Opinión
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Es importante considerar que Chile ha sido pionero en varias áreas relacionadas con tecnologías de la información, como leyes de ciberseguridad y protección de datos. Sin embargo, ser pionero también implica el riesgo de legislar en un entorno de incertidumbre.
Crear imágenes digitales, componer música y emular voces de artistas, son algunas de las aplicaciones con que la Inteligencia Artificial (IA) ha maravillado al mundo. A través de algoritmos, esta tecnología permite que las computadoras realicen acciones astutas, imitando habilidades humanas, generando también preocupación sobre sus repercusiones.
En respuesta a sus posibles amenazas, se presentó en Chile un proyecto de ley que busca regular estos sistemas, la robótica y las tecnologías relacionadas. Pero surge la pregunta sobre cuáles serán los alcances de este proyecto.
El documento de ley busca equilibrar la protección de los derechos de las personas con la competitividad en investigación, desarrollo e innovación en IA. Sin embargo, se enfoca principalmente en medidas defensivas y punitivas, haciendo hincapié en la fiscalización y regulación de la actividad.
Dicho proyecto contempla la formación de un comité selecto, con poder para rechazar propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos. Aunque esta idea es factible en teoría, existe un alto riesgo de que no se implemente de manera adecuada, lo que podría limitar o perjudicar el desarrollo de la IA en el país.
La pregunta inicial que surge es quién tendrá la autoridad moral y ética para vetar la creación de programas de inteligencia artificial. Por otra parte, si ciertos proyectos de IA son bloqueados en Chile para su desarrollo, ¿qué sucederá si esas iniciativas son ejecutadas en el extranjero o incluso por otros equipos de trabajo en Chile que sí sean aceptados? En lugar de una nueva forma de censura, se requiere un enfoque que potencie la IA a través de paneles que promuevan su desarrollo, en lugar de restringirlo.
La imposición de regulaciones extremadamente estrictas presenta dos riesgos significativos, desde mi punto de vista. En primer lugar, puede llevar a que el talento humano opte por desarrollar sus ideas en otros lugares, debido a la burocracia excesiva. En segundo lugar, las iniciativas que se logren desarrollar podrían estar en desventaja en comparación con la competencia global, ya que estarían sujetas a un escrutinio constante y representarían una amenaza latente para sus creadores.
Es necesario abordar la transparencia no solo en términos de los algoritmos, sino también en relación con los entes reguladores, para evitar que sean vetados algunos equipos de trabajo o beneficiados otros por tener una mayor o menos cercanía con el comité. En este mismo sentido, la descentralización es un aspecto clave. ¿Qué oportunidades tendrán los expertos que residen en regiones para participar activamente en el debate y la toma de decisiones? ¿Seguirán las instituciones de investigación ubicadas en la capital, acaparando los recursos económicos para el desarrollo de estas tecnologías?
Otro aspecto, que no se menciona en el proyecto, es definir cómo se potenciará la educación en esta materia, ya que la IA es un campo de conocimiento sofisticado, ¿facilitaremos la incorporación de esta tecnología en los currículos de los estudiantes?, ¿apoyaremos la creación de postgrados o educación continua en el área?
El documento inicial que hoy se encuentra en el Congreso carece de menciones sobre incentivos para aquellos que generen nuevas tecnologías de IA. Se podrían considerar beneficios tributarios dirigidos a sociedades científicas o de innovación en este campo, donde empresas o individuos puedan hacer donaciones y luego deducirlas de impuestos. Esto sería un estímulo para aquellos que tengan el coraje de competir globalmente en esta área del conocimiento tan competitivo. Otra opción sería la asignación de recursos estatales para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, brindando apoyo económico para la publicación de artículos, la investigación colaborativa, el desarrollo de software inteligente, la obtención de patentes y la comercialización.
Por otro lado, en materia punitiva, es importante tener en cuenta casos que han ocurrido a nivel mundial, como cuando un vehículo autónomo atropella a una persona. En estas situaciones, surge la pregunta de quién es el responsable: ¿el conductor que confía en la IA mientras duerme en el asiento del piloto, el propietario de la compañía que vendió el vehículo, el científico que diseñó el algoritmo inteligente o el programador que convirtió el algoritmo en código? Si se implementa una legislación como la que se lee en el proyecto, muchas personas involucradas en esta cadena productiva podrían pensarlo dos veces antes de aventurarse a desarrollar IA en Chile. El documento elaborado, que fue presentado en el Congreso, menciona multas millonarias e incluso la cárcel, lo que plantea la preocupación de si debiésemos temer caer tras las rejas si las iteraciones de nuestro nuevo algoritmo no son suficientes.
Por último, es importante considerar que Chile ha sido pionero en varias áreas relacionadas con tecnologías de la información, como leyes de ciberseguridad y protección de datos. Sin embargo, ser pionero también implica el riesgo de legislar en un entorno de incertidumbre. En este caso, es sensato tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre cómo aprovechar las oportunidades que se presentan para el país en el campo de la IA, evitando redactar leyes apresuradas que puedan resultar inconvenientes en el futuro.
A diferencia del litio o el cobre, la inteligencia artificial sale de nuestras mentes. En la medida que la cultivemos, es un recurso inagotable y de innumerables beneficios para el país.
