Opinión
El UBI (Universal Basic Income) se podría definir como la garantía de un pago en efectivo regular para cada ciudadano y de por vida, independientemente de si tienen o no ingresos por su trabajo. En diferentes países, se están haciendo pruebas para avanzar en ingresos básicos, aún tímidamente, y la gran pregunta es si en Chile están las condiciones para su implementación.
Es tal vez el tema más llamativo e impactante en el mercado laboral del siglo XXI. No forma parte de las reivindicaciones del mundo sindical, preocupado más bien por disminuir las horas laborales, por mejorar las remuneraciones y ampliar la seguridad social. ¿Es entonces un tema ajeno al mundo laboral?
La idea planteada originalmente en 1992 por el belga Philippe van Parijs, en su libro La renta básica: más allá de la sociedad salarial, ha permanecido viva y vigente. Hay, por lo menos, otros 7 libros dedicados al mismo tema, el último en inglés publicado el año pasado se llama Darle dinero a la gente, de Annie Lowrey.
Lo más significativo no es el texto y propuestas de esos libros, sino el hecho de que, en diferentes países, se están haciendo pruebas para avanzar en ingresos básicos, aún tímidamente, pero con resultados en desarrollo y evaluación. Entre ellos: Irán, Finlandia, Alaska, Brasil, México, Liberia, Honduras e Indonesia.
La gran pregunta para la izquierda chilena sería si están las condiciones para que, en los programas de las elecciones generales que se aproximan, se planteen como metas programáticas las ideas de Ingresos Básicos Universales.
¿En qué consisten? Se podrían definir como la garantía de un pago en efectivo regular para cada ciudadano y de por vida, independientemente de si tienen o no ingresos por su trabajo.
En Chile hay en pleno desarrollo una reforma para mejorar las pensiones derivadas del sistema de ahorro individual implantado durante el gobierno militar. El UBI (Universal Basic Income) solo tiene que ver indirectamente con el sistema de pensiones.
Consiste básicamente en cómo una persona en edad laboral que no trabaja o que decide no trabajar, puede recibir una cantidad modesta de dinero que le permita subsistir. Lo interesante es que, en el esquema teórico, si decide trabajar, aumentará sus ingresos, pero no dejará de recibir el UBI.
Hay dos ejemplos que ilustran bien, aunque con otros nombres, la idea de compensar por parejo a la población. Se refieren ambos a compensaciones por el uso de recursos naturales no renovables. Ambos casos son interesantes para la realidad chilena.
En el estado norteamericano de Alaska, desde 1976 se paga el llamado Fondo Permanente a todo residente en ese estado, un valor promedio de US$1.400 anuales, equivalente para una familia de 4 personas a US$6.000 al año, que lo pueden usar libremente. La población ha respaldado ese fondo y los candidatos que han propuesto reducirlo han sido derrotados en las urnas. Alaska es uno de los estados con menor desigualdad de ingresos entre los 50 estados norteamericanos.
[cita tipo=»destaque»]En el caso de Chile, tal vez lo razonable sería usar la experiencia finlandesa, es decir, elegir una región en la que algunos de miles de habitantes se ofrecieran a postular a no trabajar y vivir con un ingreso reducido durante un periodo determinado. A partir de esa experiencia se podría calcular el costo verdadero para la sociedad del ensayo y proyectar su extensión gradual para todo el territorio. ¡Buen desafío para políticos creadores![/cita]
En un país africano pobre, Kenia, hay un programa piloto llamado “Dar directamente”, que reparte sumas globales sin condiciones a los hogares, entre US$404 y US$1.525 en promedio con sorprendentes resultados positivos, entre ellos, que el 42% de los niños dejó de estar sin comer todo el día.
Son dos programas de apoyo a la población para compensar el agotamiento de recursos naturales no renovables, que, claro, debiera también preocupar en Chile.
El programa UBI más difundido se realizó en Finlandia en 2017 y abarcó a 2 mil personas desempleadas, a quienes se pagó US$600 mensuales sin la obligación de buscar o aceptar empleo. Ese programa duró dos años y se terminó en enero de este año. Aún se discuten sus resultados y qué variantes podrían emprenderse para renovarlo.
El problema difícil de resolver es el financiamiento de la gente que deja voluntariamente de trabajar. No es posible predecir cuánta gente postularía a no trabajar, estando en edad laborable y con cuánto ingreso sobrevivirían para vivir modestamente. ¿Se les mantendría un seguro de salud financiado con mínimos aportes? ¿Qué pasaría con la familia directa, cónyuges e hijos de los que postulen al ingreso mínimo? ¿Deberían tener un bien raíz para optar a ese ingreso o además tendrían derecho a una vivienda? Y lo más impactante, ¿podrían optar a trabajos remunerados y a aumentar sus ingresos?
En el caso de Chile, tal vez lo razonable sería usar la experiencia finlandesa, es decir, elegir una región en la que algunos de miles de habitantes se ofrecieran a postular a no trabajar y vivir con un ingreso reducido durante un periodo determinado. A partir de esa experiencia se podría calcular el costo verdadero para la sociedad del ensayo y proyectar su extensión gradual para todo el territorio.
¡Buen desafío para políticos creadores!
