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Preservar los lugares de memoria Opinión

Preservar los lugares de memoria

Daniela Aceituno Silva
Por : Daniela Aceituno Silva Trabajadora social, magíster en Ciencia Política
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Los lugares de memoria, como diría Pierre Nora, son “construcciones destinadas a detener el tiempo, inmortalizar la muerte”. En palabras de Steven Stern, estamos frente a “nudos convocantes”, es decir, referentes concretos que anudan memorias sueltas y que nos interpelan, o como dirían Elizabeth Jelin y Victoria Langland, un tipo de “marca territorial”, que corresponden a lo acontecido y en soportes de inscripción producen y modifican el recuerdo.


José Ángel Cabeza Bueno, Francisco Javier Calderón Nilo, Juan Guillermo Cuadra Espinoza, Domingo Octavio Galaz Salas, José Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, Bernabé Del Carmen López López, Juan Bautista Núñez Vargas, Carlos Manuel Ortiz Ortiz, Héctor Santiago Pinto Caroca, Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas, Víctor Manuel Zamorano González, Hernán Pinto Caroca y Héctor Guillermo Castro Sáez son los nombres los campesinos del asentamiento Escorial que fueron detenidos y ejecutados durante la dictadura cívico militar de 1973.

El pasado miércoles 02 de agosto, siendo las 23:00 horas aproximadamente, se produjo una destrucción, por personas desconocidas hasta ahora, de la placa de mármol que los recuerda y que se ubica en el sector Cuesta de Chada, a 40 kilómetros de la comuna de Paine.

Hay quienes podrían decir que se trata “solo” de un soporte material fácilmente reparable. Pero lo cierto es que más allá del “objeto”, lo relevante es tomar conciencia respecto de lo que ese dispositivo representa y significa, especialmente para las familias de las víctimas, y cuyo valor trasciende o debiera trascender a la sociedad toda.

Los lugares de memoria, como diría Pierre Nora, son “construcciones destinadas a detener el tiempo, inmortalizar la muerte”. En palabras de Steven Stern, estamos frente a “nudos convocantes”, es decir, referentes concretos que anudan memorias sueltas y que nos interpelan, o como dirían Elizabeth Jelin y Victoria Langland, un tipo de “marca territorial”, que corresponden a lo acontecido y en soportes de inscripción producen y modifican el recuerdo.

Este hecho lamentable, no solo demuestra lo desprotegidos que están este tipo de espacios, sino, sobre todo, lo fragilizada que está nuestra cultura de derechos humanos. Parece increíble, pero es cierto, que a 50 años de ocurrida la dictadura sigamos, cada cierto tiempo, enterándonos de que distintos lugares (incluidos memoriales y sitios de memoria) son rayados, destrozados y que incluso han sufrido robos y pérdidas patrimoniales y de material de archivo relevante para la historia del país.

Tanto la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que la prevención y la preservación de la memoria constituyen parte de lo que se conoce como garantías de no repetición y que representan una adecuada reparación, sosteniendo en sus pronunciamientos y fallos, respectivamente, que los actos simbólicos de los Estados permiten recuperar la memoria de las víctimas y especialmente el reconocimiento de su dignidad.

El haber tenido, hoy en Chile, una política estatal de preservación y mantención de los sitios de memoria y conciencia, probablemente no habría frenado el que este tipo de hechos sucedieran, pero sí al menos otorgaría un marco de acción o procedimiento administrativo y legal distinto al tratamiento que actualmente se le da y que es similar al de delitos comunes. Con esto me refiero a contar con una mayor significancia y celeridad en la realización de las debidas investigaciones y establecimiento de los responsables. Su categorización debiera ser tal, de manera de dar, desde el Estado y su sistema de Justicia, una señal de que este tipo de acciones son de máxima gravedad. Por lo demás, es este el que, con sus propios recursos, debiera activarse en la búsqueda de la justicia y de la adecuada restauración cuando una situación de esta naturaleza ocurre y no ser las agrupaciones de derechos humanos las que desplieguen sus esfuerzos para ayudarnos a visibilizar el problema.

Esta es una demanda histórica que especialmente ellas y los sitios de memoria han señalado, desde el retorno a la democracia. En ese sentido, necesitamos, y es obligación del Estado, avanzar en medidas que otorguen una mayor y mejor protección y permanencia en el tiempo de este tipo de espacios. De lo contrario, emerge una señal revictimizante de abierta permisividad e impunidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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