martes, 11 de agosto de 2020 Actualizado a las 02:50

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Rescatar la educación pública para un nuevo Chile

Rescatar la educación pública para un nuevo Chile
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Según el informe Education at Glance del año 2019, Chile es el país de la OCDE que más gasta en educación superior. Sin embargo, a pesar de lo anterior, hoy el sistema enfrenta una grave crisis financiera y algunas instituciones educativas están al borde de la quiebra, dejando en la incertidumbre a miles de estudiantes que no saben si en el futuro próximo los recintos educativos podrán entregarles condiciones para continuar su formación. En este contexto es necesario recuperar las viejas interrogantes del movimiento por la educación, para realizar un diagnóstico de fondo de la actual crisis. En particular ¿es posible que habiendo tanto recurso invertido en este sistema, el problema sea cómo se invierten, administran y de dónde se obtienen estos recursos? y, considerando lo anterior ¿se podrán encontrar soluciones dentro del mismo modelo de financiamiento a la actual crisis económica o será necesario construir nuevos pilares de financiamiento, terminando con el mercado de la educación?

En Chile, a la inversa del promedio OCDE, el Estado sólo aporta un 32% del total del gasto en educación superior, lo que implica que el financiamiento de las instituciones educativas es completamente dependiente de los recursos provenientes del pago de matrículas y aranceles, el cual se ha visto fuertemente disminuido este año, a propósito del efecto de la crisis económica en la economía familiar. Por otro lado, desde la dictadura en adelante, la estructura de financiamiento del sistema de educación superior ha pasado del financiamiento preferente y directo del Estado hacia sus instituciones (financiamiento a la oferta), hacia la transferencia de recursos de parte del Estado a una multiplicidad de instituciones de educación superior (IES), la gran mayoría privadas, fundamentalmente como consecuencia de la política de gratuidad, Crédito con aval del Estado (CAE) y Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) (financiamiento a la demanda).

Fuente: Agrupación de Universidades Regionales de Chile

Esta combinación ha sido fatal, pues ha llevado al debilitamiento de las instituciones públicas, dejándolas con pocas herramientas para que en este contexto de crisis puedan entregar soluciones de fondo a los y las estudiantes que forman parte del sistema de educación superior. La pandemia, en este sentido, ha develado que este sistema, al sostenerse en el esfuerzo económico de las familias y en la competencia entre instituciones por la consecución de recursos, reduce la capacidad de los planteles públicos y, por tanto, anula la posibilidad de garantizar el derecho a la educación.

 

La tarea es, entonces, superar la actual situación de crisis institucional y a la vez alivianar la situación de los y las estudiantes, pero incorporando este escenario como una oportunidad para avanzar en la superación de una estructura de financiamiento que ha significado endeudamiento para las familias, enriquecimiento de las empresas educativas, abandono del Estado con respecto a sus propias instituciones y, por consecuencia, un incumplimiento del otorgamiento del derecho a la educación.

 

Las iniciativas de gobierno han apuntado en dirección contraria, promoviendo por ejemplo la utilización de los excedentes del FSCU entregado a las universidades pertenecientes al CRUCh como un fondo común que serviría para facilitar préstamos a otras instituciones, principalmente a las que no se encuentran adscritas a la gratuidad, es decir, en su mayoría instituciones de carácter privado y sujetas a sus propias reglas de funcionamiento. Otra iniciativa ha sido avanzar en la consolidación de una forma de financiamiento donde convive la gratuidad con un sistema crediticio unificado y fortalecido (CAE 2.0), disminuyendo aún más el peso relativo de los aportes basales a instituciones estatales y beneficiando a los consorcios empresariales en educación, mediante el endeudamiento y la entrega de recursos vía “voucher” por estudiante. Por otro lado, desde la oposición, se ha propuesto la suspensión del cobro de aranceles y del pago de las cuotas del CAE como medida para ayudar a solventar la economía familiar, lo que sin duda va en la dirección correcta, pero termina siendo sólo una solución parcial ya que desfinancia aún más a las instituciones al no hacerse cargo del vacío que quedaría en las arcas de los planteles educativos.

 

La solución de fondo pasa por recuperar la educación pública para todos y todas, lo que implica que el Estado fortalezca a sus propias instituciones con aportes fiscales directos de libre disposición, es decir, recursos frescos que les permitan no sólo ayudar a sus actuales estudiantes sino que absorber la matrícula de instituciones privadas que no sean capaces de soportar la actual crisis. Si el Estado además quiere disponer de medidas para financiar a las instituciones privadas, estas deben estar asociadas a exigencias que permitan garantizar condiciones óptimas para el desarrollo educativo de sus estudiantes, la democratización de su gestión, total transparencia en el uso de sus recursos, el cumplimiento de funciones que ayuden a la superación de la pandemia y la adquisición de parte de la propiedad de estas instituciones por parte del Estado.

El llamado es a recuperar el derecho a la educación como una manera de beneficiar a las familias, aumentando sus recursos disponibles, lo que en conjunto con medidas como el postnatal de emergencia, el otorgamiento de un ingreso familiar de emergencia por sobre la línea de la pobreza y otras medidas de protección, permitirían avanzar en la recuperación del rol garante del Estado. Sabemos, sin embargo, que no se debe apuntar en este sentido tan sólo en el contexto de crisis sino que es algo que debemos encargarnos de plasmar en la nueva constitución.

El 18 de octubre planteó la necesidad de realizar cambios estructurales que permitan la recuperación de nuestros derechos, mientras el movimiento por la educación nos viene señalando hace ya varios años la importancia de que esta sea por y para el pueblo. Es necesario proyectar el Chile soberano, democrático y popular que queremos, es decir, pensar una sociedad en donde el desarrollo económico, político y social responda a los intereses de los pueblos. En el caso de educación superior debemos preguntarnos qué tipo de instituciones y profesionales necesitamos para aquello y cómo formar sujetos y sujetas de transformación, que permitan la construcción de un proyecto país para el bienestar de su gente. Repensar y transformar el sistema de financiamiento de la educación superior es establecer las condiciones que nos permitirán materializar este nuevo Chile.

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