Opinión
Los parlamentarios han aprobado una ley que impide que en estos tiempos de emergencia los servicios básicos domiciliarios puedan ser cortados por atrasos en los pagos. El Gobierno se ha desistido de impugnarla ante el Tribunal Constitucional y está por verse si las empresas buscarán formas de motivar el conflicto o si aceptarán flexibilizar sus exigencias durante la emergencia.
La ley aprobada está acotada a un máximo de seis meses y beneficiará a los hogares más vulnerables. Se trata de una muy buena ley de circunstancia, que merece un par de observaciones para que se considere volverla una ley permanente.
Las leyes deben mirarse en la justicia como en un espejo. Es verdad que justicia y ley son esferas separadas, pero las leyes injustas tienen las mismas limitaciones de la mentira: no llegan demasiado lejos. Ellas solo son posibles aprovechando vacíos graves en el lazo que une a la justicia con el derecho y a ambos con los controles democráticos sobre las instituciones. Las arbitrariedades son facilitadas cuando nadie está mirando y son pocos los que han advertido la distancia cósmica que separa a las promesas del derecho, de la aplicación de la ley.
En el caso que nos ocupa, existe una desproporción manifiesta entre el atraso en el pago de una cuenta domiciliaria y el corte de luz o de agua potable. La sanción por el atraso en el pago equivale a despojar a una familia de las condiciones de habitabilidad de su vivienda. Una casa sin luz o sin agua es simplemente invivible.
Esta amenaza contra la vida es lo que se ejerce como mecanismo de cobranza. La casa deja de funcionar y la insalubridad provocada por los cortes daña funcional y emocionalmente a las familias de un modo incompatible con las promesas constitucionales. El Estado y las empresas lo saben, pero solo están dispuestos a aceptar garantías de cobranza tan eficientes y desesperadas como la de una amenaza a la vida familiar.
La exageración está en la naturaleza del Estado Subsidiario y de las ficciones jurídicas que convierten a las personas en responsables de los males que padecen.
Allí donde se amenaza a la salud y a la vida de las personas o donde se arriesga gravemente la paz social, los derechos a la cobranza de una deuda se deben adaptar a exigencias de mayor jerarquía en la convivencia. La necesidad de proporcionalidad que debe regir la relación entre las faltas y las sanciones esta gravemente quebrada en este mecanismo.
Hay alternativas de cobranza que se podrían aplicar mientras el Estado asume la necesidad de subsidiar las cuentas de familias impedidas transitoria o permanentemente de pagar. Se pueden reprogramar las deudas de tres meses, en un año, sin derecho a intereses. Se puede incluso llegar a una disminución de los horarios y flujos del servicio en caso de usuarios que, pudiendo pagar, a juicio de un tribunal, eviten hacerlo. Los costos de estas soluciones son marginales.
Supongamos ahora un ejemplo inverso: una cuenta de luz mal extendida o una falla en la provisión de agua. Pan de cada día. Lo que sucede es un abuso de confianza, en el primer caso, y una lesión de tal gravedad, en el segundo, que por ese camino llegamos y permanecemos pegados, una y otra vez, en la indignación que acompaña el reclamo de justicia de octubre de 2019.
¿Cuál es el concepto de reciprocidad que regula las faltas en las obligaciones de cada parte? ¿Qué reparación puede esperar la sociedad de la empresa que falla en proveer un servicio vital? La respuesta no se resuelve con cantidades mayores o menores de dinero. La empresa debe estar sujeta real y funcionalmente a la revocación de su concesión. Desde ese punto se puede establecer un sistema de incentivos y multas que esté a la altura de la responsabilidad aceptada en la compensación a los usuarios dañados.
Hace varios años, las asociaciones de consumidores organizaron seminarios conjuntos con las empresas sanitarias. En todos ellos, los usuarios locales pidieron el fin de los cortes de agua. Hubo empresas sensibles a la petición de detener los cortes y buscar mecanismos alternativos de cobranza y de apoyo a los consumidores. Esas iniciativas no prosperaron, básicamente por falta de respaldo de la autoridad. Esa falta de carácter de las instituciones y las autoridades es la que resta premura y nervio a las convicciones éticas de los directorios empresariales.
Lo que hace esta ley es prohibir, temporalmente, un instrumento bárbaro de cobranza. La ley no impide cobrar sino que sugiere otros caminos más equilibrados para resolver las deudas. El Gobierno y las empresas deberían entender que, si no colaboran activamente en la solución de este problema, el conflicto se desplaza del terreno de la ley a las amplias avenidas de la justicia.
