Opinión
Imagina que luego de tomar desayuno y compartir la bolsita del té, llega la hora, tu perro se pone a ladrar, escuchas la música de la vecina, el internet no funciona, el computador se pega, en la tele del living habla el ministro de Salud informando el nuevo número de contagios y, mientras, al otro lado está el profesor explicando los contenidos que verán este semestre, tienes que poner atención porque es importante y sabes que debes seguir rindiendo como si nada estuviese pasando, como si las condiciones para hacerlo existieran.
Que el show continúe en este territorio alguna vez mal denominado “el oasis de Latinoamérica”, porque la economía es más importante que las vidas y que, por supuesto también, nuestra salud.
Los diversos planteles educativos del país no demoraron, se pusieron al día y ya se han comenzado a impartir clases a través de plataformas virtuales como Zoom, enviando material y diapositivas a destajo, ignorando la realidad de una amplia cantidad de estudiantes que no tienen un buen acceso a internet, que comparte computador con más personas en su hogar o que, simplemente, deben acceder a la educación, esa de aranceles millonarios, ahora a través de su celular.
Resultan innumerables las variables que complican a los y las estudiantes a la hora de plantearse una modalidad de enseñanza no presencial, ¿cómo replicamos las salas de clases universitarias en nuestras habitaciones de 9 metros cuadrados o menos?, ¿será posible hablar de un ambiente propicio para el aprendizaje en nuestros hogares lejos de la tranquilidad de una biblioteca?
Esta nueva modalidad acrecienta una brecha social ya existente, beneficiando a estudiantes con mayores recursos en comparación con quienes no los tienen, dejando atrás a quienes el plan de internet no les alcanza para conectarse a las plataformas.
Lo anterior, demuestra que ahora más que nunca la preocupación por una calidad de enseñanza es inexistente, que las clases online solo han venido a precarizar un sistema educativo que ya se encontraba de todas maneras desmantelado por las ansias de lucrar y que se hace aún más evidente cuando escuchamos al ministro de Educación diciendo que por ningún motivo se congelará el pago del CAE, es decir, que quienes ya contaban con deudas por estudiar, deberán seguir pagándolas en contexto de crisis.
Preocupa cómo se continuarán financiando las universidades de aquí en adelante, pues el sistema de aranceles se torna incompetente en tiempos de crisis, simplemente no es capaz de complacer las necesidades del sistema educativo.
Toda la contingencia nos viene a recordar la demanda por una educación gratuita y de calidad, una demanda histórica del movimiento estudiantil que por años ha venido señalando lo injusto y segregador del sistema educacional chileno, que beneficia al privado entregándole todas las herramientas para fijar las condiciones de cómo se entrega la educación, privatizando los beneficios, pero socializando las pérdidas, dejando atrás el rol público de las universidades, transformándolas en instituciones que carecen de una lógica de vinculación con los territorios, reservando la academia para tan solo unos pocos y pocas.
En tanto, respecto a la gratuidad, no bastó con la revolución pingüina de 2006 ni la movilización estudiantil de 2011, lo que nos vendieron como una ganada durante el gobierno de Bachelet, no es más que el resultado de la evolución de un sistema de becas que continúa sin entender la educación como un derecho más allá de la “libertad de enseñanza”, concibiéndola como un bien de consumo, condicionado por los recursos económicos que pueda tener cada familia.
Como estudiantes de Chile esperamos algún pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación y del Consejo de Rectores, la crisis económica que afectará a todo el país y, por tanto, también a las instituciones de educación superior, debe ser solventada por el Estado, es impermisible que el sistema educativo se vaya a la quiebra a raíz de la crisis dejando sin educación a nuestros compañeros y compañeras, ni que una posible rebaja a los aranceles se traduzca en despidos masivos al interior de las distintas casas de estudio.
No podemos seguir esperando mientras vemos en riesgo la continuación de nuestros estudios, debido a la incapacidad de nuestras familias de financiar la educación de cada uno de nosotros y nosotras en condiciones de crisis.
Debemos mantener siempre en la mira que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones para todos los chilenos y chilenas y que, quizás algo bueno que traiga consigo esta crisis, sea la oportunidad de pensar en la gratuidad no como una beca meritoria más, sino como la garantía real de un acceso universal a la educación superior.
