Opinión
La ultraderecha promueve activamente la discriminación y violencia contra las personas LGTBI+, respaldando medidas que justifican el odio y la exclusión hacia este colectivo.
La votación para elegir a quienes conformarán el Consejo Constitucional, los que tendrán la tarea –por segunda vez– de darle a Chile una nueva Constitución, tuvo un resultado que favorece a la ultraderecha chilena, y les da mayoría a las derechas a efectos de quienes tendrán el poder de definir el marco jurídico que, en caso de aprobarse, podría regirnos en los próximos años. Ciertamente, esta inclinación hacia quienes han planteado de manera abierta una agenda represiva y contraria a la profundización de derechos es llamativa, y nos invita a levantar alertas en torno a las posibles amenazas que aparecen, sobre todo para mujeres, disidencias y diversidades sexuales.
Haciendo un poco de contexto, durante los últimos años hemos sido testigos de la expansión de la ultraderecha mundial. Si bien nacen al alero de las derechas tradicionales, provienen de decisiones de su “alma más radical”, operan como impugnadores de la política tradicional, y, mediante la apropiación de banderas antiderechos, han ganado terreno electoral en un contexto marcado por las recesiones económicas mundiales.
Estos partidos han instalado su agenda a nivel internacional, la cual funciona como una hoja de ruta ultraconservadora, ultranacionalista, autoritaria y, por consecuencia, anti todo aquello que resulte diferente. Su referente de habla hispana más bullado es el partido español VOX, fundado en 2013 como nostálgico del legado nazi y franquista. Sus militantes incurren a diario en una dinámica negacionista y obstruccionista hacia leyes que competen de manera particular a las mujeres ,como la reciente reforma a la ley de aborto; atacan de manera personal a la ministra de Igualdad de Género, Irene Montero, con una artillería de insultos y descalificaciones sexistas, machistas y misóginas (sin olvidar tampoco que toda política que apunte a mejorar la vida de las personas es tildada por VOX como comunista).
En Chile la ultraderecha es representada por el Partido Republicano, el cual tiene relaciones formales con VOX y, al igual que sus socios españoles, han arremetido en contra de las mujeres y diversidades, restando valor a los derechos por los que estos colectivos han peleado durante décadas, hasta ridiculizarlos. Han puesto en duda el derecho a voto de las mujeres, plantean abiertamente que los derechos sexuales y reproductivos no deben ser parte de la agenda constitucional –o derogar la ley de aborto 3 causales que rige actualmente– y, desde la votación del 7 de mayo donde obtuvieron mayoría, cuestionan la paridad como mecanismo corrector de una desigualdad histórica de los sistemas políticos y las democracias.
Hemos visto en diferentes partes del mundo que la ultraderecha tiende a ser muy conservadora en temas relacionados con la reproducción y el aborto, lo que se traduce en restricciones al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción y el aborto. Grupos antiderechos en Estados Unidos, respaldados por el Partido Republicano, han presionado para restringir el acceso al aborto después de que la Corte Suprema anulara el caso Roe contra Wade. Esta situación permite que cada estado determine cómo se aplica el derecho al aborto, lo que trajo consigo que ya sean 13 los estados que han prohibido el aborto y cinco estados lo han restringido severamente.
El resultado de la elección del Consejo Constitucional ha generado gran preocupación. Los más de 3 millones de votos obtenidos por la ultraderecha sin ninguna propuesta de cambio constitucional, excepto un discurso alarmista sobre seguridad, reflejan el avance de estos grupos conservadores en todo el mundo. Por lo tanto, es crucial llamar a la población, especialmente a mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género, a estar alertas durante las discusiones que se llevarán a cabo a partir del 7 de junio en el Consejo Constitucional.
En nuestro país, luego de la elección de los consejeros y las consejeras, Ruth Hurtado (secretaria general Republicana y exconvencional) manifestó que “nos gustaría retroceder en el aborto en tres causales”, algo que el líder de ultraderecha, José Antonio Kast, señalaba ya desde el año 2019, diciendo “hay que revertir esto”, en el programa “Estado Nacional” de TVN. Si bien hay quienes puedan pensar que el Partido Republicano, debido a su alta representación en el Consejo Constitucional, podría tender a moderar sus posturas, la declaración de Luis Silva, del día 13 de mayo, derriba esa posibilidad al señalar que “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?”.
Otro riesgo del ascenso de ideas extremas de derecha, son las medidas que impulsan sus partidarias(os) en cuanto a limitaciones en la educación sexual. Es sabido que la ultraderecha ha presionado para evitar la implementación de programas de educación sexual que incluyan, entre otras cosas, información sobre la diversidad sexual y de género, así como sobre la prevención de la violencia sexual. Para lo anterior se han valido, incluso, de imágenes que son verdaderas apologías a la pederastia, por ejemplo, en la campaña del Rechazo se utilizó el dibujo de una niña usando un vibrador, algo completamente abyecto.
La ultraderecha promueve activamente la discriminación y violencia contra las personas LGTBI+, respaldando medidas que justifican el odio y la exclusión hacia este colectivo. Un ejemplo de esto ocurrió en Italia, donde el Senado votó en contra del reglamento para el reconocimiento transfronterizo de familias homoparentales de la Comisión Europea, uniéndose a los países nacionalpopulistas del Grupo de Visegrado. Posteriormente, Giorgia Meloni impulsó la prohibición de que las parejas homosexuales puedan inscribir a sus hijos en el Registro Civil.
En Estados Unidos, el partido Republicano de ese país ha impulsado más de 100 proyectos anti-LGBTI+ en 22 estados. Estos proyectos van desde la prohibición de espectáculos de drag queens hasta la restricción del acceso a cirugías de transición de género para personas menores de 26 años.
Estos ejemplos ilustran parte de la agenda antiderechos de estos partidos radicales. Su avance en Chile podría resultar en retrocesos en el reconocimiento legal de derechos, como la ley trans o el matrimonio igualitario.
Por todo lo anterior, planteamos una alerta frente a las posibilidades que el escenario político dibuja para el futuro. El avance de la ultraderecha, como se dijo al principio, obedece a una coyuntura a la que estamos a tiempo de –y debemos– combatir. Es cierto que seguimos necesitando una nueva Constitución, pero esta debe servir para ampliar derechos y profundizar la democracia, evitando retrocesos y restricciones. Ante la amenaza latente, pondremos atención al rumbo de la discusión constitucional y que se respeten los avances alcanzados.
