Opinión
Durante este mes se cumplen siete años de la muerte de Lissette Villa, ocurrida el 11 de abril de 2016, mientras se encontraba bajo el cuidado del Estado en el CREAD Galvarino.
Esta tragedia mostró la profundidad de la crisis en que se encontraba la institucionalidad encargada de la Protección Especial de Derechos (ex SENAME), la cual ya había sido puesta en tela de juicio por los medios de comunicación en julio de 2013, cuando CIPER Chile dio a conocer las conclusiones del llamado “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información referente a los niños, niñas y adolescentes en Sistema Residencial en Chile”, también conocido como “Comisión Jeldres”.
Por otra parte, engrosó la enorme lista de tragedias ocurridas en esos años, como la muerte de un niño de 10 meses ocurrida en enero de 2014, o la muerte de una niña de 2 años ocurrida en junio del mismo año.
Estos lamentables episodios vuelven a resonar en estos días, en que se han dado a conocer las preocupantes condiciones de vida de niños y niñas que habitan en Centros del Servicio Mejor Niñez en la Región del Biobío y nos llaman a reflexionar sobre alternativas para los Centros Residenciales y la urgencia de mejorar los mecanismos de prevención y de alerta temprana, dando así efectividad al derecho a vivir en familia.
¿Qué recordamos sobre estos casos? ¿Cómo los recordamos? Son preguntas que se relacionan con la memoria colectiva.
La memoria es entendida como “la forma básica de nuestra relación con el pasado, de nuestra existencia en el tiempo”. La memoria colectiva, por su parte, está referida al “conocimiento de ese pasado compartido, reconocido mutuamente y reforzado por una colectividad”.
Dicho de otra manera, es la forma en que una determinada sociedad se relaciona con su pasado, cómo es comprendido y reproducido a través del tiempo. La memoria colectiva es necesaria entonces para recordar, pero también para no repetir.
En este punto, los medios de comunicación han jugado un rol fundamental tanto para recordar como también para “configurar el significado que se da a ese recuerdo”. En otras palabras, qué recordamos y cómo lo recordamos.
Otro importantes agentes de memoria han sido los colectivos artísticos, por medio de montajes teatrales como “La reina del perreo” en 2017, “Paisajes para no colorear” en 2018. Mención especial corresponde hacer a las producciones audiovisuales como el cortometraje “Bajo Custodia” y más recientemente la serie “No nos quieren ver”, las cuales cumplen con el rol de generar memoria sobre las graves condiciones de vida en los centros residenciales en que han ocurrido estas tragedias.
Existen, sin embargo, ámbitos en lo que nos encontramos al debe. Hay elementos que rodean estos hechos sobre los cuales hay escasa memoria.
En ese sentido, se suelen omitir en los medios de comunicación las variables socioeconómicas en que niños y niñas ingresan a los centros residenciales.
En ese sentido, la Ley de Garantías aborda la protección social y el apoyo material a las familias a nivel de principios, pero los programas de intervención siguen al amparo de una desactualizada Ley de Subvenciones que mantiene la rigidez de los convenios de colaboración y dificulta el trabajo intersectorial y la flexibilidad en la ejecución de los programas. Misma situación para la oferta en materia de salud mental, que siendo un derecho humano, sigue entregada a la lógica de las licitaciones.
Por otra parte, los mecanismos de accountability (responsabilidad o rendición de cuentas) de las instituciones que sostienen estos programas siguen siendo débiles.
Otro de los elementos que escasamente se mencionan son los motivos por los cuales niños y niñas se mantienen por largos periodos institucionalizados, muy superiores al establecido por la ley, en muchos casos sin la supervisión periódica por parte de los Tribunales, o bien bajo la inactividad de los curadores ad-litem que no piden audiencias de revisión de medidas.
Finalmente, el Estado, en cuanto garante principal de los derechos de la niñez y como potencial agente de memoria colectiva, se encuentra también al debe.
Si bien durante el año 2022 han existido esfuerzos para la instalación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para niños y niñas vulnerados en sus derechos en el contexto de la ejecución de programas de Protección Especial, hasta el momento no se han visto mayores frutos de este trabajo. Tampoco contamos con ejercicios de memoria colectiva desarrollados por el Estado, como sí ocurre con mártires de las Fuerzas Armadas y de Orden, con personajes destacados y destacadas de nuestra Patria o bien con las víctimas de los momentos más oscuros de nuestra historia.
En cuanto a las muertes de niños y niñas bajo el cuidado del Estado, se puede hacer mucho más. Para que tengamos una memoria colectiva en vez de una memoria selectiva.
Para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir.
