Opinión
La medida anunciada por el ministro parece ser más bien una buena excusa para culpar a la oposición de no cumplir con su promesa de reducir en un 25% la victimización. Es también una cortina de humo frente a la falta de autoridad del Gobierno para enfrentar los grandes problemas que aquejan a las instituciones policiales y que, directa o indirectamente, explican las deficiencias en la prevención y control del delito, como reducir los tiempos de respuesta, cambios en la formación, evaluación y promoción de los funcionarios para garantizar un trabajo policial altamente profesional, así como terminar derechamente con su excesiva autonomía, falta de control que administrativamente ha propiciado el desfalco de más de 20 mil millones de pesos en Carabineros, y el proceder criminal en algunas de sus operaciones, como en la generación de pruebas falsas en el caso Antorcha y el asesinato de Camilo Catrillanca.
La denominada “Agenda Corta Antidelincuencia”, promulgada en el año 2016, introdujo importantes cambios al control de identidad. En primer término, estableció la figura del “control de identidad preventivo”, conforme al cual Carabineros y la Policía de Investigaciones pueden solicitar la identificación de cualquier persona mayor de 18 años, sin la necesidad de justificar la medida, con el objeto de verificar la existencia de una orden de detención pendiente.
Al mismo tiempo, en relación con el control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal (también conocido como “control de identidad investigativo”), redujo las exigencias para su aplicación, habilitando a la policía a practicarlo ante la existencia de “algún indicio” –antes requería de “indicios”– de que una persona haya “cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles; o se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad”.
Cabe hacer presente que este instrumento permite, además de requerir la identificación de un individuo, el registro de sus vestimentas, equipaje o vehículo, aun cuando se trate de un menor de edad.
Sin perjuicio de esto, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca aumentar las facultades de la policía en la aplicación del control de identidad preventivo, permitiendo el registro de las personas durante su aplicación. Fundamenta esta iniciativa en la necesidad de dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad de mayores facultades para la prevención y control del delito.
El ministro quiere hacer creer que las deficiencias en el trabajo de la policía se explicarían por la falta de herramientas para actuar, lo que, como se ha dicho, no es efectivo, ya que ante la existencia de algún indicio estas ya cuentan con la facultad de registrar al sujeto que se controla, incluso si se trata de un menor de edad (artículo 85 del Código Procesal Penal). De esta forma, el polémico anuncio solo tendría efecto en el sentido de facultar al funcionario policial para ordenar a cualquier persona identificarse y registrarla, sin razón alguna, dotando insólitamente a la policía de un poder que a ninguna autoridad le está permitido, esto es, actuar por mero capricho.
Los cambios propuestos al control de identidad no solo generarían el retorno al Estado policial y la vulneración del derecho de todas las personas para transitar libremente, especialmente de los niños, sino también una política de seguridad absurda donde se privilegia el “disparo a la bandada” por sobre la inteligencia y focalización en la prevención y persecución de los delitos.
Asimismo, lejos de convertirse en una herramienta para el actuar de la policía, se constituiría en un nuevo componente del extenso listado de tareas administrativas que le son mandatadas, considerando que el foco del Gobierno ha estado en el número de controles realizados y no en su eficiencia. Dicho de otro modo, lo entiende como un fin y no como un instrumento.
Nada nos permite pensar que la aplicación del control de identidad preventivo se planificará de tal forma que se oriente estratégicamente a sus fines, contrariamente, lo que nos consta es la imposición de metas burocráticas para su aplicación, sin ningún sentido más que mostrar actividad, aun sin resultados. El Gobierno y varios de sus parlamentarios parecen estar obsesionados con la idea de disponer hordas de Carabineros que apliquen controles de identidad en las calles a todo quien sea posible, “por si cae alguno”, cual promotor de tarjeta comercial de multitienda.
¿Es que acaso el Gobierno adolece del síndrome de Peter Pan y su ingenuidad lo lleva a proponer y defender una medida que a todas luces no traerá ningún resultado?
Evidentemente esto no es así. La medida anunciada por el ministro parece ser más bien una buena excusa para culpar a la oposición de no cumplir con su promesa de reducir en un 25% la victimización. Es también una cortina de humo frente a la falta de autoridad del Gobierno para enfrentar los grandes problemas que aquejan a las instituciones policiales y que, directa o indirectamente, explican las deficiencias en la prevención y control del delito, como reducir los tiempos de respuesta, cambios en la formación, evaluación y promoción de los funcionarios para garantizar un trabajo policial altamente profesional, así como terminar derechamente con su excesiva autonomía, falta de control que administrativamente ha propiciado el desfalco de más de 20 mil millones de pesos en Carabineros, y el proceder criminal en algunas de sus operaciones, como en la generación de pruebas falsas en el caso Antorcha y el asesinato de Camilo Catrillanca.
