Opinión
Crédito: Agencia Uno
En un escenario de desconfianza a las instituciones democráticas, la clase política y la élite empresarial, es fácil atribuir intereses corruptos a la negativa del gobierno respecto el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.
Sin embargo, la utilización de la retórica populista en este tipo de discusiones resulta irresponsable, considerando que el rechazo por parte de diversos actores se debe, entre otros aspectos, a cuestiones de derecho y de hecho.
En términos jurídicos, el espíritu de la norma en la Carta Fundamental le otorga al Ejecutivo la iniciativa exclusiva sobre proyectos de ley que supongan gasto fiscal, por lo que distintas fuentes han indicado que la iniciativa sería inconstitucional.
En términos económicos, exministros, académicos e intelectuales de todo el espectro político han advertido que reducir la jornada laboral sin medidas que compensen la producción ni gradualidad que permita evaluarla política en el tiempo, podría afectar negativamente los empleos e ingresos, y más todavía si consideramos que se encuentra en plena discusión la reforma al sistema previsional, la que que ya implica un aumento en los costos laborales.
Es decepcionante que, ante este escenario, quienes promueven el proyecto de 40 horas se guíen sólo por la convicción de que el mero hecho de reducir la jornada laboral mejoraría mecánicamente la calidad de vida de los trabajadores y su productividad. Peor es que ante la negativa sus promotores aduzcan intereses perversos en aquellos que se oponen a la forma en la que se está llevando a cabo la discusión: sin evidencia ni diálogo, y una nula disposición a buscar consensos en la materia.
Una democracia estable requiere políticas públicas sostenibles y un desarrollo económico constante y suficiente como para que los ciudadanos de toda clase y grupo puedan vivir en armonía. Para ello, los resultados de la discusión pública no deberían llevarse a cabo bajo una lógica de suma cero, sino bajo una lógica cooperativa, basada en la evidencia científica, de modo que redunde en el beneficio conjunto de los actores involucrados en la discusión, a saber, trabajadores, consumidores, empresarios, familias, y, en consecuencia, el país en general.
En efecto, el régimen democrático en el que nos desenvolvemos, el liberal, requiere de un arte de gobernar económicamente responsable, y socialmente pluralista. Sin ir más lejos, el proyecto de modernización laboral del Ejecutivo, con sus defectos, expresa un esfuerzo por incluir la diversidad de demandas que existen, en tanto se incluye la reducción de jornada a 41,5 horas mensuales promedio, llevándola a cabo con gradualidad, lo que permite la evaluación de los efectos de la política pública en el tiempo.
Una concepción pluralista de la sociedad podría ser un buen antídoto contra el populismo al que Chile, lamentablemente, se ha terminado acostumbrando en los últimos años. Sin embargo, para la introducción de ese antídoto no basta con estar en lo correcto, sino sobre todo saber comunicar las razones de fondo, a partir de las cuales se decide impulsar una determinada política pública.
