Opinión
Chile necesita hacer cambios a su sistema previsional para mejorar las actuales y futuras pensiones, pero deben hacerse en base a datos y evidencia para destinar los recursos en aquellos que más lo necesiten.
El Gobierno declaró que está disponible para votar la reforma previsional en junio. El problema es que la propuesta no ha generado consenso en el Congreso. Para lograr respaldo en la población, desde La Moneda transmiten que el proyecto mejorará las actuales y futuras pensiones, y que cada día que se atrasa su aprobación estamos privando a los chilenos de estos beneficios. Sin embargo, la falta de consenso no está en el objetivo de mejorar las pensiones. Todos estamos de acuerdo en eso, obviamente. El debate está en el diseño y financiamiento de estas mejoras.
La propuesta sube las actuales pensiones a través de un Seguro Social, que entregaría a los pensionados un complemento de 0,1 UF por año cotizado, y a través del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que subiría desde los actuales $214.296 a $250.000. ¡Excelente pues! ¿Qué esperamos para aumentar las pensiones ahora mismo? El problema es que toda transferencia de recursos hacia un grupo de la población implica que alguien lo está pagando. Veamos.
El Seguro Social se financia a través del 3% de cotización de los sueldos formales. Se argumenta que legalmente lo paga el empleador, no el trabajador. Pero da lo mismo lo que diga la ley en el papel sobre quién paga el impuesto. Su carga económica, es decir, quien realmente lo paga desde su bolsillo, se reparte entre el empleador y el trabajador. Lo que paga el trabajador se traduce en un menor sueldo líquido para él, y lo que paga el empleador se traduce en un mayor costo de contratación. ¿Resultado? Esta cotización debilita el empleo y los sueldos formales de la población activa.
Sigamos con la PGU. Esta ayuda a los adultos mayores es financiada por todos los chilenos a través de impuestos generales. Hoy su gasto equivale a 1,8% del PIB y el aumento propuesto equivale a otro 0,7% del PIB. Este gasto extra requiere una mayor carga tributaria que podría perjudicar el crecimiento de la economía, además de ser recursos fiscales que podrían tener usos alternativos, como en seguridad, en la salud pública, en la educación escolar fuertemente afectada por la pandemia, entre otros.
De esta forma, no es inocuo financiar el Seguro Social y el aumento de la PGU. Ambas ayudas generan un costo sobre los chilenos y es bueno transparentarlo. ¿Esto implica que no debiéramos hacer ningún esfuerzo para mejorar las actuales y futuras pensiones? Por supuesto que no, pero sí quiere decir que los esfuerzos debieran focalizarse en quienes están menos protegidos por nuestro sistema previsional.
Para evaluarlo, se usan las tasas de reemplazo, que calculan qué porcentaje de los últimos ingresos laborales es cubierto por el monto de pensión. La tasa de reemplazo más exigente es comparar la pensión del jubilado con su último sueldo. Al hacer este análisis para los actuales pensionados, se estima que la pensión total (incluyendo la PGU) logra cubrir sobre el 75% del último sueldo líquido para los jubilados hombres, en todos los tramos cotizados. Es una tasa alta, incluso si nos comparamos con la OECD, que reportan una tasa de reemplazo promedio del 61%.
¿Dónde las tasas de reemplazo no son altas? En las actuales jubiladas mujeres que cotizaron por más años: a partir de los 20 años cotizados, la mediana de las tasas de reemplazo está bajo el 70%, siendo incluso menores del 50% para las que cotizaron más de 30 años. Además de este grupo, en varias proyecciones, incluidas las del Gobierno, se estima que las tasas de reemplazo serán menores para las futuras generaciones, tanto para hombres y mujeres.
Dados estos antecedentes, los esfuerzos para mejorar las pensiones debieran focalizarse en estos grupos: los futuros pensionados y en las actuales pensionadas mujeres con varios años de cotización. Para mejorar las futuras pensiones, se debiera aumentar la tasa de cotización y depositarla en las cuentas individuales de los trabajadores. Este aumento debe ser gradual, evaluando el impacto que genere sobre el empleo formal.
Para las actuales jubiladas, se podría crear un bono por año cotizado, financiado con impuestos generales. Este gasto debiera ser transitorio, para no estresar las arcas fiscales con el envejecimiento de la población. Para esto, al bono se le podría restar la pensión que las nuevas generaciones logren autofinanciarse a partir de la cotización extra.
Chile necesita hacer cambios a su sistema previsional para mejorar las actuales y futuras pensiones, pero deben hacerse en base a datos y evidencia para destinar los recursos en aquellos que más lo necesiten y tratar de reducir los costos que implica para los chilenos cualquier mecanismo de financiamiento.
