Opinión
Si bien la heterogeneidad de nuestras regiones en múltiples dimensiones merece políticas nacionales compensatorias (especialmente las relacionadas con las desigualdades sociales y provisión de servicios públicos), ello no significa que será el Estado central el agente que diseñe la forma específica en que esos desafíos serán enfrentados. Más aún cuando no pocos gobiernos y universidades regionales ya trabajan en esas materias.
El gobierno nacional ha firmado el 19 de enero, en Antofagasta, un Protocolo de Acuerdo con los gobernadores regionales, el que, a juicio del titular de Subdere, Nicolás Cataldo, puede ser considerado un cambio en el eje del proceso de descentralización. La esencia de esta nueva etapa será el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales.
Este es el Quinto Elemento, el que, al igual que en la película de Besson, combina el poder de los demás elementos (descentralización política, administrativa, fiscal y participación ciudadana), generando la luz divina que derrota el mal (el centralismo ineficiente).
Por cierto, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional convocada por la Presidenta Bachelet en 2014 –de elevada pluralidad y participación de la sociedad civil regional– que utilizó este abordaje sistémico (y organizó 5 grupos temáticos con estos “elementos”), tuvo enfrente algo más que esta inspiración fílmica para definir las metas del proceso descentralizador de Chile. En efecto, la experiencia internacional muestra que dejar atrás alguno de estos componentes afecta el desempeño de los demás y arriesga los avances del proceso mismo.
Así, despertado el proceso descentralizador con la elección directa y democrática de los gobernadores regionales en 2021 y diseñados los procesos de transferencia de competencias, resulta fundamental poner en marcha la descentralización fiscal –ley a ser ingresada al Congreso en marzo de 2023– y los mecanismos de participación ciudadana (COSOC instalados en todas las regiones durante el primer semestre de 2023).
El Protocolo de Acuerdo establece que, antes de seis meses, Chile dispondrá de una Política Nacional de Descentralización en la que el Quinto Elemento ocupa un lugar central. Cito:
Esta Política señalará, como ‘conditio sine qua non’ de una descentralización exitosa, los mecanismos de fortalecimiento de las capacidades subnacionales que deberán instaurarse respecto de los territorios subnacionales, entendiendo aquello como condición habilitante de la redistribución del poder y la autonomía progresiva a que esta propende.
Por cierto, se trata de un acuerdo notable que representa la gobernanza y el respeto multinivel que progresivamente se está instalando en el país. Un nuevo trato.
Esencial para la generación de esta Política Nacional de Descentralización resulta, según el Protocolo, la existencia de un diálogo con participación de la academia y la sociedad civil vinculada a los temas territoriales. Dado que se coloca junio de 2023 como plazo para concluir este proceso, parece recomendable definir a la brevedad la institucionalidad que albergará ese diálogo y sus participantes.
Siguiendo el espíritu del Protocolo, me permito sugerir que la Política Nacional de Descentralización posea un enfoque bottom-up de manera de transformarse en un instrumento de incentivos para las iniciativas regionales, un mecanismo para despertar la innovación pública territorial, más que un conjunto de programas nacionales a implementar en la región.
Si bien la heterogeneidad de nuestras regiones en múltiples dimensiones merece políticas nacionales compensatorias (especialmente las relacionadas a las desigualdades sociales y provisión de servicios públicos), ello no significa que será el Estado central el agente que diseñe la forma específica en que esos desafíos serán enfrentados. Mas aún cuando no pocos gobiernos y universidades regionales ya trabajan en esas materias.
Por ejemplo, el Protocolo establece que “se diseñará un Sistema de Gestión de Capital Humano Avanzado para cada región” y se implementarán en cada región “Laboratorios de análisis territorial”. Algunas regiones, como Atacama, ya trabajan en esas dos tareas en cooperación con su universidad estatal y otras regiones ya poseen experiencias asociadas a sus estrategias regionales de innovación.
Es imprescindible, entonces, que las políticas y programas derivados de la futura Política Nacional de Descentralización recojan esas experiencias para, en conjunto con los agentes regionales –comenzando, por cierto, con el Gobierno Regional respectivo), diseñar, implementar y evaluar políticas “regionalizadas” con fuerte aceptación y compromiso territorial y con una dimensión clara de sus posibilidades de éxito. Es así como funciona el Quinto Elemento.
