Opinión
La pandemia sanitaria que aqueja al país rápidamente se transformó en crisis económica y, por lo tanto, en un doble problema, que afecta a todo el mundo. Lo sanitario es un avatar lleno de incertidumbres, pues poco o nada se sabe sobre la enfermedad, excepto que tiene contagio rápido y riesgo de muerte. Lo segundo, en cambio, es un problema de decisiones políticas, que incluye cómo hacer funcionar las industrias, el comercio y los servicios, y cómo prevenir o mitigar los impactos negativos, sobre todo en la fuerza laboral.
Pero quienes menos resguardados estamos somos los trabajadores. No solo por causa directa de la pandemia sino también por decisiones equivocadas previas, de Gobierno y Parlamento, que dejan al desnudo el desamparo en el mundo del trabajo. La pandemia solo amplifica los problemas, ya que todo el peso de la crisis recae en el mundo del trabajo, mientras que sus esfuerzos y contribuciones nunca son reconocidos ni recompensados.
Pasa hace ya más de un año en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a raíz de la tramitación de una ley engañosa –y que se mantiene en medio de la crisis que vive el país–, sin que se quiera escuchar las razones y argumentos de parte de los empleados.
Con el objetivo de reformar el sistema notarial de Chile “para hacerlo más transparente en los nombramientos e introducir competencia en su ejercicio”, el Gobierno se ha embarcado en un cambio global del Sistema Registral, sin transparentar ni el mérito ni los intereses que persigue al hacerlo de la manera que propone. Para cambiar sus propias prácticas de designación de notarios bastaría un reglamento, y no la cirugía total del sistema registral que intenta, que amenaza la integridad y certeza jurídica del país en materia de fe pública y de inscripciones y archivos de propiedad de todos los chilenos.
Ello se hace sin un control exhaustivo del Congreso, donde, pese a la importancia del tema y a que el Senado aún no termina el examen del proyecto, ya fue aprobado en primera instancia de manera incompetente y descuidada en la Cámara de Diputados.
Ante la emergencia sanitaria en curso, el Gobierno declaró como esenciales para funcionar una serie de instituciones, dentro de las cuales están las relacionadas con el Sistema Registral, esto es, Conservadores de Bienes Raíces, Notarías y Archiveros Judiciales, todas vitales para el funcionamiento de la industria inmobiliaria, el comercio mayor y las actividades bancarias.
En el caso del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), este ya venía funcionando con servicios restringidos y turnos éticos desde el estallido social de octubre del año pasado, y una gran atención online desde mucho antes, y no tuvo problemas en aplicar lo indicado por el Ministerio de Salud e implementar en tiempo récord el teletrabajo masivo y la atención a los usuarios por internet.
Ello fue posible gracias a que los convenios colectivos que han regulado las relaciones laborales en el servicio (el actual rige hasta agosto de 2021), han permitido implementar durante años un intensivo programa de digitalización, que tiene fuertes aportes financieros de los propios funcionarios. Ellos accedieron a que la inversión necesaria en materia digital se imputara a gastos generales, con lo cual, equivalente al 71% de su monto, se sacó dinero que de otra manera hubiera estado destinado a sueldos y beneficios salariales. Actualmente, para seguir con la continuidad del servicio, cada trabajador debió invertir de sus recursos personales, en equipos y tecnología para implementar el teletrabajo que ha dado continuidad al servicio del CBRS.
Este compromiso activo de los funcionarios para acelerar ese proceso de servicio con TI fue hecho bajo el convencimiento de que de otra manera sería más lento y ello desfavorecería su propio desarrollo profesional y el ambiente de trabajo. Hoy los procesos son casi totalmente digitales, y muchas de las propuestas desmadejadas del Gobierno, ya están hechas o más que adelantadas. Como haber evolucionado el sitio web informativo a uno transaccional para el 100% de los trámites, o la implementación del folio real que se explora aplicar digitalizado en el resto del país.
Esto no sería hoy posible sin el esfuerzo previo de los funcionarios, cosa que lamentablemente los concesionarios del CBRS se olvidan siempre de mencionar o reconocer. Son incapaces de reconocer que el CBRS sea la base y modelo de Conservadores Digitales de Chile que agrupa a 30 de los 70 que existen en el país, y que sea visitado digitalmente de manera constante por más de 140 países. Nada de esto hemos podido conversar ni con el Gobierno ni con el Parlamento de manera formal.
Este esquema tiene un desarrollo de costo 0 (cero) para el Estado, permite recaudaciones de miles de millones anuales en impuestos, resguarda adecuadamente una infraestructura crítica y una información estratégica en materia de patrimonio inmobiliario, y es un repositorio de fe pública esencial para la vida jurídica y económica del país. Pues bien, precisamente en él quiere el Gobierno introducir una ley que pondrá todo en riesgo, dañando, además, derechos laborales y un modelo de servicio altamente profesional, que no entorpece al Estado y en el cual más del 85% de los funcionarios son profesionales técnicos y universitarios titulados, financiados con sistemas creados en el propio medio laboral.
Los Notarios, Conservadores y archiveros son funcionarios públicos concesionarios y designados por el Estado, pertenecen al Escalafón Secundario del Poder Judicial, cobran con sistemas tarifados por el propio Estado, el que no les exige nada a cambio de su designación. Si este considera que ganan mucho, está en sus manos solucionarlo, pero sin destruir el servicio. Los trabajadores en cambio, son de Código del Trabajo o de Convenios Colectivos, cuando el tamaño del Oficio permite la actividad sindical, y no tienen otra fuerza que su capacidad y ética laboral.
En el caso del CBRS –y creemos en la mayoría de los otros oficios similares–, esa ética de dignificar su propio trabajo ha ayudado a transformar esos lugares en instituciones respetables para el Estado de Chile, las ha estructurado incluso en sus jerarquías y rangos salariales, prácticamente sin conflictos, en toda su historia. Ese es el valor que reclamamos se reconozca y escuche y que la ceguera política gubernamental omite o descuida.
El proyecto de ley del Gobierno nada dice de los derechos laborales involucrados, como si no existieran trabajadores. Además, está desfinanciado en más de 17 mil millones de pesos en su implementación y dentro de unos 5 años, cuando esté en régimen, costará unos 6 mil millones, es decir, 10 veces más de lo estimado. Implica crear casi 4 mil fedatarios, esto es, “agentes de fe pública”, que podrán certificarle a todo el mundo luego de un pago –también a las empresas que los empleen, pues se autofinanciarán– que tal cosa es verdad porque ellos lo dicen. Los 3 sistemas informáticos que crea –uno de poderes, otro de interdicciones y un repositorio–, más el back end de las bases de datos y la alta disponibilidad requerida para el servicio (uptime) abrirá un negocio de miles de millones de dólares anuales a proveedores externos de tecnologías de la información para los próximos 10 años. ¿Qué propósito real existe detrás de todo esto?
El Senado de la República tiene la última palabra antes que el proyecto se transforme en ley y privatice –una más– toda la base digital de un servicio que las políticas gubernamentales sobre el COVID-19 declararon esenciales y críticas y que llegan hasta el Registro Civil, pasando por el Poder Judicial completo.
