Opinión
Es alarmante cómo la política puede aprobar leyes en tiempo récord en otros ámbitos, mientras un proyecto tan vital como este sigue esperando su turno. La balanza de prioridades claramente necesita ajustarse.
El 8 de octubre no fue una fecha cualquiera; representó un desgarrador recordatorio de la postergación sistemática de nuestros niños y niñas: han pasado diez años desde que un crucial proyecto que buscaba reformar la Ley de Adopciones ingresó al Congreso Nacional, sin que, al día de hoy, culmine su tramitación. Diez largos años en los cuales el compromiso con la infancia ha sido una retórica repetida hasta el cansancio por todos los sectores políticos, pero que ha demostrado ser poco más que palabras al viento.
El lento trámite parlamentario es inexcusable. Seis años en la Cámara de Diputados, y aunque la Cámara Alta insinuó una resolución más rápida, aprobando la iniciativa en general en marzo de 2022, su completa paralización desde entonces denota una apatía incomprensible hacia la urgencia de la situación.
La celeridad en las respuestas institucionales frente a las vulneraciones que sufren nuestros niños es crucial. Postergar decisiones durante años, o incluso meses, tiene un impacto irreparable en la vida de un niño, especialmente en sus primeros años.
Por esta razón, entre otros puntos, la nueva legislación debe priorizar la claridad y rapidez en los procesos, limitando la discrecionalidad de los juzgados al determinar la susceptibilidad para la adopción. Debemos trascender debates teóricos que, a pesar de sus buenas intenciones, resultan en prácticas perjudiciales. La priorización voluntarista del retorno a las familias biológicas sin una evaluación realista y acotada en el tiempo de sus posibilidades de éxito, ha atrapado a muchos menores en ciclos interminables y dolorosos de abandono y retorno entre sus familias de origen y los llamados “centros de protección”.
Cada día que pasa, nuestros niños y niñas ven disminuir sus posibilidades de tener una verdadera familia y, con ello, profundizan cicatrices emocionales y físicas que llevarán consigo de por vida. Son relegados a un sistema que, en lugar de ofrecer protección y amor, los confina e institucionaliza en un entorno despersonalizado e indiferente. Marginados entre los marginados, abandonados o maltratados por sus familias de origen e ignorados por la sociedad y el Estado, son convertidos en noticia solo cuando la tragedia golpea.
La resistencia de ciertos legisladores a permitir que parejas homoparentales adopten, a pesar de la legalización del matrimonio igualitario, refleja una mentalidad desfasada que no tiene cabida en el Chile actual, solo justificable en el prejuicio y la ignorancia. Sin embargo, esta resistencia palidece en comparación con el desinterés palpable y transversal de la clase política hacia una causa que debería ser prioritaria.
Es alarmante cómo la política puede aprobar leyes en tiempo récord en otros ámbitos, mientras un proyecto tan vital como este sigue esperando su turno. La balanza de prioridades claramente necesita ajustarse.
El llamado es directo y contundente: es imperativo que los poderes Ejecutivo y Legislativo escuchen la voz silenciada de nuestra infancia. No hay espacio para más demoras ni excusas. Es una responsabilidad ética, y los niños y niñas de Chile no pueden esperar ni un día más.
