Opinión
Con apenas 7.500 habitantes, el cierre de la salmonera castigaría al 50% de la población de Porvenir, forzando a miles de familias a la migración, amenazadas por la cesantía.
En un marco de gran incertidumbre, la salmonera Nova Austral evalúa cerrar sus operaciones en Chile. De ser así, Porvenir (Tierra del Fuego) perdería miles de empleos directos e indirectos, y el país profundizará y acelerará su debilitamiento estratégico en el extremo sur.
Impávidas, Santiago y Punta Arenas observan desinteresadas el debilitamiento de nuestra isla, prisionera de una estrategia esparcida en distintos estamentos públicos, tanto en La Moneda como en el Gobierno Regional de Magallanes, que pretenden “refundar” Tierra del Fuego dedicada al ambientalismo internacional. El modelo jurídico y de gestión política del parque Karukinka –en origen banco norteamericano Goldman Sachs en manos de la afuerina Wildlife Conservation Society (WCS)– es el ejemplo a seguir.
Con apenas 7.500 habitantes, el cierre de la salmonera castigaría al 50% de la población de Porvenir, forzando a miles de familias a la migración, amenazadas por la cesantía. De ocurrir la quiebra, se ahondará el despoblamiento y abandono de los territorios al sur del estrecho de Magallanes. Si en 1920 la población chilena y argentina de Tierra del Fuego ascendía a 2.500 habitantes a cada lado, este año el sector chileno no supera los 8.600 habitantes, mientras que el argentino roza las 200.000 personas.
Esta asimetría está teniendo visibles implicancias geopolíticas en Tierra del Fuego y cabo de Hornos, pues Argentina está ejerciendo una posesión política de peso y de creciente reconocimiento internacional: todo contribuye a fortalecer su soberanía en el Mar Austral y la Antártica. La política austral argentina no se pierde en lenguajes de moda: es “carnívora”. No se limita a la agenda de las agencias internacionales.
El Estado argentino y la sociedad argentina están presentes y activos en Tierra del Fuego, y desde ella se proyectan a través de innumerables actividades hacia el Polo Sur. En cambio, la nortina Punta Arenas sigue obsesionada en detener el reloj del tiempo, promoviendo una política antártica “vegana y turquesa”, que desde la orilla norte del estrecho de Magallanes se contenta con ser “puerta de entrada a la Antártica”.
Si bien el cierre de Nova Austral se origina en faltas inexcusables de la propia empresa, también significa un triunfo mayor para un ambientalismo afuerino, que enarbola la bandera de una Patagonia (y también una Tierra del Fuego) “libre de salmoneras”. A cambio, nos pide que nos contentemos con ser su “laboratorio natural”.
Para los cálculos de ese sector ideológico, los fueguinos somos, apenas, víctimas colaterales de su supuesta “superioridad moral e intelectual”. En cambio, para las familias fueguinas, el ambientalismo nortino no es más que un adversario invisible, que no habita nuestro territorio y tampoco lo conoce (aunque presume conocerlo).
La circunstancia es más grave, pues el ambientalismo afuerino ha contado con la venia de un Gobierno Regional elegido en 2020, que ha evitado ponerse del lado de las familias de Porvenir. Todo se resume a algunas “reuniones”, puntos de prensa, notas en medios, y a intentar sanar la metástasis cancerígena que sufre nuestra isla con limonada caliente. Cómo olvidar cuando, en 2018, el actual gobernador regional (entonces intendente del Gobierno de Bachelet) sentenció con su voto el cierre de la Mina Invierno: de nada sirvieron el reclamo de 1.100 trabajadores y sus familias. La historia se repite, y la lógica del gobernador la explica el Servel: nuestro padrón electoral es muy pequeño.
Esto pasa también porque el Gore de Magallanes padece de su propio centralismo, pues, en la práctica, “Punta Arenas es Magallanes”. Mientras los habitantes de las regiones extremas somos –comparados con los del centro del país– de “segunda categoría”; a los fueguinos y la gente de Puerto Williams el centralismo magallánico nos condena a una innoble “tercera categoría”.
Para las familias fueguinas, las medidas de excepción como la “Ley Austral” o la “Ley Navarino”, de poco y nada han servido. Han sido pensadas para que capitales y empresas se radicaran en nuestra isla para crear empleo y desarrollo. El cierre de Nova Austral demuestra que, pasadas décadas de aplicación de esas leyes, el desconocimiento de nuestra realidad sigue siendo una característica no solo del Estado, sino de nuestra clase política y de nuestras élites centralistas. A esto se suma el desorden administrativo imperante en los servicios públicos, y la falta de preparación y de vocación de servicio que se ve en muchas reparticiones estatales.
El Presidente Gabriel Boric, “nacido y criado en Punta Arenas”, es un ejemplo de ese centralismo. A pesar de sus innumerables viajes a Punta Arenas, nunca se interesó por la situación de Tierra del Fuego. Evocando el refrán “en casa de herrero, cuchillo de palo”. Para los fueguinos da lo mismo quien gobierne.
