Opinión
Si bien existe un compromiso del Gobierno en torno a 60 mil nuevos cupos en educación inicial, no se visualizan acciones concretas para su implementación, considerando que esta medida va en directa relación con el logro de autonomía económica de las mujeres y la necesidad de generar espacios sostenibles para el mercado laboral femenino.
Hoy la educación parvularia enfrenta desafíos que imponen la necesidad de flexibilización y generación de acuerdos que permitan hacer frente al déficit de cobertura existente y, en consecuencia, la responsabilidad social por la incorporación y mantención de la mujer en el mercado laboral.
Si bien los retornos de las acciones en política pública a este nivel no son inmediatos, existe amplia evidencia del trabajo sostenido de la educación inicial por el reconocimiento social y educativo. De este modo, el nivel considera impactos positivos en niños y niñas, especialmente aquellos que habitan en contextos de mayores índices de vulnerabilidad, para la generación de aprendizajes que promueven el desarrollo de ciudadanos autónomos, integrales y participantes activos en una sociedad inclusiva y diversa.
Un aspecto fundamental del impacto que genera el déficit de cobertura, se evidencia en la “crisis de los cuidados” que hace varias décadas viene visibilizando el movimiento de mujeres y feminista. De acuerdo a la Estimación del Trabajo Doméstico no Remunerado de junio 2021, publicada por el Banco Central, las mujeres dedican 2,8 veces más tiempo que los hombres al desarrollo de labores no remuneradas, lo cual se asocia en una importante proporción al cuidado de niños y niñas. Del total de chilenas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (inactivas), más de un tercio (34,3%) señala que la razón es no poder conciliar con responsabilidades familiares permanentes, mientras que, entre los hombres, este porcentaje apenas alcanza al 2,8% (ENE, trimestre móvil abril-junio 2022).
Complementando lo anterior, estudios evidencian (Cortés & Pan, 2020) que las trayectorias en el mercado laboral divergen marcadamente con la llegada del primer hijo, considerando un impacto diferencial en la brecha salarial de género que se observa y siendo, la labores de crianza, un factor sustancial que lo explica. De este modo, es clave vincular políticas de ampliación de oferta que permitan resguardar no solo la incorporación de mujeres en el mercado laboral, sino también la sostenibilidad de sus trayectorias laborales, considerando una oferta de calidad para la atención educativa permanente de niños y niñas.
Actualmente la diferencia entre la demanda estimada y la oferta existente en educación inicial establece una brecha, que a nivel país es de 156.888 niñas y niños, siendo Santiago una de las comunas con mayor criticidad, llegando a una brecha de 5.280 párvulos en edad de asistir y que no están siendo cubiertos por la oferta actual. En cifras más alarmantes, la lista de espera de la comuna capital asciende a 3.472 niños y niñas que no accede a la red pública de educación parvularia por falta de vacantes, según datos consolidados de la oferta pública al 17 de abril de 2023, por la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Si bien existe un compromiso del Gobierno en torno a 60 mil nuevos cupos en educación inicial, no se visualizan acciones concretas para su implementación, considerando que esta medida va en directa relación con el logro de autonomía económica de las mujeres y la necesidad de generar espacios sostenibles para el mercado laboral femenino.
Si bien Salas Cuna para Chile es un avance en la materia, no podemos descuidar el deber del Estado, en todos sus niveles de descentralización, en la articulación de un sistema de cuidados con el desarrollo de políticas públicas que resguarden la atención permanente de niños y niñas, permitiendo la reactivación económica de miles de mujeres.
Hoy, desde el municipio de Santiago, tenemos un compromiso político y técnico en torno a la concreción de un sistema barrial de cuidados, sin embargo, se requiere la voluntad política de todos los actores para avanzar de manera sostenible, flexible e innovadora en los desafíos que hoy nos presenta el déficit de cobertura en este nivel educativo, considerando un financiamiento orientado en salvaguardar la educación pública y recuperar el tiempo perdido en materia de infancia.
