Opinión
Construir viviendas no es el único camino pues en el intertanto deben existir políticas transitorias que lleguen sobre todo a grupos marginados por los criterios de bonificación para ser seleccionados como beneficiarios de programas como el Subsidio de Arriendo o los utilizados una vez se catastra e interviene un campamento.
El Catastro Nacional de Campamentos de TECHO 2020-2021, ya daba cuenta de un acentuado aumento de las familias que habitaban asentamientos precarios en Chile. Para ese entonces 81.643 mil familias vivían en 969 campamentos a lo largo del país, un 39% más de lo reportado por el catastro anterior. En el último sondeo, para el período 2022-2023, el escenario está lejos de ser mejor. Actualmente se registran 1.290 campamentos, en los que habitan 113.887 familias, representando un 2% del total de hogares según la CASEN 2017 (TECHO, 2023). Entre el 2019 y el 2023 (relativo a la última década), la cantidad total de familias en esta situación habitacional ha aumentado en un 142,06%.
La crisis habitacional es un hecho y resulta alarmante que hoy se proponga debatir un proyecto de ley “Anti tomas” que criminaliza por sobre todo la pobreza en nuestro país. Del total de familias que fueron catastradas, más de un 70% indica que las razones para llegar a vivir en un asentamiento precario son: (i) la necesidad de contar con independencia, dejando la situación de allegamiento; (ii) los bajos ingresos; y (iii) el alto costo de los arriendos, llegando a habitar, en un 74,6% terrenos en desuso o subutilizados.
El componente etario juega un rol significativo en esta crisis, pues según la última caracterización realizada por el MINVU, destaca entre quienes habitan campamentos los segmentos de edad entre los 25 y los 34 años, es decir, mayoritariamente son familias jóvenes quienes se asientan en ocupaciones irregulares para resolver transitoriamente la falta de viviendas y, por cierto, de oportunidades pues las políticas públicas en materia habitacional no cuentan con criterios que faciliten la obtención de una solución habitacional transitoria (arriendo) o permanente (vivienda propia) para un grupo de la población altamente precarizado en ingresos y acceso a beneficios sociales.
Preocupante es también la situación de la niñez y adolescencia, pues para el 2022-2023 se registran más de 100 mil NNA habitando campamentos y más de 700 viviendo en situación de calle solos o con sus familias.
La crudeza de los datos no hace más que reafirmar la crudeza de la realidad. Chile tiene una crisis habitacional de la que hacerse cargo a través de políticas públicas que atiendan la multiplicidad de causas que engrosan día a día el número de familias que vive en condiciones de alta precarización.
Construir viviendas no es el único camino pues en el intertanto deben existir políticas transitorias que lleguen sobre todo a grupos marginados por los criterios de bonificación para ser seleccionados como beneficiarios de programas como el Subsidio de Arriendo o los utilizados una vez se catastra e interviene un campamento. En esa situación se encuentran sobre todo las y los jóvenes, con bajos o inexistentes ingresos, alta informalidad laboral y lejos -muchas veces- de cumplir con los criterios que son bonificados por los programas existentes.
Reducir el stock de familias que habita un campamento es un imperativo, pero ello no puede perder de vista la importancia de reducir la probabilidad de llegada, entregando oportunidades laborales y focalizando en grupos hoy desatendidos.
