Opinión
La implementación y ampliación de programas de reinserción, la mejora de las condiciones carcelarias y la promoción de una justicia humana son pasos esenciales hacia la construcción de un sistema penal más justo y efectivo.
La medida de Luis Cordero, ministro de Justicia, ha causado escozor o malestar en ciertos sectores. Se trata del oficio que su cartera envió a Gendarmería, para que diera cuenta, de forma mensual, a jueces y fiscales, acerca del número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país.
En entrevista recogida en El Mercurio explicó que la medida apunta a que todos los actores del Sistema de Justicia Penal tengan a la vista los datos, en el contexto de la sobrepoblación penal que hoy existe en el país. Según señaló, en los últimos 24 meses, el aumento ha sido de un 40%, mientras que el número de plazas (41.000) se mantiene igual hace una década.
Pues bien, el “polémico” oficio causó revuelo, incluso algunos lo calificaron de “irresponsable”, y hasta el presidente de la Excma. Corte Suprema salió a precisar que los jueces deben resolver conforme a Derecho, y si no hay cárceles, eso es ya es responsabilidad del Ejecutivo.
Cabe preguntarse si el oficio y su finalidad contienen, de algún modo que no implique tergiversar la finalidad de este, una invitación a resolver contra la ley, por ejemplo, en materia de prisiones preventivas, la cautelar más intensa del proceso penal.
Creemos que nada de eso se puede desprender, válidamente, de la información que se pondrá a disposición de jueces y fiscales, máxime cuando la normativa debe ser aplicada a cada caso concreto y sus particularidades. Lo que el oficio del Ministerio de Justicia hará es poner información sobre la mesa, y no seguir escondiendo la escandalosa situación de las cárceles bajo la alfombra.
Cordero no es populista, y en los tiempos que corren eso debiese ser una buena noticia. No busca, a diferencia de muchos, ganancias políticas con esta medida. Además, para nadie medianamente informado puede ser sorpresiva esta preocupación del ministro, quien ya ha expresado antes que se abusa de la prisión preventiva, cuestión que, con cifras en mano, es imposible de rebatir, donde la preocupación debiese estar puesta en cómo nos hemos acercado a las cifras de imputados no condenados que están en nuestras cárceles, habiéndose retrocedido notoriamente en lo que la reforma a la justicia penal buscó originalmente, pero que con sucesivas reformas legales ha terminado vaciándose de contenido o desperfilándose.
Como sea, este oficio de la cartera de Cordero ha servido, cómo no, para unas reflexiones absolutamente irresponsables y de suyo superficiales, y desde luego en sintonía en lo medular con el populismo punitivista que, bajo un mensaje simplista, busca solucionar todo este fenómeno bastante más complejo metiendo a todos y todas en las cárceles, que colapsadas son fuente de reclutamiento y formación para el delito, y que caracteriza desde hace muchos años lo que los medios que hacen del delito y de la delincuencia, titular permanente que debemos digerir todos los días.
En agosto del año pasado, a propósito de un audio filtrado donde una jueza advertía a un testigo de las características de una cárcel (como un lugar hediondo, peligroso e insalubre), reflexionamos sobre las cárceles en nuestro país. Dijimos ahí que la situación insostenible de los centros de reclusión en el país obliga a pensar qué responsabilidad nos cabe a cada uno en esta verdadera crisis de civilidad mínima. Para ello, recurrimos a un clásico: F. Carnelutti.
En las páginas del libro Las miserias del proceso penal del maestro italiano Carnelutti, se revelaban ya las abrumadoras deficiencias y miserias inherentes al sistema carcelario. La cárcel, concebida como una institución destinada a rehabilitar y reformar a los delincuentes, se ha transformado en un lugar donde la humanidad y la civilidad son olvidadas y donde la dignidad se desvanece. Pero si ni los jueces de garantía están muy dispuestos a cumplir con su obligación de visitas presenciales a los centros carcelarios, con lo que estos lugares quedan fuera de todo control judicial, o ex post y excepcional en el mejor de los escenarios.
El primero de los problemas se encuentra en el propio diseño de las cárceles, decía el maestro, que se asemejan más a antiguos calabozos medievales que a instituciones modernas. Estos recintos oscuros, con escasa iluminación y ventilación, dan lugar a condiciones insalubres y derechamente deplorables. La falta de higiene y el hacinamiento son una realidad que no desaparece por no nombrarla, convirtiendo las cárceles en una vergüenza nacional. ¿Podemos sentir orgullo de lo descrito?
No obstante, el problema no se limita al entorno físico. Es dentro de las paredes de la cárcel donde se manifiesta una verdadera catástrofe humana. La cárcel se ha convertido en un caldo de cultivo para la violencia desatada, la contaminación criminógena y hasta para la corrupción. Bandas y facciones internas luchan por el control de los recursos escasos, convirtiendo el lugar en un campo de batalla, donde Gendarmería, con los escasos recursos que posee, muchas veces no da abasto para controlar con respeto a los DDFF que los reclusos no pierden por estar privados de libertad, incurriendo en vulneraciones que sin un sistema de ejecución penal de verdad seguirán ocurriendo permanentemente.
La inseguridad reinante hace que los reclusos estén constantemente en peligro, condenados a vivir en permanente riesgo. El sistema carcelario ha demostrado ser incapaz de cumplir su función rehabilitadora. Más bien, se convierte en una fábrica de criminales endurecidos y sin esperanzas en ningún tipo de rehabilitación. Las escasas oportunidades de educación y formación, así como la escasa perspectiva de un futuro digno, hace que muchos reclusos, una vez recuperada la preciada libertad, incurran en la reincidencia.
¿Dónde está la justicia en este ciclo interminable?
Es en este punto donde el libro de Carnelutti expone una crítica mordaz al sistema penitenciario. La cárcel, concebida originalmente como una herramienta para impartir justicia y reformar al infractor, se ha convertido en una trampa en la que la sociedad parece haber renunciado a su deber de corregir y redimir a aquellos que han cometido delitos.
Es imperativo que la sociedad y las autoridades reconozcan la urgente necesidad de reformar el sistema carcelario. Junto con el combate al delito, en especial al crimen organizado, otra prioridad debe ser (alerta de opinión no populista) el respeto irrestricto a la dignidad humana y el reconocimiento de la capacidad de cambio y redención de los individuos.
La implementación y ampliación de programas de reinserción, la mejora de las condiciones carcelarias y la promoción de una justicia humana son pasos esenciales hacia la construcción de un sistema penal más justo y efectivo.
No podemos ni debemos resignarnos a que el lugar al que llamamos “cárcel” haya perdido su propósito original y se haya convertido en un espacio hediondo, peligroso e insalubre al cual, no pocas veces, se manda a imputados sin mayor discriminación ni análisis sobre la necesidad en el caso concreto de recurrir a la medida cautelar personal más gravosa (la prisión preventiva), y sin mayores consideraciones de proporcionalidad.
La crítica planteada por Carnelutti resuena hoy con más fuerza que nunca. Urge tomar medidas, pues todos los poderes del Estado han contribuido en esta crisis.
Como dijo Carnelutti, “nuestro comportamiento frente a los condenados es el índice más seguro de nuestra civilidad”. “Al llegar a cierto punto, el problema del delito y de la pena deja de ser un problema jurídico para seguir siendo, solamente, un problema moral”.
Cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. El ministro, junto con encargarse del déficit de cárceles, donde ha puesto buena parte de sus energías, aporta ahora con información que debiese ser valorada por los principales actores del sistema. En buena hora.
