Opinión
Chile ha llevado a cabo grandes reformas que apuntan a garantizar este derecho, como la gratuidad en la Educación Superior desde el año 2014.
El derecho a la educación ha sido un desafío permanente en las agendas mundiales lideradas por Unesco por más de medio siglo, su foco principal ha estado puesto en la educación primaria y secundaria, sin embargo en el ODS 4, Educación de Calidad, dice: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, incorporando a la Educación superior, bajo la premisa de “Aprendizaje a lo largo de la vida”.
Las Instituciones de Educación Superior a nivel mundial han crecido sustancialmente durante los últimos años, pasando de un 19% a un 38% de ampliación de su matrícula, según datos de Unesco, y para el caso de las mujeres el aumento es del 19% al 41%, siendo las principales beneficiarias del aumento del acceso a la educación terciaria en el mundo.
Estos son números sin duda muy alentadores, sin embargo, cuando se trata de abordar el derecho a la educación, muchas veces queda disociado de la Educación Superior, porque quienes acceden son aquellos que reúnen mejores características para ingresar, permanecer y ser titulares de las instituciones.
Para garantizar un derecho, en particular en la Educación Superior, es necesario que los países cuenten con apoyo económico para aquellos estudiantes que no pueden pagar las matrículas y apoyo no financiero para permanecer y titularse.
Chile ha llevado a cabo grandes reformas que apuntan a garantizar este derecho, la gratuidad en la Educación Superior desde el año 2014 y la creación de vías de ingreso complementarias a la educación superior, la incorporación del ranking, los programas propedéuticos y el programa PACE del Mineduc, han puesto en el centro reconocer el talento académico en base a los méritos respectivos más que a las posibilidades económicas y sociales del estudiantado.
En ese contexto, se han creado sistemas que favorecen a los estudiantes independientemente de sus condiciones adversas de contexto, que están fuera de las razones académicas, entre ellas, condiciones socioeconómicas, género, aquellos estudiantes primera generación, estudiantes en situación de discapacidad, estudiantes migrantes, entre otras, permitiendo crear estructuras que permiten ampliar las posibilidades de acceso especialmente en aquellos grupos más subrepresentados.
Para seguir avanzando en garantizar el derecho a la educación, la próxima semana se inicia en la Universidad Católica de Temuco el Congreso CLABES, un encuentro latinoamericano que reunirá a instituciones de todo el continente para compartir experiencias de inclusión y permanencia en la Educación Superior.
