Opinión
El caso de suicidio femicida de Antonia Barra demuestra que la violencia de género contra mujeres y disidencias sexuales se manifiesta a diario en numerosos casos en los que somos víctimas de discriminación, violencia, delitos sexuales e incluso muertes. El Estado y los jueces no pueden ser indiferentes a este problema, sumamente social, jurídico y político. Sin embargo, no existen respuestas contundentes y se nos da la espalda cuando más lo necesitamos. ¿Es la justicia inherentemente patriarcal o es posible construir una alternativa desde el feminismo?
En la audiencia de formalización de Martin Pradenas, acusado de violación y depredación sexual, el defensor responsabiliza a la víctima por estar alcoholizada y de sentir culpa por tener relaciones sexuales e inventaría una supuesta agresión sexual. Un relato lleno de estereotipos funcionales a un sistema judicial diseñado para proteger a los hombres. El tribunal consideró que los hechos fueron contradictorios, desestimando el abuso sexual e incluso se aduce a que pudo haber consentimiento en la relación sexual. ¿Y el relato del agresor, que difundió imágenes de los hechos, destruyó su celular y eliminó más de 14.000 fotografías de su computador? Como la mayoría de estos casos, la justicia reafirma que es inevitablemente patriarcal, clasista y servil solo a un puñado.
El problema de la justicia patriarcal no es solamente el bajo acceso, determinado por condiciones asociadas a desigualdades sociales, económicas y de género, sino que su satisfacción se ve frustrada por un sinfín de barreras. Ya es difícil denunciar porque implica revivir acontecimientos traumáticos, incómodos e indeseados. La revictimización o victimización secundaria se multiplica durante un procedimiento que cuestiona este testimonio hasta destruirlo. Y todo en vano, pues la mayoría de los casos culminan fallando en favor del agresor o con las causas archivadas por el Ministerio Público.
La perspectiva de género es precisamente considerar estos factores para edificar el sistema de justicia sin estereotipos sexistas. La erradicación de la violencia de género es imprescindible para ejercer una tutela judicial efectiva, cumpliendo de esta manera los estándares de Derechos Humanos en la Convención de Belem Do Para, a saber: “Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero” y otras vs. México, señala que “los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias”. Urge enfocar las medidas hacia la prevención y a la educación, incorporando estos contenidos a nuestra enseñanza y vida cotidiana, y no solamente como parte del castigo.
Queda en evidencia que la perspectiva de género no es un imposible ni un ideal, sino que es la verdadera justicia. En este sentido, la reparación y la responsabilidad son principios fundamentales. Los casos de mujeres y disidencias deben ser efectivamente justiciables, con disponibilidad de un entramado judicial capacitado, con mecanismos, procedimientos y cursos de acción específicos. Debe reconocerse jurídicamente una situación de discriminación estructural y/o vulnerabilidad social de manera anticipada para que se tengan en cuenta, respetando la dignidad, la intimidad y la integridad de todas las personas.
Cuesta pensar en justicia feminista en una sociedad patriarcal. Las Tesis lo dijeron en la letra de su protesta mundial: “El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves”. Pero en un momento como el que vivimos en Chile, ad portas de un proceso constituyente y de la oportunidad de repensar la justicia y nuestra democracia toda, sin duda que lo haremos con perspectiva de género desde el feminismo y la lucha LGBTIQ.
