Opinión
Es crucial que los centros privados reporten estas atenciones a los centros de la APS pública donde los usuarios deben estar inscritos. Esto implica coordinar acciones de salud en los territorios. Una acción como esta permitiría un seguimiento efectivo y una atención integral del paciente, reduciendo así las hospitalizaciones y los costos a largo plazo.
Más allá de la postergada solución de la crisis de las isapres, la reciente migración masiva de afiliados desde estas hacia Fonasa ha encendido las alarmas en el sistema de salud chileno. Según datos recientes, entre enero de 2022 y marzo de 2023, 360 mil personas se cambiaron del sistema privado al público. En un período más amplio, 548 mil personas hicieron el cambio en 3 años. Este fenómeno pone en jaque la configuración de nuestro sistema de salud y requiere una acción inmediata y coordinada.
La Dirección de Presupuesto (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene la tarea inmediata de reasignar y aumentar los fondos destinados a Fonasa. Todos los fondos recaudados por cotizaciones deben ir a Fonasa sin que como contrapartida el ministerio de Hacienda retire aporte fiscal. Este año debemos ver que se aumente el presupuesto de Fonasa, si no sería una decepción para los millones de chilenos que confían en el sistema.
Un análisis preliminar sugiere que adicionalmente se necesitaría un aumento del 10% al 15% en el presupuesto de Fonasa para el próximo año fiscal, lo que equivale a aproximadamente 200 millones a 300 millones de dólares. Estamos conscientes de que muchos profesionales y usuarios informados no permitirán que el Estado pretenda ahorrar usando los fondos de cotizaciones, menos aún cuando el sistema se ve enfrentado a la disyuntiva de despedir cientos de trabajadores que son necesarios o cuando hay deudas impagas con el sector privado que deben ser honradas.
Pero sabemos que mantener el flujo de recursos en el sistema, esta vez mediado por el asegurador público, es imprescindible, pero no es suficiente. Es necesario que Dipres se allane a financiar soluciones innovadoras (lo lógico sería que Fonasa pudiera hacerlo sin requerir autorización, pero el centralismo en Teatinos es persistente). A modo de ejemplo, una de las muchas medidas posibles en esta transición sería que se deriven pacientes a los prestadores privados para atenciones de primer nivel, utilizando la solicitud de horas a través de la plataforma Telesalud y una Ficha Clínica Compartida dispuesta a los prestadores clínicos privados. Esto no solo aliviaría la carga sobre los centros de salud pública, sino que también permitiría una atención más rápida y eficiente en aquellos aspectos donde no podemos cerrar las brechas de dotación en pocos meses.
Supongamos que un 20% de las nuevas incorporaciones a Fonasa (aproximadamente 72 mil personas) son derivadas a prestadores privados para consultas por Telesalud. Si el costo promedio de una consulta de Telesalud fuese de 20 dólares, estaríamos hablando de una inversión inicial de alrededor de 1.44 millones de dólares. Este es un costo muy menor respecto a la nueva recaudación y, de paso, permitiría integrar la libre elección a un enfoque de red territorial de APS.
Es crucial que los centros privados reporten estas atenciones a los centros de la APS pública donde los usuarios deben estar inscritos. Esto implica coordinar acciones de salud en los territorios. Una acción como esta permitiría un seguimiento efectivo y una atención integral del paciente, reduciendo así las hospitalizaciones y los costos a largo plazo.
La migración desde las isapres a Fonasa es una oportunidad para repensar y mejorar nuestro sistema de salud. Con una inversión estratégica y una colaboración efectiva entre el sector público y privado, podemos no solo enfrentar este desafío, sino también establecer un nuevo estándar para la atención médica en Chile.
