Opinión
Ahora bien, orientar esta labor requiere de una agenda política distinta, que logre poner en positivo aquella sociedad que queremos construir, anteponiendo una cultura de la paz ante la cultura de la violencia.
Frecuentemente se puede escuchar que la seguridad es un tema incómodo para la izquierda, en contraposición a la derecha que no duda en aplicar “mano dura”. Este lugar común no solo hace agua al contrastarlo con el compromiso que ha demostrado el gobierno de Gabriel Boric al ser uno de los que más ha legislado y ha destinado recursos para seguridad, sino que además no se condice con el hecho de que el Estado en su conjunto, independiente de los gobiernos de turno, a nivel nacional y local, tiene aún un importante trecho por recorrer para darle a la ciudadanía la tranquilidad y seguridad que anhela.
Y es que la citada “mano dura”, reflejada en acciones efectistas como el aumento de la presencia policial sin una discusión de fondo que fortalezca su rol preventivo y que los dote de mejores herramientas para enfrentar las nuevas dinámicas del delito o iniciativas legislativas para el endurecimiento de penas por la comisión de delitos sin abordar las casi inexistentes políticas de rehabilitación y reinserción social, constantemente ha demostrado ser una medida de poco alcance, incapaz de hacerse cargo de las causas de fondo que originan la sensación de inseguridad, la violencia y el delito.
Parece ser que parte de este cliché de la incomodidad de la izquierda con esta agenda, se sostiene en la aparente incompatibilidad de dar respuestas inmediatas a una problemática urgente como lo es la seguridad, sabiendo que ir a la raíz del problema requiere de un trabajo de largo plazo y poco vistoso. El gobierno ha dado buenas señales en este sentido, al abordar tanto el fortalecimiento de las capacidades para la respuesta ante los delitos, dotando de más recursos a las policías, a la vez que se aumentan los recursos para aquellos programas que apuntan a los factores en los cuales se origina la violencia y el delito, como el es el Programa Lazos, por dar un ejemplo.
Las condiciones urbanas, culturales, sociales, económicas, entre otras, son cuestiones fundamentales a la hora de comprender de forma amplia los fenómenos del delito y la violencia y difícilmente pueden ser atendidas solamente desde una autoridad central o con políticas reactivas. Estamos frente a una cultura de la violencia, que alimenta una serie de círculos viciosos que nuestra sociedad debe romper si queremos avanzar en esta materia y es importante que tanto las autoridades políticas, desde lo local a lo nacional, como también la sociedad civil, tomemos parte activa en sostener un trabajo permanente para hacerle frente.
Ahora bien, orientar esta labor requiere de una agenda política distinta, que logre poner en positivo aquella sociedad que queremos construir, anteponiendo una cultura de la paz ante la cultura de la violencia, llenándola de contenido. No se trata de inventar la rueda, las iniciativas que apuntan a mejorar la convivencia y recuperar la cohesión social en las comunidades están presentes a lo largo y ancho del territorio, pero se requiere agruparlas bajo una racionalidad política que permita que ocupen un lugar central en la agenda.
El proceso constituyente abierto desde 2018 nos ha demostrado que no es fácil construir acuerdos para modificar aquellos elementos centrales de nuestro ordenamiento político, que la forma de instalar y comunicar los contenidos en disputa no es trivial. Así, contribuir a un entendimiento más amplio de lo que significa y que se requiere para establecer una cultura de la paz en Chile, poniendo por delante una mirada respetuosa sobre los derechos de las personas es un desafío grande pero necesario para las fuerzas políticas que se propongan intentar abordar el aparentemente interminable debate sobre la seguridad.
Las autoridades políticas tenemos mucho por hacer en esto, no sólo abordando las iniciativas concretas que nuestras diversas obligaciones y facultades permitan a cada quien, sino también nutriendo un debate público respetuoso, basado en evidencias, con mirada de futuro y donde se deje de utilizar el miedo como herramienta política.
