Opinión
¿Es viable un cuarto proceso constituyente en Chile? Al menos, mi respuesta es que no es necesario. Entonces ¿Volvemos a la Constitución Pinochet-Lagos ante el rechazo al tercer proceso constituyente y, así, todo vuelve a manos del poder constituido? Creo que tampoco es necesario, tanto por lógica, credibilidad, dignidad y espíritu democrático.
Es posible y también probable que para el 17 de diciembre del 2023, se rechace o se vote “en contra” la propuesta de proyecto constitucional, presentada por el órgano electo para este fin. Los resultados obtenidos en la elección de representantes al Consejo Constitucional y la correlación de fuerzas que se instaló ahí, así lo refrendan y proyectan en cuanto a los miembros electos por la ciudadanía el 7 de mayo del año en curso, poniéndole, esta vez, el salvavidas de plomo a los últimos impugnadores que quedaban a la extrema derecha del espectro político.
Para el Partido Republicano, este fue el peor resultado político (no electoral) porque amarra el éxito o el fracaso del proceso y proyecto constitucional a su estrategia presidencial y a su capacidad de conducir y resolver la crisis de legitimidad institucional sistémica, es decir, probarse en la cancha constitucional en cuanto a qué tanto pueden garantizar orden, progreso, seguridad, democracia y gobernabilidad para Chile, escribiendo a su antojo una nueva Constitución Política. Otra cosa es con guitarra, pero, la otredad misma es con guitarra eléctrica y distorsión.
Sea que los votantes aprueben una Constitución Kastiana o se imponga un rechazo Kafkiano al tercer proceso constitucional y su texto, la ciudadanía ya sabrá a quien responsabilizar por acrecentar, aún más, la complejidad y la incertidumbre reinante en la República de Chile, donde la clase política en su conjunto de la A a la Z del espectro político, se peinó y cacharpeó para aparecer todas y todos en la foto del diseño de una solución constitucional. Tal vez, este es el último intento constitucionalista enredado en la ilegítima Constitución Pinochet–Lagos.
Hasta ahora y, por ahora, el poder constituido no cuenta con un “Plan B” para un eventual rechazo a este tercer proceso constituyente. El mismo poder constituido que rechazó la partida presupuestaria para darle continuidad al primer proceso constituyente, impulsado por la presidenta Bachelet el año 2016 con la participación directa y efectiva en el país y en el extranjero por chilenas y chilenos que se dispusieron al diálogo constituyente desde “encuentros locales autoconvocados” por la ciudadanía, hasta los cabildos provinciales y regionales, cuyo proceso de sistematización dejó una propuesta de nueva Constitución guardada y archivada. El mismo poder constituido que vio con distancia y recelo el segundo proceso constituyente y su texto, rechazado ampliamente por la ciudadanía en un plebiscito de salida con voto obligatorio.
Ante la eventualidad de un voto “en contra” a la propuesta de texto constitucional, emanado del actual órgano, es visible que el poder constituido ya no tiene más piezas que mover y serán los votantes los que pongan una cabeza de caballo al poder constituido, justo en medio del tablero en blanco y negro, donde todas y todos son partícipes, porque una vez más, estamos frente al “diseño de una solución” que, como salida política, impone el blanco y negro a nivel decisional y no una elección efectiva multicolor, para quedarnos con una nueva Constitución.
¿Es viable un cuarto proceso constituyente en Chile? Al menos, mi respuesta es que no es necesario. Entonces ¿Volvemos a la Constitución Pinochet-Lagos ante el rechazo al tercer proceso constituyente y, así, todo vuelve a manos del poder constituido? Creo que tampoco es necesario, tanto por lógica, credibilidad, dignidad y espíritu democrático.
Primero que todo, despejemos la falsedad insostenible que Kast y los republicanos ganan en ambos escenarios, ya sea que se vote “a favor” o “en contra” el nuevo texto constitucional, porque evidentemente no es cierto. Si se aprueba, es porque no fueron capaces de imponer sus enmiendas y texto de trincheras, para hacer de Chile la copia feliz del Edén dictatorial. Si se rechaza o vota en contra es porque se le soltó la cadena a la derecha pinochetista y queda vigente la Constitución actual que, en las vísperas del plebiscito de salida del segundo proceso constituyente, se modificaron los quorum a 4/7 para las reformas constitucionales deseadas por el poder constituido, o sea, para el juego decisional eterno de “los mismos de siempre”.
Existe viabilidad política para, esta vez, salirse del paradigma de “el diseño de una solución” y avanzar hacia “soluciones de diseño”. Sí, sí se puede. ¿Cómo se puede dejar en manos del pueblo soberano votar una nueva Constitución Política? Muy fácil, respondiendo al mismo espíritu que ha animado los tres procesos constituyentes hasta la fecha y que está expresado en los mismos acuerdos políticos que se han afanado por redactar una Nueva Constitución Política para Chile.
Entonces ¿Dónde ha estado el problema en estos procesos fallidos? Ha estado en la instrucción o indicaciones de la papeleta que llega a las manos del votante, donde se le dice vote Apruebo o Rechazo, o bien, vote A favor o En contra del nuevo texto constitucional propuesto por el órgano redactor, pero, en rigor y en lo sustantivo, procedimental y psicológico, a la ciudadanía no se le da a elegir asertivamente para resolver el problema constitucional, que deje atrás la ilegitimidad de la Constitución vigente, o bien, que la legitime directamente y no por omisión o defecto. Es decir, si el voto hubiese hecho elegir entre la Constitución de 1980 y el Proyecto de Constitución de 2022, el nivel de conciencia y compromiso sobre lo que se está votando y su implicancia, unido a marcar el voto y depositarlo en la urna, habría generado un cierre asertivo del proceso.
Una constante en el ejercicio de ciudadanía del pueblo de Chile y la diversidad de comunidades que lo componen (originarias, criollas, residentes extranjeros antiguos, residentes chilenos en el extranjero y nuevos migrantes con derecho a voto) es su nivel de adhesión y compromiso con un cambio constitucional. Desde las primeras acciones sobre la exigencia de una Asamblea Constituyente hace más de una década, pasando por el proceso constituyente del 2016, la Convención Constitucional y su texto del 2022 y el actual Consejo Constitucional en curso, el pueblo de Chile, cuando ha sido convocado a participar con su decisión soberana, siempre lo ha hecho de manera activa y democrática, para abordar el problema constitucional.
Este solo hecho histórico contemporáneo y fenómeno social, demostrado por el pueblo de Chile evidencia, hasta la saciedad, que hay viabilidad política para aprobar una Constitución Política, legitimada en plena democracia, pero quienes no han estado a la altura del pueblo soberano son los diseñadores de una solución constitucional rígida, excluyente y poco inteligente en cuanto a la modalidad de los plebiscitos de salida. ¡Sálganse de la caja! ¡Hasta cuándo el blanco y negro!
La viabilidad política de un plan B post rechazo al tercer proceso constituyente debe sustentarse en tomar los 3 textos constitucionales (2016, 2022, 2023) como “soluciones de diseño” y entregarle la decisión en las urnas al pueblo de Chile, para que este finalmente escoja una nueva Constitución Política para toda y todos. Las personas van a votar, al fin, por una Nueva Constitución, valorizando los esfuerzos y recursos personales, colectivos e institucionales que Chile ha invertido en los últimos 7 años. ¡Mire que lindo ¡Y, al séptimo año se hizo la luz.
Efectivamente se puede hacer. Si no, pregunte cómo se inventaron estos tres procesos constituyentes de los últimos 7 años. El del año 2016 se hizo por la voluntad política del gobierno de Bachelet y los dos últimos son frutos de acuerdos políticos post estallido social que puso en alta visibilidad la crisis de legitimidad institucional que arrastra Chile sobre el problema constitucional, desde el retorno a la democracia. Ahora, también se puede hacer mediante un nuevo acuerdo político que tan solo habilite un nuevo plebiscito, cuya salida sea demostrativa de considerar comparativamente las soluciones de diseño de las propuestas de proyectos constitucionales uno al lado del otro en un único voto.
Proyecto Constitucional 2016 _ Proyecto Constitucional 2022 _ Proyecto Constitucional 2023 _
Sobre esa base tiene que haber un tiempo de campaña electoral suficiente, después del 17 de diciembre, donde las diversas fuerzas políticas y sociales defiendan los proyectos a votar, para que la ciudadanía dirima sobre los tres proyectos constitucionales de los últimos 7 años.
La viabilidad política para este Plan B es similar al acuerdo político del Congreso Nacional que estableció un quorum de 4//7 para las reformas constitucionales antes de la votación del plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022 y ese quorum tiene que ser parte del acuerdo político, que disponga de un plebiscito constitucional para enero del 2024, en el caso que se rechace el texto presentado por el Consejo Constitucional el 17 de diciembre del 2023. Es decir, con todas las cartas arriba de la mesa y con la mayor transparencia ante la ciudadanía.
El poder constituido podría, esta vez, anticiparse a la profundización de la crisis de legitimidad institucional y devolverle el poder de decisión al pueblo soberano. Ahora ¿Qué pasaría si hay dos opciones que logran las primeras preferencias de las votaciones? En tal caso, el acuerdo político de noviembre del 2023 tiene que contemplar este tipo de dinámicas, considerando las tradiciones ya consagradas como la segunda vuelta electoral y, en ese caso, se aplica la doctrina Leonel Sánchez “Qué gane el más mejor” (proyecto constitucional). Cualquier otra posibilidad de innovación colaborativa que surja de este acuerdo político de noviembre del 2023, sin lugar a duda, va a contribuir para que Chile pueda tener en el verano del 2024 una nueva Constitución.
