Opinión
Los gobernadores regionales han demandado públicamente facultades que no son pertinentes a su función primordial. Desde su instalación, han estado bregando por más competencias sin acudir a la ley, que dispone de un curso de acción para ello. Eso sí, requiere estudios previos y el acuerdo de los consejeros regionales (Core): no han seguido ese camino, sino que se han alzado como representantes de la comunidad, para solicitar competencias de alto impacto público.
La Asociación de Gobernadores Regionales viene insistiendo en la eliminación de los delegados presidenciales desde hace un tiempo. Los gobernadores se consideran a sí mismos como la más alta autoridad regional, por ser electos, y estiman que la ciudadanía les ha dado un mandato que resulta ser demasiado amplio, en contraste con el pequeño universo de facultades y competencias que efectivamente tienen.
Adicionalmente, ninguna de ellas tiene que ver con la seguridad pública que inquieta a muchos de ellos. Frente a esto, el Gobierno ha mantenido cierta cautela desde que asumió la actual ministra del Interior, señalando la importancia de los delegados presidenciales como representantes del Presidente de la República en la región, aunque recientemente ha enviado al Parlamento una reforma que cambia el nombre del representante del Mandatario en la región, de delegado presidencial a jefe de gobierno interior.
En la discusión parlamentaria para crear el cargo de gobernador regional se produjo algo parecido con los nombres de ambas autoridades regionales. En principio –y siguiendo una tradición que se remonta a los carolingios– la autoridad electa regional tomaría el nombre de intendente, un nombre más apropiado a su función primordial, que básicamente es la administración de los recursos públicos regionales. Esto dejaba a la autoridad regional presidencial con el cargo de gobernador, más apropiado a sus funciones de gobierno interior.
Sin embargo, la creatividad parlamentaria se impuso. De esta forma, comenzó una minusvaloración del representante presidencial regional, de intendente a delegado, y hoy de delegado a jefe de gobierno interior, sin que hasta ahora se reponga un nombre adecuado a la autoridad regional que representa al Presidente.
La función del agente presidencial en los territorios viene de la época de Portales y no ha cambiado en lo sustantivo, porque es inherente a la naturaleza unitaria del Estado. Hoy día esa figura se expresa en los niveles regional y provincial. Son agentes inmediatos del Presidente, mediante los cuales ejerce el gobierno efectivo del país. Uno de sus pilares es el orden público y la seguridad ciudadana, por lo que son materias intransferibles, y nunca se habló de estas, hasta que algunos gobernadores regionales comenzaron a insistir en ello.
Los gobernadores han parlamentarizado su representación al demandar una serie de facultades y competencias sin un plan claro acerca de los límites institucionales. Los gobiernos regionales se crearon para involucrar a la comunidad de manera sistemática en la búsqueda de su propio desarrollo.
La región, a fin de cuentas, es una demarcación territorial del Estado de Chile –diseñada por tecnócratas en los 60 y aplicada por militares en los 70–, integrada por una alianza de provincias que buscan un progreso integral, propio y próximo de sus comunidades. Es el desarrollo de los territorios lo que justifica la creación de gobiernos regionales, no su autonomía política.
Sin embargo, los gobernadores regionales han demandado públicamente facultades que no son pertinentes a su función primordial. Desde su instalación, han estado bregando por más competencias sin acudir a la ley, que dispone de un curso de acción para ello. Eso sí, requiere estudios previos y el acuerdo de los consejeros regionales (Core): no han seguido ese camino, sino que se han alzado como representantes de la comunidad, para solicitar competencias de alto impacto público.
Los gobiernos regionales son un tipo de gobierno intermedio propio de los países unitarios. Chile optó por un tipo de gobierno intermedio cuyo fin es el desarrollo de la región. Estableció, para ello, competencias y facultades de base para lograr objetivos en esa dirección y dotó a los gobiernos regionales de un mecanismo para acrecentar sus competencias y facultades mediante solicitud al Presidente de la República.
Desde esta perspectiva, los mecanismos de transferencias de competencias a los gobiernos regionales son claves para responder a las demandas que han señalado diversos actores públicos, aunque es cierto, también, que podrían ampliarse los contenidos de esas transferencias. En un sentido amplio, los gobiernos regionales debieran tener en su administración y gobierno todas aquellas materias que hoy día competen a las seremías de Transporte, Obras Públicas, Desarrollo Social, Cultura y Economía. En estos ámbitos, sus demandas son oportunas y legítimas, puesto que tienen alto impacto en el desarrollo territorial y son esenciales para el desarrollo económico, social y cultural de las regiones.
Hay que sincerar el debate y partir de realidades políticas. La República de Chile seguirá siendo unitaria, y su carácter, el de un Gobierno Central que comprende todo el territorio nacional. Luego, el grado de descentralización estará determinado por el conjunto de competencias y facultades otorgadas a gobiernos autónomos de nivel regional o local.
En suma, los gobiernos regionales requieren ampliación de sus competencias y facultades en materias relacionadas con el desarrollo regional, sin por ello menoscabar la autoridad del Gobierno Central en la región. Ambas autoridades son necesarias si se quiere un país unitario y descentralizado.
