Opinión
El martes 19 de noviembre en horas de la tarde, y en medio de la profunda crisis social y política que afecta a nuestro país, nos enteramos de una noticia que viene desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, respecto al cierre y trasformación del Instituto Nacional de la Juventud como lo conocemos al día de hoy.
Varias fuentes, incluidas la asociación de funcionarios (AFINJUV), señalan en sus comunicados una operación gestionada por el Ministro de la cartera, quien busca una reducción presupuestaria del servicio, cercana al 22%, lo que equivale a $1.850 millones de pesos respecto al año fiscal 2019. La reducción de este presupuesto afectaría negativamente al programa para el desarrollo de Naciones Unidas, la no renovación de contratas y la desvinculación de funcionarios pertenecientes a las dotaciones de honorarios y de planta del servicio.
La evaluación interna que hace el Ministerio y su titular hacia el Instituto Nacional de la Juventud tiene directa relación con dos ámbitos fundamentales para el funcionamiento de cualquier servicio, el primero vinculado con la gestión que se realiza, la cual describen como mediocre e intrascendente y segundo, la mirada que tienen de sus funcionarios, siendo estos catalogados como operadores altamente politizados, sin reconocimiento alguno de sus labores profesionales o administrativas.
Ante esa situación, la AFINJUV entregó un comunicado mencionando la historia del INJUV, su importancia en materia social y a nivel de políticas públicas, pero además pidiendo la salida del Actual Director Nacional del servicio, la Sub Directora y su gabinete. Estos últimos actores serían los responsables de realizar un informe en octubre de este año, en medio del estallido social y el cual derivaría en una posterior propuesta durante la primera semana de noviembre, sugiriendo el cierre paulatino del servicio al año 2022.
Ahora bien, tomar una medida de estas características en medio de un contexto nacional como el que hoy vivimos, es una clara señal de carencia de un agudo olfato político, siendo esta una capacidad que debería primar en la situación que vive nuestro país. Esta no es una crítica que deba llegar exclusivamente al Ejecutivo, también al poder legislativo y a los diputados que aprobaron la idea, en el marco de la discusión del presupuesto nacional para el año 2020.
Desde un punto de vista social, el INJUV es la única entidad pública que trabaja temas vinculados a la juventud en la amplia extensión de la palabra. Esto no debiese ser sinónimo de orgullo, más bien de preocupación ya que la soledad institucional que vive este servicio es una realidad que nadie puede negar.
Hoy por hoy, los municipios no abordan estás problemáticas y necesidades que el INJUV busca cubrir – salvo aquellos que tienen presupuestos para hacerlo y que se alejan de la realidad del grueso de los Municipios a nivel nacional – es por ello que cualquier análisis técnico y social debería apuntar a una modernización de la Institución, que contemple una serie de aristas fundamentales para la gestión pública y su vínculo con la ciudadanía, pero nunca apuntar hacia el cierre paulatino de un servicio que juega un rol trascendental para una parte considerable de la población de nuestro país.
La primera arista que se debe analizar es la posibilidad de avanzar en una la focalización de recursos, en base a nuevas necesidades; el INJUV históricamente ha cumplido un importante rol respecto a la generación de diagnósticos, por medio de la implementación de la encuesta nacional de la juventud, estos levantamientos de datos son sumamente importantes para una sociedad que está en constante movimiento y cambio. Los cambios son explicados por más de un factor, por ejemplo, los constantes flujos migratorios, el envejecimiento de la población, jóvenes fuera del sistema, y las demandas sociales que este grupo etario ha manifestado históricamente al Estado, en búsqueda de soluciones que a la fecha no han llegado.
Lo recomendable sería focalizar los esfuerzos y recursos en mejorar la calidad de la encuesta, aumentar la frecuencia de esta, que actualmente es cada tres años, y dotar al INJUV de una unidad de estudios que pueda responder de la mejor manera a la magnitud de los datos que se puedan recopilar, esto último es altamente relevante, ya que fuentes del servicio indican que la actual unidad de estudios cuenta con tan solo 4 personas en su dirección nacional.
Todas estas mejoras deben ir pensadas en un país dinámico, que cambia demográficamente más rápido que hace una década atrás.
Como segundo análisis, la radiografía del grupo objetivo del INJUV tiene nuevos actores que van incorporándose al panorama nacional, reflejo de esto son los casi 700 mil NINIS que según fuentes del COES tenemos al menos hasta fines de 2017, problemática que debe ser abordada bajo una lógica intersectorial entre Ministerios como educación y trabajo, pero con un fuerte protagonismo del Instituto Nacional de la Juventud como agente de posicionamiento estratégico de esta problemática en la agenda.
Por otra parte, la migración también ha sido un fenómeno que debería entregar nuevas miradas a la institución y por cierto más desafíos, considerando que el Banco Central en el año 2018, en un informe de caracterización de la población migrante, señalaba que esta era en su mayoría joven, con cerca del 32% de este grupo promediando los 25 años. En esta materia el INJUV tiene mucho que decir y hacer de cara al Chile del futuro.
Tercero, la arista presupuestaria, la cual llama la atención particularmente, ya que, de acuerdo a datos de la DIPRES 2019, los recursos del Instituto corresponden tan solo a un 1,3% aproximadamente del total del presupuesto de Ministerio de Desarrollo Social y la Familia.
Resulta curioso que se tome este tipo de decisiones a nivel ministerial, sin considerar evaluaciones de programas como los que realiza la DIPRES año a año. Dicha determinación parece estar reflejando una necesidad más bien política y no una necesidad técnica como debiese ser en un Estado serio y transparente.
Cuarto, la reciente incorporación al sistema de alta dirección pública de las Direcciones regionales, Subdirecciones y Dirección Nacional son un avance que en gran medida fue impulsado por los funcionarios del INJUV, fomentando la transparencia y las competencias técnicas por sobre las cuotas políticas. Esto es, sin duda alguna, un avance notorio en la ruta a la modernización del servicio, necesidad que los funcionarios han entendido, pero al parecer el Ejecutivo no del todo.
Quinto, las movilizaciones que estamos experimentando hoy son en gran medida protagonizadas por la juventud, impulsadas por un grupo de jóvenes secundarios y ratificadas por gran parte de la población de nuestro país. Qué duda cabe hoy sobre nuestra juventud, la cual es más empoderada, con más años de escolaridad, con mayor conciencia social y por sobre todo capaz de poner en la mesa demandas que otras generaciones no tuvieron la capacidad de instalar. ¿No es esto una señal que debemos modernizar el Estado y las instituciones que tienen en su misión captar las demandas de esta parte de la población? Cualquier persona con criterio pensaría que sí. No obstante, en estos últimos días se ha reflejado lo contrario, con una evidente falta de buen juicio desde el Estado hacia sus ciudadanos.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar lo que ocurre con la dotación de persona del programa del PNUD en el servicio. Esto, a pesar de ser una alianza estratégica importante, ha sido también reflejo de una evidente precarización de las condiciones laborales de los funcionarios, los cuales casi en su totalidad son a honorarios, incluso hay quienes llevan cerca de 10 años en esta calidad contractual. Siendo esta una importante deuda de justicia laboral para cientos de personas que han desempeñado funciones en el sector público sin garantías que los respalden.
Lo anterior no es más que una breve reflexión e invitación a entender que no debemos fomentar el cierre de instituciones públicas como el INJUV y que la dirección correcta es avanzar hacia un estado moderno y de mejor calidad, donde las prioridades siempre sean responder a las necesidades de los usuarios, los cuales particularmente en este caso, se encuentran movilizados buscando mayor justicia social, la que ha sido negada por el Estado por más de tres décadas.
