley Ricarte Soto, entre otras.
Daniela Sugg, directora Magíster en Gestión de Instituciones de Salud UDP
Manuel Inostroza, profesor Asociado Adjunto Instituto Salud Pública-UNAB
